Por: Alessia Genoves
Una Ley para Víctimas del Conflicto Armado es el proyecto normativo que se discute en la Asamblea Legislativa, con organizaciones sociales e instituciones ministeriales. La iniciativa corresponde a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que recibió éste lunes los aportes de la Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho (FESPAD), y de técnicos del Ministerio de Hacienda.
Éste 2022, unos $8 millones de dólares serán erogados del Estado para las víctimas de violaciones de derechos humanos, durante la Guerra, según detalló la técnico de Hacienda, Laura Aquilar. Entre otras cosas, la Comisión recibió las valoraciones técnicas, y una propuesta de ley por parte de FESPAD, para responder a los criterios normativos de “justicia transicional” que establece el derecho internacional, en favor de las víctimas.
$8 Millones para Víctimas
Un total de $8 millones de dólares serán erogados para el resarcimiento de las “víctimas de graves violaciones de derechos humanos” durante la guerra. De ese presupuesto, unos $2 millones serán erogados por el Ministerio de Desarrollo Local (Mindel), “para las víctimas en general”, según lo detallaron los legisladores.
Los otros $6,110,225 millones de dólares serán administrado por el Estado, y los destinatarios serán exclusivamente las víctimas de la Masacre del Mozote y Lugares Aledaños. Las cantidades dinerarias erogadas responden a la “sentencia de fondo, reparaciones y costos”, establecida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte-IDH) en 2012, en torno al hecho de sangre que cuantifica unas 978 personas asesinadas, y más de 1,659 víctimas, desde diciembre de 1981.
El fondo de reparación para el Caso El Mozote será administrado por 8 carteras de Estado. De tal forma que unos $4,5 millones de dólares serán administrados por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, siendo la mayor proporción del presupuesto, seguido de los fondos administrados por el Ministerio de Educación (Mineducyt), con $400 mil dólares.
Uno 623,110 dólares serán administrados por el Ministerio de Desarrollo Local; en paralelo con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu), que tendrá la administración de unos $58,555 dólares, del total del presupuesto asignado. En ello también participará la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc), con $51,090 dólares; el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con $50 mil dólares y el Ministerio de Cultura, con $10 mil dólares.
El presupuesto para el resarcimiento de víctimas para éste año supera al saldo total erogado durante los períodos anuales de 2013 – 2021, en el que se habrían erogado unos $10 millones de dólares. Sin embargo, diputados del partido oficialista (Nuevas Ideas) como Rolando Castro cuestionan la regularidad del monto, ya que “debería de constatarse si realmente se usaban los fondos”, y sugiere “Identificar la trazabilidad”
Fespad propone Ley
Una propuesta de ley en favor de víctimas del conflicto armado fue elaborada por la Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho (FESPAD), e instituciones integrantes de la Mesa contra la Impunidad del Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de las Víctimas del Conflicto Armado y Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica.
El anteproyecto recibió iniciativa de ley de la diputada Claudia Mercedez Ortiz, representante del Grupo Parlamentario del partido Vamos, en la fecha del 7 de octubre del año pasado. Llegó a titularse “Ley Especial de Justicia Transicional para Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos en el Contexto de la Guerra Civil de El Salvador”. Sin embargo, la propuesta no llegó a discutirse.
“Yo creo que la Asamblea Legislativa debería de tomar en cuenta el proyecto de ley al que su servidora dio iniciativa, porque hay metas importantes, que orientarían más nuestra discusión (…). Es importante que los diputados y diputadas estudien a profundidad el tema, porque es un tema sumamente delicado, con muchos detalles. Y que es necesario tener en cuenta todas las sentencias que se han emitido, y todas las obligaciones que ya tiene el Estado de El Salvador”, dijo la Ortiz a ContraPunto.
Tras la declaración de inconstitucionalidad (44-2013/145-2013), y la derogatoria misma, de la Ley de Amnistía, el Estado salvadoreño tiene la obligación de elaborar una ley que responda en favor de las víctimas de graves violaciones del conflicto armado. Sin embargo, aún no hay ley. De hecho, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, vetó la última propuesta legislativa, del 27 de febrero de 2020, al definirla como una “ley de amnistía”.
“La propuesta que elaboró la Asamblea Legislativa anterior tenía muchos vicios de impunidad. Y fue una buena decisión del presidente de la República vetarlo. No valía la pena una ley que disfrazaba la impunidad”, indicó el representante de Fespad, Héctor Carrillo.
La propuesta de Fespad, en cambio, se define como “una guía de legislación” basada en los pilares de la justicia transicional: “verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en respuesta de los “parámetros de la Sala de lo Constitucional”:
1- Son inadmisibles cualquier causa de admisión de responsabilidad penal
2- Reparar íntegramente a las víctimas
3- Las víctimas como el centro de la legislación
4- Reivindicar la memoria histórica
5- El rol de la Fiscalía General de la República para investigar los
6- Necesidad de dotar y asignar recursos
7- Obligación de gestionar y dotar archivos del conflicto armado.
La propuesta de Fespad, además, contiene una serie de recomendaciones para el Estrado, consistentes en el diseño de una propuesta con la víctimas, organizaciones sociales; y la elaboración de mesas de trabajo para llevar a cabo el proceso.
1- Partir de la propuesta de Ley presentada por las víctimas y las organizaciones que las acompaña
2- Diseñar y dar a conocer una hoja de ruta, y metodología para la consulta y la validación del texto final que se haya implementado.
3- Establecer una Mesa Permanente para llevar a cabo el proceso,
4- Participación de víctimas y organizaciones.
5- Integración de dos equipos en la Mesa Permanente uno de carácter técnico, y el otro para la consulta. El equipo encargado de implementar la consulta con distintos actores. El equipo técnico verificará que el texto cumpla con las parámetros proporcionado por la Sala de lo Constitucional, y de lo planteado por las víctimas para la consulta.
“El objetivo es que posterior a etapa consultiva formemos una mesa interinstitucional para crear una ley integral e inclusiva en beneficio de la población”, indicó la presidenta la Comisión, Rebeca Santos.
