En la sesión plenaria número 57, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron ejecutar una serie de reformas a la Ley General del Presupuesto 2022, con la finalidad de poder inyectar más recursos al ramo de vivienda, a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y a la Fiscalía General de la República (FGR).
Estas modificaciones fueron aprobadas por los legisladores y de acuerdo a lo solicitado por el Presidente de la República, Nayib Bukele, a través del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, tanto para ANDA como para vivienda son donaciones las que se incorporarían al presupuesto nacional.
Un total de 79 parlamentarios admitieron lo requerido para el sector vivienda; 71 apoyaron lo dirigido para ANDA; mientras que 65, lo de la FGR.
Para la institución que vela por la distribución del agua potable se le asignará $93, 201, dinero proveniente del recursos de donaciones por parte del gobierno de España. Con ello, ANDA financiará los costos de la evaluación final del proyecto integrado de agua, saneamiento y medio ambiente.
Mientras que para el ramo habitacional serán $995,734 monto originado del convenio de financiamiento suscrito con la Unión Europea. Esto último fue suscrito bajo el convenio de Financiación del Programa de Apoyo a Comunidades. Solidarias en El Salvador (PACSES).
El propósito de emitir ese dinero es para que el Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) pueda financiar actividades como de legalización, construcción y mejoramiento de sitios habitacionales en municipios con altos índices de pobreza.
“Estos beneficios será para las personas más vulnerables del país y dar bienestar a las familias salvadoreñas”, comentó el legislador Héctor Sales.
Ante esto, su colega Lorena Fuentes indicó que: “Estamos logrando construir un país que todos soñamos y merecemos generando oportunidades y fortaleciendo la inclusión de las familias con una seguridad jurídica”.
Por otro lado, a la FGR se le hará un refuerzo monetario, por lo que se incorporará a la ley del presupuesto –en el área correspondiente a esa institución- un total de $14 millones para adquirir una plataforma tecnológica de vanguardia.
Este programa le permitirá obtener información en corto tiempo, única y de manera precisa sobre actividades ilícitas, con ello se facilitará los esfuerzos institucionales en la pronta acción penal en el marco del régimen de excepción.
“Es necesario seguir fortaleciendo el ministerio público, con la finalidad de cumplir con tres de sus atribuciones: la del monopolio de la investigación del delito, la defensa de la legalidad y de los intereses del Estado y de la sociedad, en tercer punto el ejercicio de la acción penal”, comentó el legislador Mauricio Ortiz. “Esto es posible gracias a la eficacia administrativa con la que ha trabajado el ministerio de Hacienda”, agregó.
