La Fiscalía General de la República (FGR) investiga si el expresidente salvadoreño, Mauricio Funes, recibió $639 mil 603 dólares que provendrían de lo recaudado en 2009 por el movimiento “Amigos de Mauricio” en concepto de donación para impulsar su candidatura presidencial y que no fueron declarados al Fisco, según informa un medio local.
De acuerdo con la publicación, el abogado defensor del expresidente aseguró que “no se hizo uso del sistema financiero para el manejo de los fondos”. No obstante, la FGR sostiene que en caso de haber recibido esos fondos, tenían que haber sido declarados al Fisco.
La defensa del exmandatario asegura que su cliente debe responder únicamente por el quinquenio en el que ostentó la Presidencia de la República del 1 de junio de 2009 al 1 de junio de 2014.
Este señalamiento es parte de la investigación que la FGR emprende contra Funes por el presunto delito de Lavado de dinero. Además es paralelo al proceso civil por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta al no poder justificar más de $700 mil dólares en su declaración patrimonial.
Ante el poco o nulo control que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene de movimientos como el denominado “Amigos de Mauricio”, es posible que se puedan cometer irregularidades en el manejo de fondos recaudados, según explica Eduardo Escobar, miembro de la organización “Acción Ciudadana” y especialista en temas de financiamiento de partidos políticos.
“El TSE no verifica que todas las donaciones y el dinero que le donen a los partidos políticos sea legal. Solo se limita a recibir la documentación que presentan los partidos, a realizar un examen básico sobre la información pero no indaga si las donaciones están reportadas, si hay fondos públicos aportando a una campaña electoral que no sean de la deuda política, etcétera”, expresa Escobar.
El expresidente Mauricio Funes, es asilado político del Gobierno de Nicaragua desde septiembre de 2016 junto a su hijo Diego Funes Cañas y su pareja Ada Mitchelle Guzmán. Foto/Archivo ContraPunto.
El artículo 24-A de la Ley de Partidos Políticos establece que todos los partidos políticos deberán transparentar a quien lo pida: los nombres de las personas naturales y jurídicas que realizan aportes al partido y el monto de los mismos, previa autorización expresa de los donantes.
Empero Escobar opina que en la práctica cada candidato recibe dinero de particulares que no pasa por el partido sino que se financia directamente a la persona.
“Lo que sucedería es que no se sepa quiénes donaron a la organización porque esta no está obligada a revelar quiénes son sus financistas. El partido puede decir que el dinero se lo dio el movimiento “˜Amigos de Mauricio”™ pero no puede saber quiénes están detrás”, indica.
Escobar sugiere que es necesario reformar la ley para que también este tipo de organizaciones estén obligadas a detallar quiénes les dieron donaciones. Considera que también debe de regularse que cada donante debería de hacer una declaración del origen de los fondos que da al partido.
Asegura que el expresidente Funes sí está obligado a revelar el origen de los fondos si es que los recibió provenientes del movimiento que lo promovía. Aunque subraya que si como candidato él desconocía el origen de los fondos, podría ser exculpado.
“Tiene que rendir cuentas porque el proceso de convertirse en funcionario público comienza cuando se es candidato y por los fondos que recibe se convierte en funcionario público porque logró al final tener los recursos para promover su candidatura y programa de gobierno”, concluye.
En tanto el exmandatario anticipó días antes que la FGR utilizaría la figura de un testigo criteriado para inculparlo. Además, el pasado 26 de marzo, reveló que, según él, el testigo sería el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) durante su administración, Leonel Flores, quien ya ha sido juzgado por el delito de enriquecimiento ilícito.
Según el ministro de Justicia y Seguridad, Funes habría cometido un delito al revelar el nombre de un criteriado si es que es verdad que Flores estaría trabajando con la FGR para inculparlo.
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