“Hemos dictado sentencia por la que fallamos que debemos condenar y condenamos a Inocente Montano Morales como responsable en concepto de autor de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista…”. Estas palabras pronunciadas en la audiencia nacional de España el 11 de septiembre de 2020 son la conclusión de una larga historia, una que se remonta hasta las primeras horas del 16 de noviembre de 1989, cuando miembros del escuadrón Atlácatl y personal de la Escuela Militar realizaron un operativo que acabo en el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras dentro de la Universidad Centroamericana (UCA). Una historia por la búsqueda de la justicia y la reconciliación.
Ellos fueron víctimas de los estertores finales del conflicto armado que se cobró la vida de más de 70,000 salvadoreños, y en el que se cometieron incontables violaciones a los derechos humanos. La masacre de la UCA fue uno de los más importantes catalizadores de las negociaciones y los posteriores acuerdos de paz, sangre martirial que señaló el camino hacia la finalización del conflicto.
Sin embargo, como parte de las negociaciones de los acuerdos paz, aquellos que se repartieron el poder político, decretaron que la mejor forma de alcanzar el fin del conflicto era optar por una ley de amnistía. Y así en marzo de 1993 la Asamblea Legislativa hizo oficial la amnistía total para las partes del conflicto armado. Una amnistía que en realidad fue una ley de amnesia obligatoria, aquellos políticos decidieron que si querían mantenerse en el poder lo que debía de hacerse era esconder los crímenes en armarios y guardar las llaves bajo su custodia.
Así pensaron que olvido era lo mismo que perdón. Tuvieron que pasar más de 23 años para que el máximo tribunal salvadoreño declarara inconstitucional aquella ley inmoral, han pasado casi tres años desde aquella sentencia y la justicia para las víctimas de las más graves violaciones a los derechos humanos es aún tarea pendiente para el estado salvadoreña.
Hoy esta lógica de la impunidad que se ha impuesto en la historia salvadoreña por fin se rompió, la justicia española tras un proceso que se dilató por más de 10 años sentenció a uno de los oficiales de la fuerza armada más poderosos durante la época, el ex viceministro de justicia General Inocente Montano, condenado a 133 años y cuatro meses de prisión. Pero, a mi juicio, la parte más importante de las sentencia es el texto que documenta los hechos y motivos de los asesinatos, pues revela algunas verdades que el Estado Salvadoreño se ha esforzado y se sigue esforzando por esconder: La existencia de un grupo paralelo dentro de la estructura del Ejército, dirigido por los miembros integrantes de la generación llamada la “tandona”, cuyo fin era el cometer actos de terrorismo de Estado “justificados” como necesarios para contener la insurgencia; la complicidad de algunos miembros de la fuerza armada y del Estado salvadoreño por obstaculizar las investigaciones y ocultar los hechos; más un modus operandi terrorista por parte de las fuerzas del estado. Todos estos hechos deben servir para iluminar las futuras investigaciones que lleve a cabo la justicia salvadoreña sobre las más graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto.
A la paz solo se va por la justicia y la verdad, en este histórico día se ha recorrido un paso más en ese arduo camino que esta sociedad emprendió desde hace 28 años. Se ha abierto un atisbo de esperanza para todas las víctimas del conflicto armado, de que la justicia es posible y que la verdad puede prevalecer aún cuando los que detentan el poder hacen todo lo posible para evitarlo. No obstante, aún falta mucho, la justicia solo es un lado de la cara de la moneda para la reparación a las víctimas, la cara de la moneda que mira hacia el pasado. La reconciliación, es la otra cara de la moneda y la que mira hacia el futuro, pero ¿qué significa reconciliación en la masacre de los jesuitas? Para mi la respuesta es clara, trabajar por aquella sociedad con que ellos soñaban y por la que dieron sus vidas, una sociedad libre, justa, humanizada y humanizante, una sociedad como gustaba decir a Ignacio Ellacuría: En la que el bien domine sobre el mal, la libertad sobre la opresión, la justicia sobre la injusticia, la verdad sobre la falsedad, el amor sobre el odio. Esta es aún la tarea pendiente más grande de todos los salvadoreños.
