El presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Enrique García, señaló que la región debe crecer al menos al 5% anual para converger con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Añadió que pese a los avances en el desempeño económico promedio de América Latina en las últimas dos décadas, estos fueron insuficientes para ampliar en la medida deseada el bienestar de la población. Entre los países que conforman la OCDE, destacan: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Eslovenia, España, Francia, Italia entre otros.
Durante su exposición en el Foro de la OCDE 2016, celebrado en París, García reiteró que América Latina sigue siendo la región en el mundo con la mayor desigualdad en la distribución del ingreso y que todavía hace falta conjugar crecimiento y equidad para lograr una mayor cohesión e inclusión social.
Con el objetivo de apoyar a la región para aumentar la productividad, mejorar la inclusión social y fortalecer las instituciones y gobernanzas de la región se lanzó el Programa Regional LAC, que se ejecutará bajo la necesidad de ampliar las capacidades del Estado para fomentar un mejor diseño, implementación y ejecución de políticas públicas a fin de lograr una mayor productividad y crecimiento inclusivo.
Planteó que una prioridad para lograr una mayor igualdad es ampliar los niveles de creación de empleo formal a fin de reducir el incremento del círculo de la pobreza, la precarización laboral y la vulnerabilidad asociada con la inestabilidad de los ingresos en los hogares. En particular, subrayó el papel que debe cumplir la educación de calidad en la transformación productiva de América Latina y la importancia de desarrollar habilidades para el trabajo, especialmente en los jóvenes.
Un eje central relacionado con la gobernanza y el fortalecimiento institucional es la necesidad de hacer más eficiente la función pública de manera tal que los resultados de las políticas sean palpables y medibles.
Para lograr esto, García considera indispensable tres objetivos: aumentar la productividad laboral de los funcionarios públicos; reformar los mecanismos de contratación pública para que sean más transparentes y competitivos y, por último, establecer un sistema de monitoreo y evaluación para hacer un seguimiento de cerca de la aplicación y los resultados de las políticas públicas.
