El pasado domingo 16 de enero, aunque no le guste al actual oficialismo negacionista y manipulador de nuestra historia, hubo gente conmemorando en las calles capitalinas el 30 aniversario del cese al fuego definitivo entre dos ejércitos: el gubernamental y el rebelde. Ese enfrentamiento fue precedido por la guerra sucia de un régimen dictatorial de décadas, contra sus opositores ciertos o supuestos; también por la de guerrillas cuyos primeros pasos criminales, en nombre de una revolución que nunca triunfó, se dieron en 1970. Así, pues, la violencia brutal y desalmada que por razones políticas produjo en demasía durante más de dos décadas muertes, detenciones ilegales, secuestros, torturas, desapariciones forzadas, exilio, separación de familias, cuantiosa destrucción y muchísimo dolor tanto individual como colectivo.
¿Había que callar los fusiles de ambos activados en su afán por derrotar al enemigo en la batalla? ¡Sin duda que sí! Era esa condición imperiosa si queríamos aspirar a transformar radicalmente la realidad para superar lo que, desde el inicio de la existencia republicana de El Salvador, había dividido y polarizado al extremo a su sociedad. Por ello, el primer ingrediente de la formula para alcanzar su pacificación era ese. Y se logró de forma impecable. Por eso, solo por eso, fuimos ejemplo para el mundo. Pero hasta ahí, nada más. Porque en el Acuerdo de Ginebra, el de Chapultepec fue el último que arrojaron las negociaciones entre las partes beligerantes y este fue el primero, había otros tres componentes: garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos, democratizar el país y [re]unificar una sociedad fracturada.
No son pocas las razones para sostener que en ninguno de esos peldaños se pisó firme en la escalera facilitada por las Naciones Unidas y los países amigos de su secretario general, que lo acompañaron en su empeño por poner fin al baño de sangre. Y una forma para demostrarlo, es el asunto de la impunidad que en lugar de superarse –tal como se planteó hace tres décadas en aquel castillo de la metrópoli mexicana– terminó siendo fortalecida con la amnistía aprobada cinco días después de la presentación pública del informe de la Comisión de la Verdad.
Dicho ocurso de gracia, más bien de desgracia, permaneció vigente durante 23 años hasta que logramos su expulsión del marco normativo interno hace cinco años y medio; durante estos, el estado de cosas se ha mantenido sin cumplir lo ordenado en la sentencia de inconstitucionalidad de esa infamia jurídica vergonzante, impidiéndonos avanzar hacia el cumplimiento de lo pactado en Ginebra.
Pero ahora dicen en la Comisión de Legislación y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, que sí van a obedecer el mandato de la Sala de lo Constitucional. Al menos eso es lo que nos aseguraron las y los integrantes de la bancada del color –según el diccionario– “azul verdoso, complementario del rojo” conocido como cian este lunes 24 de enero, cuando les presentamos la posición de nuestra agrupación.
Como Víctimas Demandantes (VIDAS) solicitamos que no aprobaran ninguna normativa que desconozca, en la práctica, los parámetros establecidos por la Sala de lo Constitucional. Además, propusimos crear un funcional y eficaz grupo de trabajo por la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición que impulse una consulta transparente y amplia a víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas, sin importar el bando responsable de su sufrimiento; asimismo, que garantice que en dicha consulta no participen victimarios imprescindibles, cómplices necesarios y encubridores.
Les planteamos que, con esos insumos deben elaborar y decretar la Ley para la dignificación de todas las víctimas de antes y durante la guerra; también propuestas de políticas públicas sobre verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición para hacer realidad dicha normativa, en la cual no se incluyan disposiciones abiertas o veladas de amnistía o prescripción ni excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar a los responsables de las atrocidades ocurridas.
De igual forma, se demandó crear una jurisdicción especial provista de los recursos suficientes para conocer los casos de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad; un banco nacional de datos de ADN de víctimas de esa barbarie; fomentar espacios comunitarios para sanar heridas y garantizarles a las víctimas una digna reparación integral. Todo lo anterior, acompañado de un presupuesto necesario y suficiente para su realización, asignando recursos para apoyarlas en la presentación y seguimiento de sus denuncias dentro del sistema de justicia.
Hoy, pues, la pelota está en la cancha cian y ya no están jugando contra los “rojos” y los “tricolores”. Eso sí: no vayan a jugar con las víctimas…
