La “lucha contra la corrupción” no soluciona el problema del Estado.
Guatemala está viendo con claridad que los funcionarios públicos corruptos no se acaban nunca, y que por muchos que caigan siempre habrá más. Esto no equivale a decir que no se los encarcele, sino sólo pretende dejar constancia crítica de que la solución para acabar con un Estado corrupto no se agota en el encarcelamiento de algunos de sus funcionarios corrompidos, ya que siempre habrá más de ellos en vista de que es el Estado entero el que está podrido. La solución tampoco es “refundar” el Estado para que lo sustituya un grupo de “notables” pro-oligárquicos, como quieren los neoliberales con su tramposo proyecto de ley —Pro-Reforma—, sino cambiarlo de raíz.
El Estado entero está corrompido porque —para servir a la ampliación de los márgenes de lucro de los ricos— el sistema económico necesita ser corrupto, y por eso requiere de un Estado igual, con funcionarios que abracen de buen grado una moral y una ética ad hoc, las cuales son fiel expresión del valor supremo de la economía y la cultura del capitalismo neoliberal: la ya aludida ampliación constante de márgenes de lucro —sin que importen las consecuencias de tal mecanismo— como medida del éxito, como parámetro del bien y del mal, y de la felicidad y la desdicha.
No está mal que se encarcele a sólo algunos corruptos (jamás se podría recluir a todos), pero hay que tener en cuenta que (por sí misma) esta no es la solución para acabar con la disfuncionalidad de la política y menos con la de la economía. Para superar esto es imperativo cambiar el sistema económico que hace posible un sistema político corrompido. Este es el salto mortal que casi nadie quiere dar cuando se habla de “refundación del Estado”, pues casi todos se limitan a proponer la reforma de algunas leyes y otras modificaciones jurídicas que no tocan la base económica: el condicionante (en última instancia) de la autonomía relativa del sistema político y legal.
El sistema económico es corrupto porque las prácticas monopolistas traicionan el ideario capitalista según el cual la base ético-moral del sistema es la igualdad de oportunidades, la libre competencia y el control estatal de monopolios. En nuestro caso, el monopolismo oligárquico reprime de suyo la libre competencia. Y, por medio de una banca oligárquica leonina, coarta la igualdad de oportunidades económicas. Por su parte, los monopolios se aseguran de no ser controlados ejerciendo ellos un control propio sobre el Estado, el cual lo corrompe para lograr sus fines mercantilistas, clientelistas, de evasión fiscal, de fraude electoral y de manipulación mediática (ahora interconectada) de masas ignaras y desinformadas.
La “lucha contra la corrupción” no fue diseñada para ser la solución al problema estructural de ningún país. Es un mecanismo que la potencia geopolítica usa para remover gobiernos inconvenientes para sus planes de encabezar la multipolaridad global frente a los BRICS. La “lucha contra la corrupción” empieza con golpes de Estado blandos y revoluciones de color, sigue con barridas de personas inconvenientes para ser sustituidas por “corruptos decentes” y culmina con el reforzamiento del neoliberalismo en el Estado “refundado”. Esta táctica regional se estrenó en Guatemala en 2015, siguió con éxito en Argentina y ahora cunde torva en Brasil y Venezuela. No perdamos esto de vista cuando nos regocijemos de ver corruptos capturados y le entonemos cánticos de alabanza a la CICIG y al MP.
