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viernes, 07 de mayo del 2021

Los informes y encuestas que descalabran el gobierno Cerén

Desaprobación gubernamental y violaciones a los derechos humanos se llevan de encuentro la imagen del FMLN en apogeo electoral

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Tres años y medio lleva gobernando a El Salvador el presidente Salvador Sánchez Cerén como segundo mandatario del partido FMLN. Sin embargo, ninguno de esos 42 meses en el poder ha resultado aprobado en las encuestas de opinión pública; Además, informes de organismos de derechos humanos internacionales señalan su preocupación ante  las violaciones a los derechos humanos en contra de los salvadoreños.

En mayo de 2015, el primer año del gobierno Cerén, encuestas como la LPG Datos o la de la Universidad “Francisco Gavidia” le daban en promedio un 4.4 de calificación; la encuestadora internacional Cid-Gallup le daba un promedio de 4.3; el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP) le dio un promedio negativo del 5.5%  de calificación al consultar a la población en 2015.

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De hecho, Cid-Gallup dijo en octubre de 2017 que Cerén habí­a alcanzado el récord de peor presidente evaluado en la historia por esa casa encuestadora, con un 72% de la población que lo reprobó para esa fecha, muy por debajo incluso de los gobiernos de la década de 1980 cuando habí­a guerra y hubo un terremoto.

El segundo año de gobierno en 2016 según encuesta IUDOP, el 50.6% de la población opinaba que Cerén gobernaba mal; En junio de 2017 cuando cumplió tres años en el poder, dicha encuestadora reflejó que población calificaba el gobierno con 4.7; Obtuvo un 64% de desaprobación de la población según la encuesta de LPG Datos, y la más baja de la historia según las mediciones de dicha consultora.


La más reciente encuesta de la consultora internacional Mitofsky, publicada el pasado 30 de enero, refleja que el 76% de la población desaprueba la labor del presidente Cerén.

No obstante, según Luis González, analista y exdirector del Centro de Investigación, Documentación y Apoyo a Investigación de la UCA, las malas calificaciones sobre gobiernos en encuestas no son nada nuevo en el paí­s, y que obedece a la percepción mediática de la población.

“Al menos en las encuestas de la UCA los presidentes siempre han sido evaluados de manera regular o mala. En la época de ARENA siempre que se evaluaban presidentes salí­an mal calificados. Hay una tendencia de la gente a calificar mal. Ha habido un bombardeo mediático en su contra y eso permea en la gente”, dijo González a ContraPunto.

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Sostiene que al menos en su experiencia, las malas calificaciones presidenciales no tienen mayor incidencia en la decisión de voto del electorado, pues por ejemplo, todos los presidentes de ARENA salieron mal evaluados, pero ese partido gobernó cuatro quinquenios seguidos.

El descalabro polí­tico del presidente Cerén en las encuestas, se lleva de encuentro la imagen de su partido, el FMLN según las encuestas, a un mes de las elecciones municipales y legislativas, y a un año de las elecciones presidenciales.

La encuesta Mitofski dice que el 34.4% de la población votará por ARENA para elecciones municipales, versus un 18.2% que lo hará por el FMLN. Un 26.2% dice que dará su voto a ARENA para elecciones presidenciales de 2019; un 9.6% lo dará al FMLN, y un 49.1% votará por Nayib Bukele, exmiembro del FMLN.

Informes internaciones sobre derechos humanos

Aunado al mal resultado que las encuestas reflejan del gobierno Cerén, se encuentran los informes de derechos humanos sobre El Salvador que señalan organismos internacionales vinculados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que achacan al paí­s el alto í­ndice de inseguridad, ejecuciones extrajudiciales por elementos estatales de seguridad, desplazamiento forzado por violencia de pandillas y la criminalización absoluta del aborto en mujeres.

El problema de inseguridad sigue siendo la espina en el zapato de los dos gobiernos de izquierda, que se han visto obligados a endurecer sus medidas de seguridad pública, volviéndose atentatorias contra los derechos humanos según la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein.

En noviembre pasado Al Hussein habrí­a recomendado a El Salvador derogar las medidas extraordinarias de seguridad en centros penales porque atentan contra privados de libertad. Además señaló la grave existencia de desplazamientos forzados por pandillas, un flagelo que el gobierno Cerén no termina de reconocer.

Ese mes también vino Margarette May Macaulay, Relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien en su informe final tras una visita al paí­s en noviembre pasado, muestra su preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos en materia de seguridad, la criminalización absoluta del aborto, y desplazamientos forzados. Recrimina además medidas extraordinarias de seguridad y ejecuciones extrajudiciales.

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Según Benjamí­n Cuéllar, exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) el discurso gubernamental dista mucho de la realidad en derechos humanos porque el FMLN ha mantenido las mismas prácticas realizadas por los gobiernos de ARENA, aunque en el discurso lo nieguen.

“Repiten las mismas polí­ticas que antes criticaban. Polí­ticas represivas, de manos duras, por mucho que disfracen con el lenguaje, hacen lo mismo que hací­a antes ARENA  y todo eso lo criticaban”, opina Cuéllar.

El también abogado experto en temas de derechos humanos manifiesta que para que los gobernantes entiendan el hartazgo de la población por violación a sus derechos humanos, no tendrí­an que ganar más poder los dos partidos mayoritarios en las próximas elecciones.

“El problema es que no hay alternativas. La gente está harta y si hay quienes dicen que no vayan a votar, quienes van a decidir en estas elecciones serán los votos duros, continuando con una población que no vota de manera informada”, apunta Cuéllar, y añade que una solución al respecto podrí­a estar en la organización de la población para exigir sus derechos.

Actualmente se encuentra en el paí­s Agnes Callamard, relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales para conocer los planes de seguridad pública del gobierno, y conocer la situación de denuncias de ejecuciones extrajudiciales cometidas presuntamente por agentes de seguridad del Estado.

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