Representantes de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) aseguraron que ante el caso llamado “Destape de la Corrupción” que involucra al expresidente, Elías Antonio Saca, el fiscal General de la República, Douglas Meléndez, tiene en sus manos una oportunidad de actuar de manera imparcial y dar muestras de independencia judicial.
“Exhortamos a la FGR para que continúe con los esfuerzos de manera independiente e imparcial de investigar posibles actos de corrupción en cualquier administración pública sea pasada o presente”, cita el comunicado de la ISD.
Según el ISD, la labor que desempeña el Fiscal es importante para frenar la corrupción en El Salvador y abre las puertas a que continúe revisando otros señalamientos de casos de corrupción de las administraciones pasadas o actuales de manera transparente.
En el caso de Saca y otro seis exfuncionarios “se está hablando de un expresidente de la República con claros vínculos al sector empresarial y a la derecha política del país a pesar de que el partido político diga que no”, afirmó el coordinador de Transparencia de ISD, Ramón Villalta.
Además señalaron que aún existen otros casos de corrupción que deben ser investigados y expresaron su preocupación por la limitación que hubo en entidades que debían garantizar la transparencia de funcionarios públicos.
“Vemos con mucha preocupación en este caso del “Destape a la corrupción”, que las instituciones públicas encargadas de la fiscalización y prevención del mal uso de fondos públicos, como la Corte de Cuentas de la República (CCR), así como la encargada de la investigación de delitos de corrupción (FGR) hayan sido cooptadas en administraciones anteriores por personas que permitieron ocultar y no investigar los múltiples señalamientos de corrupción que se atribuían a estos ex funcionarios”, expresaron.
El ISD aseguró que todos los actos de corrupción que se cometen en contra del patrimonio del Estado, provocan la pérdida de recursos que están destinados a la satisfacción de los derechos fundamentales, por ello es necesario que quienes los cometen sean denunciados, investigados y procesados bajo las normas del debido proceso.
“La corrupción genera graves agravios a los principios de convivencia democrática y justicia social ya que atenta y socava la capacidad de las instituciones públicas en atender las necesidades de la ciudadanía”, agregó Óscar Campos, abogado de ISD.
