Berta (seudónimo de una mujer salvadoreña que se utiliza para proteger la identidad de la implicada) ha recuperado su libertad en el mes de junio después de pasar casi una década en prisión por un caso de emergencia obstétrica, la mujer pasó detenida, exactamente, por 9 años con 8 meses. Berta, fue condenada a 15 años de cárcel por haber tenido un parto extrahospitalario sin asistencia médica, a pesar de que su hija logró sobrevivir.
La historia de Berta se convirtió en un símbolo de lucha en materia de derechos sexuales y reproductivos en El Salvador. Ella fue una de las 17 mujeres encarceladas que dieron origen a la campaña Libertad para las 17, impulsada por la organización Las 17 El Salvador.
La campaña ha buscado visibilizar y denunciar las situaciones de injusticia que enfrentan las mujeres en el país en relación con las emergencias obstétricas.
🎉Tras 9 años y 8 meses en prisión, Berta recuperó su libertad. Ella tuvo un parto extrahospitalario, sin asistencia médica, su hija sobrevivió, pero a Bertha la condenaron a 15 años de prisión. ¡Celebremos que hoy está en libertad! pic.twitter.com/l434tyo1Ey
— Las 17 | #NosFaltanLas17 #BringHomeThe17 (@Las17ElSalvador) June 7, 2023
La situación que enfrentan muchas mujeres en El Salvador en relación con la interrupción del embarazo, según datos de la Fiscalía General de la República (FGR) citados en el informe “Del Hospital a la Cárcel” de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, se han registrado 181 casos de mujeres que han sido llevadas a prisión bajo la controversia judicial de haber sufrido abortos espontáneos producto de complicaciones obstétricas o bajo la presunción de haber matado a sus hijos.
Aunque 64 de los casos registrados han resuelto su situación jurídica y han sido sobreseídos, es preocupante que estas mujeres hayan enfrentado la privación de su libertad y la estigmatización en primer lugar. Desde hace más de 23 años, el Código Penal de El Salvador penaliza el aborto por consentimiento de la persona gestante, así como por terceras personas involucradas en la interrupción del embarazo.
Diversas organizaciones en El Salvador han llevado a la Asamblea Legislativa la propuesta de la “Reforma Beatriz”, inspirada en el caso de una joven de 22 años llamada Beatriz. Esta propuesta busca modificar el artículo 133-A del Código Penal y permitir la interrupción del embarazo en ciertos casos específicos.
La historia de Beatriz es desgarradora. A ella se le obligó a someterse a un trabajo de parto y a una histerectomía (extirpación del tejido uterino) a los 22 años, con el objetivo de dar a luz a su hijo que, lamentablemente, falleció a los 5 días de vida fuera del útero. Los diagnósticos prenatales habían revelado la ausencia importante de tejido encefálico (cerebro y cráneo) en su hijo.
La Reforma Beatriz propone que la interrupción del embarazo esté permitida en casos de salvar la vida y preservar la salud de la madre, el consentimiento de la madre y en situaciones de violación o estupro de la persona gestante. Esta propuesta fue tramitada en 2021, aunque fue archivada junto con otras 300 propuestas por considerarlas “obsoletas y no acordes a la realidad nacional”.
Sin embargo, la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto y otras organizaciones afines reafirman la validez y vigencia de la propuesta de la Reforma Beatriz. En última instancia, el espíritu de esta propuesta de reforma podría ser debatido en el caso conocido como “Caso Beatriz vs El Salvador”, que está siendo analizado en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte-IDH).
La Corte-IDH también ha reiterado otras demandas relacionadas con la situación en El Salvador. En noviembre de 2022, la institución enumeró sus demandas en el Informe de Conclusiones del Comité Contra la Tortura (Cat). En dicho informe, se destaca que el país “no prohíbe las emergencias terapéuticas” y que existen protocolos y reglamentos que protegen la vida de la madre y del feto en situaciones de necesidad.
No obstante, en el caso de Beatriz, estas condiciones no se cumplieron. Como resultado, el Estado salvadoreño fue condenado y se le solicitó, entre otras cosas, que reformara las leyes pertinentes para permitir la interrupción del embarazo y adecuara la documentación. Este caso es conocido como el “Caso Manuela y otros vs El Salvador”.
