Salvo honrosas excepciones, muchas personas que ahora condenan la complicidad de Nayib Bukele con el ejército han sido participes de una complicidad semejante en gobiernos muy recientes. Este es el tipo de personas que aumentan su indignación si tal cosa favorece al partido político que apoyan o la disminuyen si simpatizan con el gobierno de turno. El oportunismo goza de buena salud entre nosotros y como tal forma parte de la compleja lógica de la impunidad.
La brillantez analítica de algunos se subleva al comprobar que el de Bukele es un gobierno más de la posguerra que hace suya la defensa del ejército ante las demandas de justicia de las víctimas. Atrapados entre la mediocridad y el oportunismo, estos indignados comentaristas se sienten confirmados al confirmar que Bukele como político es más de lo mismo. En ningún momento se paran a pensar a qué se debe esa debilidad y esa solicitud de la gran mayoría de nuestros dirigentes políticos a la hora de proteger a militares involucrados en crímenes de guerra.
¿No será que la nuestra es una democracia cautiva? ¿No será que nuestro estamento político, por diversas razones, gobierna con la voluntad de no perturbar al poderoso estamento de los militares? Si esto fuera así, el nuestro sería, con independencia de quien gobierne, un Estado en el cual la división de poderes es raquítica, dado que uno de sus componentes lleva años arreglándoselas para que el imperio de la ley no lo alcance.
Mientras la impunidad sea un patrón inamovible de nuestra cultura política, la nuestra será una democracia tullida, gobierne quien gobierne. El porqué de esta política débil y resignada a proteger militares implicados en la violación de derechos humanos no ha sido el mismo en todos los gobiernos.
El terrorismo de estado fue un asocio cívico-militar en el que estuvieron implicados los fundadores de Arena, se deduce que su protección gubernamental a los criminales de guerra era una forma que Arena tenía de protegerse a sí mismo.
El Frente, que durante la contienda también cometió crímenes injustificables, descubrió que amnistiar a los militares por sus delitos de guerra era una forma de amnistiarse a sí mismo y, por ende, de salvaguardar los privilegios y carreras políticas de algunos miembros de la cúpula.
El caso de Bukele es distinto: lidera a un poder ejecutivo débil enfrentado a un parlamento y un poder judicial dispuestos a ponérselo difícil. Su baza para mostrar fortaleza descansa en el apoyo que le da un sector del ejército. Si en este momento, Bukele tomase partido por las víctimas se quedaría en la más completa soledad política.
Intentar explicar no significa justificar. Pero condenar, y hacerlo de manera oportunista, tampoco nos libera de asumir la tarea de pensar por qué la nuestra es una democracia que nació tullida con la paz.
