El Ministerio de Justicia la tiene difícil financieramente para terminar el año. El Ministerio de Hacienda le está pidiendo a los diputados aprobar reorientaciones presupuestarias de distintos Ramos del Sector Público para solventar los problemas que tienen.
El déficit que presenta el Ramo de Justicia y Seguridad Pública es de $21.1 millones distribuidos de la siguiente manera: $7.1 millones para la Policía Nacional Civil (PNC), de cuyo valor, $6.3 millones se requieren para cubrir el desfinanciamiento del Régimen de Disponibilidad para el personal policial, y $800,000 para el pago de servicios básicos y combustible; y $14 millones 33 mil 800 para la Dirección General de Centros Penales para financiar los servicios de alimentación que se proporcionan a los privados de libertad de todos los centros penales a escala nacional.
Para financiar las demandas antes mencionadas, las cuales se consideran “ineludibles e impostergables”, luego de una evaluación de la ejecución presupuestaria, los recursos saldrían del financiamiento al Sistema de Pensiones y Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, dado que se determinó que se registra una disminución en el número de personas a jubilarse, con respecto a lo previsto en el presente ejercicio fiscal; los requerimientos de fondos para transferirlos al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales han sido menores a lo programado, generando una disponibilidad de $21.1 millones para los fines requeridos.
El secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Tonathiu Castro, en su calidad de secretario del Consejo de Ministros, certificó las reformas a la Ley de Presupuesto de Ingresos y Egresos del presente año. En razón de lo anterior, por unanimidad el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de reformas a la Ley de Presupuesto del presente ejercicio fiscal.
Serán los legisladores cuando conozcan la iniciativa si aprueban o no las enmiendas que se están proponiendo a la partida de gastos en los rubros ya señalados para solventar el desfinanciamiento que tiene el Ministerio de Justicia.
