Un informe del Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA) de la Universidad Centroamericana “José Simón Cañas” (UCA) afirmó que ante las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido a largo de la historia de El Salvador es importante la aplicación de la justicia restaurativa. Esta sirve para restituir la dignidad de las víctimas y los victimarios reconozcan sus responsabilidades.
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“Esa justicia no trata de buscar castigo, su pedido se enmarca en la justicia transicional; lo que se pretende es que los victimarios reconozcan su responsabilidad. Una vez se reconoce la verdad, se pide perdón también”, explicó el director del IDHUCA, José María Tojeira.
De acuerdo al Manual Sobre Programas de Justicia Restaurativa preparado para la Oficina de las Naciones Unidas contra La Droga y el Delito (UNODC), las graves violaciones a derechos humanos, no solo infringen la ley, sino también hieren el honor y dignidad de las víctimas. Este tipo de justicia da énfasis a las necesidades de las víctimas y victimarios y deja a un lado el castigo penal.
El UNODC sostiene que la justicia restaurativa motiva “al delincuente” a comprender las causas y efectos de su comportamiento y a asumir su responsabilidad de una manera significativa. Además afirman que es una respuesta al crimen.
“La justicia transicional no es una forma especial de justicia, sino una adaptada a sociedades que se transforman a sí mismas después de un periodo de violación generalizada de los derechos humanos; estas pueden suceder de un momento a otro, o tener lugar después de muchas décadas”, explicó Tojeira.
En El Salvador el IDHUCA realiza anualmente un Tribunal Internacional de Justicia Restaurativa, que aunque no es oficial, se reúne con el fin de dar voz y reclamo a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos.
“La idea es reconocer y descubrir el velo de negación que cubre verdades sobre las que nadie habla, pero que todos conocen; y así abrir las puertas a la restitución de los derechos de las víctimas y la restauración del tejido social destruido por la violencia, porque el Estado no está haciendo mucho por enfrentar esta problemática”, dicta el informe del IDHUCA.
Ante la abolición de la Ley de Amnistía (julio 2016), la Iglesia Católica señaló que esa inconstitucionalidad sería la oportunidad de aplicar la justicia restaurativa y transicional a aquellas víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado que afectó durante doce años a El Salvador.
“Se presenta hoy la oportunidad para que nuestra sociedad sane sus profundas heridas. Para ello es necesaria la justicia restaurativa en favor de las víctima, que se les escuche y se les respeten sus derechos, que se les dignifique, que se les pida perdón y que se les repare”, manifestó el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas.
