Cuatro jóvenes madres de tres países denunciaron a sus Estados ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) porque no supieron protegerlas y, debido a su negligencia, las obligaron a ser madres cuando ellas no lo habían buscado.
Bajo los nombres de Susana, Norma, Fátima y Lucía, ellas están recibiendo el apoyo de ocho organizaciones para promover la demanda en la ONU. La iniciativa es parte de la campaña Niñas, no Madres, que fue creada por Amnistía Internacional, Grupo de Información en Reproducción Elegida, Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro.
Los Estados que han sido demandados son Guatemala, Nicaragua y Ecuador.
Las cuatro niñas sufrieron abuso sexual cuando eran pequeñas: seis años, 12, 13. Los agresores eran cercanos a ellas y las acosaron desde su entorno inmediato. Además, en su ambiente había mucha precariedad económica y débiles lazos con la comunidad.
Después de la violencia, vinieron los embarazos no deseados. Las familias de estas niñas acudieron a las autoridades locales para demandar a los agresores, superando con esfuerzo toda la burocracia que eso implicó. Sin embargo, cuando al fin se pudo formular la demanda formal y las órdenes de captura, predominó la impunidad. Ninguno de los abusadores de las niñas enfrentó la justicia, e incluso algunos permanecen en lugar donde cometieron el crimen y han sido las víctimas quienes se vieron obligadas a huir.
Susana, Lucía, Fátima (Guatemala) y Norma (Ecuador) fueron madres a los 14 años, sin haberlo deseado. Sus identidades están protegidas, pero ellas mantienen su lucha para evitar que otras niñas enfrenten lo mismo. Además, por su edad, la gestación les trajo muchos riesgos a su salud y, por si esto no fuera suficiente, también lidiaron solas con el trauma psicológico por la violencia y la estigmatización.
En los cuatro casos, no recibieron asistencia en Salud Pública a pesar de haber advertido de sus casos. Además, las autoridades fiscales y judiciales no pudieron resolver sus casos. El nivel de negligencia que ellas vivieron por parte de sus Estados motivó a que llevaran sus demandas ante la ONU. "Obligar a que una niña violada deba continuar el embarazo y asumir una maternidad forzada es tortura", asegura Ximena Casas, representante de Planned Parenthood Global para América Latina en declaraciones que recogió RT Internacional.
“Los Estados tendrán que cumplir los estándares que dicte el comité”, explicó también Casas, de acuerdo a lo que publicó El País de España.
Siempre con información de El País, se espera que con la demanda ante la ONU sea posible materializar estos principios: primero, obligar a una niña violada a continuar el embarazo es cruel, inhumano y degradante. Segundo, respetar la autonomía y capacidad de juicio de las niñas. Tercero, abordar este problema como discriminación de género, pues muchas de las niñas y mujeres no acceden a servicios de salud sexual y reproductiva. Cuarto, hacer valer el derecho a la integridad personal: que las menores de edad que quieran abortar no sean tratadas como criminales. Quinto, y último, es el derecho a la vida: las menores de 14 años tienen cuatro veces más riesgo de morir en el parto. Además enfrenta el riesgo de desgarre pélvico, anemia y eclampsia.
América Latina es la única región del mundo en la que la tasa o proporción de embarazos adolescentes ha incrementado. Entre cada 1,000 niñas de América Latina, 74 son madres, según Unicef. En la misma región, 1.1 millones de adolescentes entre 15 y 19 años han enfrentado violencia sexual de algún tipo.
En el mundo, son 26 los países en los que el marco legal es muy restrictivo respecto de la interrupción del embarazo y hasta acarrea consecuencias como prisión. El Salvador es uno de esos países. Contrapunto intentó indagar por qué El Salvador no participó de esta demanda, pero las organizaciones consultadas no dieron una respuesta.
