Por Alonso Rosales, Analista Internacional
El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto ha dejado de ser solamente una tragedia natural para convertirse también en una prueba política, institucional y humana para el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella. La pregunta fundamental ya no es únicamente cuántos edificios colapsaron o cuántas víctimas ha dejado el desastre, sino algo mucho más profundo: ¿puede un Estado seleccionar políticamente de quién acepta ayuda cuando están en juego vidas humanas?
La respuesta, desde una perspectiva humanitaria, debería ser contundente: la ayuda humanitaria jamás se politiza.
Una tragedia nacional no pregunta por la ideología del Gobierno que envía un avión, por la bandera del país que ofrece un perro de rescate ni por la orientación política de los rescatistas. Cuando una persona está atrapada debajo de toneladas de concreto, la prioridad es rescatarla. Cuando una comunidad carece de alimentos, agua, medicamentos o atención médica, lo importante es que esos recursos lleguen.
El terremoto ha dejado cientos de muertos, miles de heridos y desaparecidos, además de decenas de miles de viviendas afectadas. Reuters reportó que la emergencia obligó al Gobierno a crear un fondo de reconstrucción y que equipos internacionales comenzaron a participar en las labores de respuesta.
Pero precisamente en ese contexto surgió una controversia que resulta difícil separar de la política exterior del nuevo Gobierno.
México ofreció a Colombia un operativo especializado que incluía 255 elementos, entre médicos, rescatistas, binomios caninos y personal preparado para intervenir en estructuras colapsadas. También estaban disponibles medicamentos, alimentos, generadores, tiendas de campaña y herramientas. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que los rescatistas militares mexicanos no podían ingresar porque Colombia había solicitado una certificación adicional.
El problema adquiere una dimensión mayor porque México no es un país improvisado en materia de rescate sísmico. La tradición de los llamados Topos nació precisamente después del terremoto de Ciudad de México de 1985. Organizaciones como Topos Tlaltelolco explican que son equipos voluntarios especializados en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y con capacidad de despliegue internacional.
De hecho, un grupo de Topos Azteca consiguió finalmente trabajar en Cali, donde comenzó labores de búsqueda utilizando sensores, drones y otras herramientas especializadas.
Aquí aparece la primera gran interrogante política: ¿por qué una emergencia que necesita toda la capacidad internacional disponible debe estar condicionada por alineamientos geopolíticos?
No se trata de afirmar, sin pruebas, que cada decisión del Gobierno colombiano haya obedecido exclusivamente a criterios políticos. El propio Gobierno ha sostenido que existían razones técnicas y de certificación para determinar qué equipos podían intervenir. De hecho, el entonces director de la UNGRD, defendió inicialmente la decisión argumentando que Colombia contaba con numerosos equipos USAR y que algunos grupos extranjeros no tenían las certificaciones requeridas.
Pero precisamente por eso el debate debe ser transparente.
Una cosa es establecer protocolos técnicos; otra muy diferente es establecer filtros políticos.
Colombia debe recibir la solidaridad de México, Chile, China, Venezuela, Estados Unidos, El Salvador, Israel, Ecuador, Perú o cualquier otro país que quiera ayudar, siempre que sus equipos cumplan los requisitos técnicos y de seguridad establecidos internacionalmente.
La tragedia venezolana ofrece un contraste interesante. Tras los terremotos que afectaron ese país en junio, Venezuela permitió el ingreso de equipos extranjeros, incluidos rescatistas mexicanos. Los propios Topos señalaron entonces la necesidad de permitir el acceso de grupos con experiencia en estructuras colapsadas, independientemente de su procedencia.
La solidaridad internacional no debería tener ideología.
La oposición tiene otra preocupación: la presencia militar estadounidense
El segundo asunto es todavía más delicado porque toca directamente la Constitución colombiana.
El Gobierno de De la Espriella ha anunciado una profundización de la cooperación militar con Estados Unidos y la incorporación de Colombia al denominado Escudo de las Américas. El anuncio de operaciones militares conjuntas, revelado por el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth, ha provocado cuestionamientos desde sectores opositores y exmilitares, precisamente por las dudas sobre el alcance de la presencia estadounidense en territorio colombiano.
Aquí no estamos hablando de brigadas médicas o de equipos de rescate. Estamos hablando de personal militar extranjero y posibles operaciones militares.
Y ahí aparece el artículo 173 de la Constitución Política de Colombia.
El numeral 4 establece expresamente que corresponde al Senado “permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”. La norma no es una recomendación política: es una atribución constitucional del Senado.
Además, el artículo 189, numeral 7, establece una excepción para los periodos de receso del Senado, bajo determinadas condiciones y con concepto previo del Consejo de Estado. Es decir, incluso cuando el Congreso no está reunido, la Constitución establece controles institucionales.
Este punto tampoco es nuevo. En 2020, durante el Gobierno de Iván Duque, varios congresistas —entre ellos Iván Cepeda y otros senadores— cuestionaron el ingreso de personal militar estadounidense sin la intervención constitucional del Senado. El Consejo de Estado estudió posteriormente el conflicto relacionado con la presencia de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad estadounidense.
La importancia de ese antecedente es enorme: la discusión sobre tropas extranjeras en Colombia no pertenece exclusivamente a la izquierda ni a la derecha; pertenece al ámbito constitucional.
Por eso resulta legítimo que senadores opositores exijan conocer qué tipo de operaciones realizarán las fuerzas estadounidenses, bajo qué mando, durante cuánto tiempo permanecerán en Colombia, qué inmunidades tendrán, qué objetivos cumplirán y cuál será exactamente el papel del Senado.
Iván Cepeda ya tiene un antecedente particularmente claro en esta materia: en el litigio sobre la presencia de la SFAB estadounidense sostuvo que la entrada de personal militar extranjero requería respetar las competencias constitucionales del Senado y del Consejo de Estado.
Otros sectores políticos también han cuestionado históricamente la presencia militar extranjera. El senador Ariel Ávila, por ejemplo, ya había advertido sobre los problemas políticos y estratégicos derivados de la llegada de personal militar estadounidense y sobre la discusión constitucional alrededor del artículo 173.
Dos decisiones, una misma pregunta
Los dos debates —la ayuda humanitaria y la cooperación militar— parecen diferentes, pero tienen un punto en común: el respeto a las instituciones y la prioridad del interés nacional.
En una emergencia sísmica, Colombia necesita abrir las puertas a toda capacidad técnica disponible, no cerrarlas por afinidades diplomáticas. Y en materia militar, el Gobierno necesita respetar los controles constitucionales establecidos para impedir que decisiones trascendentales sobre soberanía nacional dependan exclusivamente del Ejecutivo.
El presidente De la Espriella tiene derecho a definir una política exterior diferente a la de Gustavo Petro. Tiene derecho a fortalecer sus relaciones con Washington, Israel o cualquier otro aliado. Pero también tiene la obligación de garantizar que esas decisiones se adopten dentro de la Constitución.
Y tiene una obligación todavía mayor frente a las víctimas del terremoto: que ninguna persona quede atrapada esperando ayuda mientras las autoridades discuten de qué país debe venir el auxilio.
Una tragedia de esta magnitud exige grandeza de Estado.
México no debería ser visto como un adversario por ofrecer rescatistas. China no debería ser descartada por sus diferencias geopolíticas con Washington. Chile no debería ser excluido por no pertenecer al círculo de aliados del Gobierno de turno. Venezuela tampoco debería ser rechazada si puede aportar experiencia, médicos o equipos capaces de salvar vidas.
La ayuda no tiene partido.
Los muertos tampoco.
Y los colombianos que permanecen bajo los escombros no pueden esperar a que la diplomacia decida qué bandera es políticamente conveniente.
Por eso, el verdadero examen para Abelardo de la Espriella no consiste únicamente en reconstruir carreteras, hospitales y viviendas. Consiste en demostrar que, frente a una catástrofe nacional, puede colocar la vida humana por encima de las alianzas políticas y la Constitución por encima de las preferencias del Ejecutivo.
Colombia necesita solidaridad sin fronteras y democracia sin atajos.
Porque cuando la tierra tiembla, la política debe callar, la ayuda debe entrar y las instituciones deben funcionar.
Fuentes: Reuters, El País, Consejo de Estado de Colombia, Secretaría del Senado de la República, Gobierno de México y organizaciones internacionales de rescate.
