La crónica basada en la novela testimonial “Dr. Muerte: confesiones” será publicado próximamente en varios países con información nunca antes conocida por el público acerca del asesinato aún impune de arzobispo Oscar Arnulfo Romero Galdámez
Por Carlos Santos
LAS CONFESIONES DEL DR. MUERTE
Treinta y seis años después del asesinato que conmocionó al mundo, fue posible entrevistar a uno de los participantes: el Dr. Héctor Antonio Regalado Herrera, conocido como “Dr. Muerte”, apodo que, según su propio testimonio, le fue atribuido por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) –por sus siglas en inglés-, de Estados Unidos, con la que afirmó haber colaborado en labores de antiterrorismo desde la época de los años 70.
De acuerdo con el testimonio exclusivo que nos otorgó el ya fallecido Dr. Héctor Antonio Regalado —vinculado a escuadrones de la muerte y a la seguridad privada del mayor del ejército Roberto D’Aubuisson—, la decisión de eliminar al arzobispo no fue improvisada. Fue discutida en reuniones en las que participaron actores militares, operadores clandestinos y personajes con poder económico.
EL PAÍS ARDÍA EN LLAMAS: MUERTE E INJUSTICIA
El lunes 24 de marzo de 1980, El Salvador ya estaba en guerra antes de declararla oficialmente.
No había frentes visibles, pero sí ejecuciones diarias, desapariciones, secuestros, cuerpos esparcidos por todo el país y listas negras. En ese contexto, la figura de Monseñor Óscar Arnulfo Romero se había convertido en un punto de tensión. Su voz, amplificada desde el púlpito de la iglesia y la radio YSAX, denunciaba lo que muchos preferían callar, negar o simplemente ignorar: la ola de muertes, asesinatos, secuestros y desapariciones que sufría la población civil a manos de los militares o/y la insurgencia.
EL PRIMER INTENTO FUE ENCUBIERTO.
—Unos días antes del atentado final, habíamos preparado una trampa en el púlpito de una iglesia con candelas de dinamita —relató el Dr. Regalado—.
Un portafolios cargado de explosivos, camuflado entre los pilares. Queríamos que pareciera un accidente.
Pero un sacerdote que se encargaba de preparar el altar descubrió el portafolio y entonces el plan falló.
Según los informes de la policía, el sacerdote Ramiro Jiménez, detectó el objeto sospechoso y dio aviso a la Policía Nacional. Un agente identificado como Juan Francisco Alas inspeccionó el portafolio.
—Alas abrió la caja. Vio el interruptor, el radiotransmisor, las baterías y la dinamita. Lo desarmó.
El atentado fue frustrado, pero no cancelado.
—Cuando nos enteramos, que habíamos fallado, D’Aubuisson no reaccionó con rabia. Fue peor: una calma total. Esa noche decidió que se haría de frente, sin andar escondiéndose. Días antes del 24 de marzo, se realizó una reunión en casa de un destacado empresario.
Según Regalado, en ese encuentro participaron figuras clave del aparato clandestino, entre ellos el mayor D’Aubuisson, Ernesto Molina- hijo del ex presidente Arturo Armando Molina, Álvaro Saravia, el francotirador que disparó contra Romero llamado Marino Samayoa y otros colaboradores.
En esa fase, la operación fue estructurada con mayor precisión. Ernesto Molina asumió la coordinación directa del operativo y del tirador, insistiendo en que Marino Samayoa era el indicado. El capitán Saravia quedó a cargo de los aspectos logísticos —arma, vehículo y ejecución—, por órdenes del mayor D’Aubuisson, mientras otros miembros del grupo gestionaban apoyo económico con sectores adinerados.
Paralelamente, el capitán Ávila tenía una tarea clave: asegurar la aprobación de los que nos financiaban. Según el testimonio, el consentimiento se confirmaría mediante la publicación de una esquela mortuoria en un periódico, firmada por esas familias junto al apellido de Ávila. Esa publicación funcionaría como señal para proceder.
DÍAS DESPUÉS, LA ESQUELA APARECIÓ.
La esquela anunciaba una misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, en memoria de Sarita de Pinto. Para quienes estaban dentro del operativo, ese anuncio fue la señal, la confirmación, la luz verde que había que eliminar al prelado.
El plan, incluso, tuvo un nombre en clave: “Operación Piña”, surgido de manera improvisada durante la planificación, en referencia irónica a la misa, en la que se ejecutaría el atentado, en memoria de la difunta Sarita de Pinto quién en vida cariñosamente recibía el nombre de “niña” Sarita. Ella era la esposa del periodista ya fallecido Jorge Pinto.
Fue entonces cuando el Dr. Regalado recibió la orden directa.
—D’Aubuisson me pidió preparar cinco balas especiales calibre .22 —afirmó el Dr. Muerte—. Eran balas modificadas para garantizar el impacto letal. No podía haber margen de error.
Las municiones fueron diseñadas para el rifle que sería utilizado en la operación.
El 24 de marzo de 1980, Monseñor Romero celebraba misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia.
No contaba con escolta, había renunciado a la protección armada, Monseñor Romero había dicho que si el pueblo no tenía seguridad él tampoco la tendría.
En el momento de la consagración, cuando levantó la hostia, se produjo el disparo. Uno solo. La operación había sido planificada para que un único disparo eliminara a Monseñor Romero.
El proyectil impactó directamente en el pecho del arzobispo, explotando de inmediato, Romero cayó frente al altar.
Tras el asesinato, no se produjo una investigación inmediata que esclareciera plenamente los hechos. La violencia se intensificó y el país entró en una fase más profunda del conflicto armado.
EL CRIMEN MARCÓ UN PUNTO DE QUIEBRE.
Años después, el Dr. Regalado insistía en deslindarse del disparo. Negaba ser la mano que apretó el gatillo, el francotirador, aun cuando durante años su nombre había sido arrastrado por las declaraciones del conductor del vehículo en que se movilizó el francotirador. Según su propia versión, fue el expresidente Duarte quien lo señaló.
—Se usó un Volkswagen Passat rojo —dijo Regalado—. Lo había donado otro gran empresario al mayor Roberto D’Aubuisson meses antes. Ese fue el carro de la operación. El chofer, Amado Garay, un exsoldado, fue quien lo condujo. Después, el cobarde se vendió. Se volvió informante del partido de la Democracia Cristiana y declaró todo ante los juzgados, mintiendo al afirmar que yo había sido el francotirador.
—Yo no apreté el gatillo —afirmó—. Pero hubo un pacto de silencio que tuvimos que respetar.
Aunque en vida negó haber estado en el lugar del atentado, pues junto a Roberto D’Aubuisson ese 24 de marzo de 1980, se encontraban en San Miguel, visitando a la familia de empresarios connotados, reconoce su participación en aspectos clave de la operación, incluyendo la preparación de las municiones y su presencia en reuniones previas. Mientras se encontraban en la residencia de aquellos empresarios del Oriente salvadoreño, el Capitán Saravia le llamó a D’Aubuisson para infórmale que ya la operación había sido un éxito. Según el testimonio del Dr. Regalado.
El testimonio del Dr. Regalado no cierra el caso del asesinato de Monseñor Romero. Pero aporta elementos relevantes para entender la estructura detrás del crimen y sus pormenores.
Este testimonio aporta nombres, lugares y detalles tanto del operativo como de las acciones posteriores destinadas a silenciar a quienes pudieran revelar el pacto de silencio. En libro testimonial “novelado” saldrá próximamente publicado.
Según el relato del Dr. Regalado, tras el asesinato se estableció un acuerdo interno claro:
—Si alguien hablaba, pagaba con la vida.
Y no se trataba de una advertencia simbólica.
Uno de los casos que mencionó el Dr. Regalado fue el de Walter Antonio Álvarez, conocido como “La Musa”, colaborador cercano del capitán Ávila. De acuerdo con el testimonio, Álvarez comenzó a hablar —bajo los efectos del alcohol— sobre las reuniones en las que se planificó el atentado. Días después fue secuestrado.
—Fue nuestra misma gente quien lo fue a traer a una cancha de futbol—afirmó Regalado—. Ya se le había advertido que dejara de hablar.
El cuerpo de Walter Antonio Álvarez apareció posteriormente con múltiples impactos de bala y señales de tortura en las cercanías del penal de La Esperanza, en Mariona. Registros de prensa de la época confirman que el 27 de septiembre de 1981 un hombre con ese nombre fue encontrado con señales de tortura y acribillado a tiros.
—Fue silenciado —concluyó.
El testimonio también ubica una reunión posterior al asesinato, el 27 de marzo de 1980, en una residencia atribuida a otro gran empresario, en San Salvador. En ese encuentro, según Regalado, surgieron tensiones internas relacionadas con el pago al tirador.
—Habían pasado tres días y no le habían pagado a Marino Samayoa—relató—. Estaba molesto.
De acuerdo con esta versión, el mayor D’Aubuisson ordenó resolver el pago de forma parcial y trasladó la responsabilidad del resto a Ernesto Molina, quien había propuesto al ejecutor.
El pago se habría realizado en el estacionamiento del centro comercial Balam Quitzé, donde el tirador acudió acompañado por el mismo Walter Álvarez.
Según el relato, el operativo posterior incluyó la eliminación sistemática de evidencias.
El vehículo utilizado fue retirado y desaparecido sin dejar rastro.
—Aquí no dejábamos cabos sueltos —dijo Regalado.
EPILOGO DE LA CONFECCIÓN DEL ASESINATO DE MONSEÑOR ROMERO
El destino final del tirador, Marino Samayoa, sin embargo, permanece incierto. Según el Dr. Muerte, no se sabe si huyó del país o si fue eliminado posteriormente para evitar filtraciones.
Esta confesión, fragmentada y tardía, no sólo describe la ejecución del crimen, sino que revela el funcionamiento de una estructura que operaba bajo reglas propias: silencio, lealtad y eliminación de riesgos.
Un dato estremecedor emergió de los labios del Dr. Regalado: en su habitación, como una presencia silenciosa, reposaba la estampa de Monseñor Romero, fija en la pared junto a su lecho. Allí permanecía, vigilante, para que cada amanecer —en el instante frágil entre el sueño y la vigilia— le devolviera, inevitable, el rostro del arzobispo.
La muerte de Monseñor Romero no fue un hecho aislado. Fue el resultado de una operación organizada.
Más de cuatro décadas después, el caso persiste como uno de los episodios más hondos y reveladores de la historia reciente de América Latina. La figura de Monseñor Romero —hoy elevada a los altares como santo por la Iglesia católica— encarna el martirio más alto del pueblo salvadoreño de su tiempo: una herida abierta que aún interpela la memoria y la conciencia de todo un continente, no sólo por su asesinato, sino porque sigue sin resolverse, atrapado en la desidia y la complicidad de los gobiernos de turno.
