Por Carlos Santos
En El Salvador, durante los años ochenta, la noche no pertenecía a sus habitantes sino al terror. Al caer la oscuridad, las calles quedaban bajo el dominio de hombres armados: algunos se identificaban como miembros de los cuerpos de seguridad; otros vestían de civil, pero portaban armas largas y actuaban con la misma autoridad. Todos operaban amparados por una estructura estatal que, en la práctica, les concedía permiso para capturar, torturar, desaparecer y matar.
Aquella noche del 10 de julio de 1983, en Ciudad Delgado, la mayoría dormía con un oído abierto. Los vecinos habían aprendido a reconocer los sonidos que anunciaban desgracia: el motor que se detenía demasiado tiempo frente a una casa, pasos ajenos al barrio, golpes en la puerta que no traían visita sino captura. Solo los perros rompían el silencio, ladrando hacia la oscuridad como si intentaran advertir lo inevitable.
A las once y media, los golpes llegaron a la casa de la familia Ayala Portillo.
La puerta retumbó con violencia. Voces de mando ordenaban abrir o atenerse a las consecuencias. Dentro, la familia ya se había acostado. El terror entró antes que los hombres.
Felipe Oswaldo Ayala Portillo tenía quince años. Estudiante de la Escuela de Varones “12 de Octubre”, su mundo estaba hecho de cuadernos, pupitres rayados y tareas inconclusas, como el de cualquier adolescente que todavía creía posible un porvenir.
Su padre se levantó apresurado y preguntó qué querían. No hubo explicación. Solo la amenaza: si no abrían, derribarían la puerta y los matarían a todos.
Cuando la puerta cedió, ingresaron varios hombres armados, algunos uniformados, otros de civil, todos con el rostro cubierto por gorros tipo navarone. Portaban armas largas. No mostraron identificación. Solo se identificaron como miembros del escuadrón de la muerte.
Entonces, en medio de la noche la casa se llenó de súplicas, llanto, golpes y amenazas.
—¿Dónde está Felipe Oswaldo Ayala Portillo? —Gritó el jefe del operativo.
El muchacho, aún adormecido, levantó la mano. Respondió con la voz entrecortada.
Lo rodearon de inmediato y le apuntaron con ametralladoras. Otro de los hombres con la ametralladora en la mano, se le acercó y con violencia le ordenó vestirse y acompañarlos.
La madre, entre sollozos, preguntó por qué se lo llevaban.
En tiempos normales, preguntar es un derecho. En aquel contexto, era un desafío. Le ordenaron callar. Ella insistió. Suplicó. Entonces llegó la amenaza: si continuaba hablando, la matarían en ese mismo instante.
Los familiares recordarían después un detalle que el miedo no borró: el olor. Los hombres hedían a licor. Alcohol mezclado con armas, con prepotencia, con impunidad.
Felipe se vistió bajo vigilancia. No hubo explicación. No hubo despedida de sus familiares. Solo el breve tránsito entre el interior de la casa y la calle oscura donde un vehículo aguardaba con el motor encendido.
Se lo llevaron a empujones, con golpes de los fusiles en su espalda.
Nadie en el barrio salió. Las ventanas permanecieron inmóviles tras las cortinas. La guerra había enseñado que mirar demasiado podía convertir a cualquiera en el siguiente nombre.
Fue la última vez que su familia lo vio con vida.
Comenzó entonces el calvario: la búsqueda en delegaciones policiales, cuarteles y oficinas donde siempre negaron la captura. Los días dejaron de medirse por el calendario y empezaron a contarse por ausencia. Cada ruido nocturno despertaba la esperanza de que Felipe regresara. Nunca regresó.
Oficialmente, ninguna autoridad reconoció su detención. Ningún cuerpo de seguridad asumió responsabilidad.
La guerra terminó. Los fusiles dejaron de disparar. Pero miles de desaparecidos quedaron suspendidos en una zona sin tumba ni explicación.
Años después emergió un documento interno con fotografías, nombres, seudónimos y cargos militares: un registro elaborado por el aparato de inteligencia para identificar y eliminar a quienes consideraba enemigos. Circuló bajo un nombre que todavía duele: el Libro Amarillo.
Allí figuraba la fotografía de Felipe Oswaldo Ayala Portillo. Su nombre. Una acusación de pertenecer a la guerrilla.
Y un código: A100.
Clasificado. Registrado. Convertido en objetivo administrativo. El archivo cumplió su función: ordenar la desaparición.
Pero los archivos no dicen qué hicieron con su cuerpo. No explican dónde terminó aquella noche. No narran el miedo del muchacho al subir al vehículo sin retorno. No describen la respiración contenida de la madre cuando la puerta volvió a cerrarse. No cuentan los años interminables de espera, de esperanzas y dolor de todos sus familiares.
El Libro Amarillo apareció como prueba de que las fuerzas de seguridad capturaron, ficharon y desaparecieron a Felipe y a miles de salvadoreños bajo la acusación de ser militantes insurgentes.
Hoy, mientras su nombre sea pronunciado, mientras esta crónica lo rescate del olvido y la indiferencia, la muerte de Felipe señalará culpables, y entonces el código A100 dejará de ser una cifra. Volverá a ser lo que el archivo no pudo suprimir: un muchacho de quince años, una casa en Ciudad Delgado, una madre que preguntó, un padre que abrió la puerta, una familia que todavía espera.
La guerra intentó reducir a los desaparecidos a tinta y a una ficha policial, pero la memoria insiste en buscar justicia.
