“Estamos viendo como algunos medios y algunos denominados periodistas están manejando de una forma torpe este tema” dijo el ministro de justicia y seguridad en una conferencia montada en el lugar donde han sido encontrados restos humanos de víctimas de un ex policía en Chalchuapa, quien desde el primer día fue nombrado por las autoridades como” psicópata “y “asesino en serie”.
Con ese escenario de fondo, el funcionario calificó de morbosa la cobertura; tras varios días de silencio oficial sobre el asunto y de elevar el perfil a otros temas.
Una actitud claramente anti prensa, descalificaciones y acoso contra periodistas se ha establecido en el país. Una deriva autoritaria, como ha dicho Reporteros sin Fronteras (RSF), que se refleja en la caída de la posición 74 a la 82 en el ranking mundial de libertad de prensa de 2020 a 2021.
La paradoja es que las agresiones provienen del Estado, el obligado por tratados y convenios internacionales a respetar el ejercicio del periodismo y a proteger la libertad de expresión.
RSF ha expresado con claridad que en esta gestión “ha aumentado los ataques y amenazas contra los periodistas críticos con su administración, ha bloqueado a muchos de ellos en las redes sociales y ha tratado de crear la imagen de la prensa enemiga del pueblo: un juego extremadamente peligroso”.
Asistimos a un fenómeno que se replica en varios países que amplifica volumen a ese tipo de expresiones mediante publicaciones anónimas o de troles que fomentan la violencia e incluso hacen apología de la destrucción de medios y el asesinato: la versión del siglo XXI de consignas como “ periodista, di la verdad, no el nuestro,” enarbolada por sectores de ultraderecha contra la prensa extranjera a fines de los setenta e inicio de los ochenta del siglo pasado.
No es un asunto de coyunturas, es de fondo. La magnitud de la tensa situación entre el gobierno y la prensa tuvieron eco en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que, en febrero pasado, otorgó medidas cautelares para la redacción del periódico digital El Faro, al establecer que la información recibida indica la intención de intimidarlos y obstaculizar actividades derivadas de sus labores periodísticas.
No es el primer caso. En octubre de 2017 la CIDH solicitó a El Salvador las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de periodistas de la revista Factum para que puedan desarrollar sus actividades en ejercicio de la libertad de expresión, sin ser intimidados, amenazados u hostigados por su labor, así como de criminalización y estigmatización por parte de altas autoridades gubernamentales.
La petición tuvo como base las agresiones tras la publicación de una investigación en la que se denunciaban presuntas ejecuciones extrajudiciales, agresiones sexuales y extorsión por parte de oficiales de fuerzas de la policía.
En muchos países es común que los funcionarios se quejen de la mala prensa, desacrediten a medios, los consideren opositores, usen la publicidad oficial como premio o castigo a líneas editoriales y alienten la violencia. Es la negación de los Estados – no gobiernos- de asumir sus responsabilidades.
Puede que alguna cobertura sea morbosa o sensacionalista. Eso es parte de la responsabilidad periodística; pero no se vale en nombre de esta exigir que se haga propaganda.
