El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Oscar Cabrera, informó que hasta 2014 el impacto de la violencia en la economía ronda $4,000 millones, lo que equivale a un 16% del Producto Interno Bruto (PIB).
El valor reflejado en el PIB o valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período compila los gastos de pago de vigilancia privada que realizan los empresarios, la población en general y el Gobierno, además del pago de extorsiones que cobran los pandilleros.
El presidente del BCR aclaró que los datos serán detallados en las próximas semanas cuando se presente el estudio oficialmente en el que también se revela el impacto económico que tiene en el país el incremento de los índices de asesinatos de jóvenes que forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA).
Anteriormente, el BCR detalló que el impactó rondaba el 11% del PIB, lo que es equivalente a $2,768 millones. Asimismo reveló que el gasto en seguridad incluía los montos destinados a brindar servicios de salud a heridos, pago de seguridad privada por parte de las empresas y entidades públicas, homicidios, extorsiones y otras situaciones derivadas del fenómeno social.
A su vez que confirmaba que los homicidios y las extorsiones son los delitos que más afectan el crecimiento económico de El Salvador.
En 2015 un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que El Salvador es uno de los países que tiene los costos económicos más altos de Latinoamérica y el Caribe a raíz de la violencia y el crimen.
En documento se clasifica a los países que tienen gastos moderados con relación a la atención a la criminalidad y las pérdidas económicas por el accionar delictivo y los que tienen altos costos económicos.
En este grupo se encuentra El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Brasil, México, y Paraguay. Entre los países que tienen gastos moderados por la violencia se encuentran Costa Rica, Chile, Uruguay y Perú.
El tema de la inseguridad y violencia continúa siendo el mayor dolor de cabeza para el Gobierno Salvadoreño. Las constantes críticas por los altos índices de homicidios y la zozobra en la que viven miles de salvadoreños puntean la lista de temas en la opinión pública, incluso a nivel internacional.
Según datos estadísticos de la Policía Nacional Civil (PNC), del uno de enero al 26 de marzo de este año, se han cometido 1,943 homicidios en diferentes zonas del territorio nacional. Asimismo del uno al 28 de marzo, la PNC contabiliza 572 asesinatos; en marzo de 2015 se reportaron un total de 484.
El 2015 estuvo marcado por la búsqueda de alternativas para financiar proyectos y planes para atajar la problemática. El 17 de septiembre de 2015, el Gobierno presentó la propuesta “Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia”, con el fin establecer una contribución especial temporal -durante 10 años- destinada a la seguridad ciudadana.
Mes y medio después, con 48 votos de los grupos parlamentarios de FMLN, GANA, PCN y PDC fue aprobada la Ley de Contribución Especial que establece un incremento del 5 % sobre la factura por servicios de telecomunicaciones y la Ley de Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana.
Entonces Hacienda informaba que según cálculos tras la implementación de la nueva ley se recaudarían $140 millones al año. En el presupuesto 2016 para las tareas del ministerio de Justicia y Seguridad Pública hay un aumento de $12.3 millones, de $430 millones que le aprobaron para 2015 pasó a $442.3 en 2016.
