Por Benjamín Cuéllar
No piensen que hablaré sobre su casa de recreo en el campo. No sé si tiene; además, ni me interesa ni es de mi incumbencia. Este texto arranca, más bien, con la quinta fase del denominado Plan Control Territorial impulsado por el actual régimen con un sugerente nombre: “Extracción”. Nayib Bukele la anunció el recién pasado 23 de noviembre, en el marco de la ceremonia de graduación de un grupo de subtenientes de la Fuerza Armada de El Salvador. La anterior fue conocida públicamente el 19 de julio del presente año. “Incursión” le puso a esa fase, en la que comenzaría a duplicar el número de sus integrantes hasta sumar 40 000. Cabe preguntar por qué hacer crecer tanto la soldadesca, si hace 30 años hubo que reducirla drásticamente.
Pues remontémonos más allá de esas tres décadas. El 15 de octubre de 1979, la “juventud militar” derrocó al presidente de la república y comandante general de la FAES. Conspiró y depuso al general Carlos Humberto Romero, con plena conciencia de sus “sagrados deberes” por estar al servicio del pueblo. Se levantó, “compenetrada con el clamor” del mismo, contra un Gobierno violador de derechos humanos que había “fomentado y tolerado la corrupción” en la administración pública y de justicia, hasta generar “un verdadero desastre económico y social”; además, había desprestigiado “profundamente al país y a la noble institución armada”.
Con esa descarnada denuncia salida desde la FAES sobre tan desastroso desempeño, cae por su peso una nueva interrogante: ¿Y que no los militares ejercieron el poder hasta entonces desde el golpe de Estado perpetrado en diciembre de 1931, tras el cual impuso su dictadura el brigadier Maximiliano Hernández Martínez quien se fue ‒derrocado‒ en mayo de 1944?
Este déspota le “vendió” al país y al mundo que los militares salvarían a El Salvador del perverso y demoníaco comunismo internacional; que eran la “reserva moral” de la patria. Pero tras el levantamiento exitoso contra Romero, asomó la esperanza de desbaratar la opresión castrense y avanzar en democracia. Pero la parte más nefasta de la milicia, en cuyo seno se crearon escuadrones de la muerte con el concurso de civiles, no lo permitió y nos fuimos a la dolorosa guerra cuyo final se logró con los acuerdos firmados por los bandos enfrentados. Entre los compromisos establecidos estaban la depuración y la reducción de una FAES que rápidamente volvió a las andadas, al usarla para realizar tareas de seguridad pública ‒que no le corresponden‒ desde julio de 1993 hasta la fecha.
Ahora Bukele ya dejó claro el rol que jugará durante su administración, la cual pretende prolongar varios años más tras los cinco que constitucionalmente debería. Desde su discurso al tomar posesión del cargo que ahora ocupa, lo hizo. Y lo reiteró diez días después, cuando le entregaron el bastón de mando para convertirse en su comandante general. Entonces le demandó a la tropa presente, comprometerse “a defender la patria de las amenazas externas e internas, de los enemigos externos e internos”.
¿Estarán las maras entre estos últimos? En la “guerra” que les declararon, hasta el 15 de noviembre de este año ‒según Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública‒ habían capturado 57 600 personas en medio del régimen de excepción; de estas, 843 eran “cabecillas. Y aseguró que decomisaron 1862 armas de fuego, 2276 vehículos y 13 556 teléfonos celulares; también incautaron casi millón y medio de dólares estadounidenses en efectivo. Así, un arma tendría que ser utilizada por 31 personas de las arrestadas; pero si realmente son 843 dirigentes los que se encuentran entre estas, muchos de los cuales deberían haber portado uno de esos artefactos, se incrementaría su escasez en la base. Cada carro debía ser turnado entre más de 25 individuos; si bien les iba, cuatro alcanzarían a utilizar un mismo celular y les tocarían casi USD 25 por cabeza.
Con esos datos, las maras deberían dejar de ser presentadas como el terrible “enemigo interno” del que tanto habla Bukele. No obstante su aberrante y condenable accionar criminal que debe erradicarse realmente, más con inteligencia que con violencia, no serán estas las que a futuro podrían estar en la mira de una duplicada Fuerza Armada y de la cada vez más militarizada corporación policial. De continuar así como vamos, ese “enemigo interno” será la protesta de la gente a la que el Estado de derecho no le ha servido en la práctica para mejorar su condición; lo será cuando salga a las calles a reclamar, agobiada e indignada, con el estómago deshecho.
