Aquella mañana del jueves 16 de noviembre de 1989, luego de una quinta noche de combates en San Salvador y su periferia, no nos imaginamos en la corresponsalía de la agencia de noticias Reuters que la llamada telefónica del sacerdote Rogelio Pedraz sería para avisarnos que habían asesinado a seis de sus compañeros jesuitas y dos mujeres en la UCA.
La llamada la recibió Richard Jacobsen y pronto con el fotoperiodista estadounidense Pat Hamilton fuimos al lugar de la matanza que impactó a El Salvador y el mundo. En el camino hablamos poco y al llegar a la residencia de los sacerdotes, al costado sur de la universidad, nos encontramos con el horror: cadáveres en el patio, entre los que estaba el del rector Ignacio Ellacuría.
Filósofo y conocedor de la Teología de la Liberación, Ellacuría y varios de sus compañeros tenían los cerebros destrozados con disparos de armas de grueso calibre. Impactante. Estupefactos veíamos los cuerpos inertes tirados en lo que luego se convirtió en un jardín de rosas en su memoria.
Llegamos después de que a las 06:00 horas terminaba la ley marcial impuesta por el gobierno debido a la mayor ofensiva militar de la guerrilla del Fmln que presionaba por negociar el fin a una guerra iniciada en 1980. Fuimos de los primeros reporteros en confirmar el crimen alevoso de los hombres de la iglesia católica y dos mujeres por un comando del Batallón Atlacatl, especializado en contra insurgencia.
Recorrimos los dormitorios y completamos la horrible escena de la matanza. Alguien nos alertó que en la cocina estaban otras dos víctimas. Abrazadas vimos a Elba y su hija adolescente Celina. Los criminales, expertos en guerra, no tuvieron compasión y descargaron sus armas sobre ambas.
Pronto la escena era observada por decenas de periodistas, curiosos, defensores de derechos humanos, otros sacerdotes, entre ellos José María Tojeira quien pese al evidente dolor que le embargaba tapaba los cadáveres y el Arzobispo de San Salvador Arturo Rivera Damas junto a su Auxiliar, Gregorio Rosa Chávez, daban testimonio del dolor y elevaban plegarias por las víctimas.
El crimen fue una de las mayores expresiones de intolerancia, que fue una de las causas de la cruenta guerra civil que en 12 años desangró a El Salvador y que causó al menos 75,000 muertos. Mientras en Alemania caía el Muro de Berlín como imagen del derrumbe del socialismo en Europa Oriental, los guerrilleros lanzaban su feroz ofensiva “Hasta el tope” para llegar con fuerza a la mesa de negociaciones.
Del alevoso crimen han pasado 30 años y recordamos a Elba y Celina Ramos, Ignacio Ellacuría, Martín Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López, pero sin que haya habido pronta y debida justicia, pese a que un tribunal condenó a un coronel y un teniente de los nueve militares que fueron acusados de la matanza.
Luego de un proceso al que muchos consideraron una farsa, los únicos condenados fueron el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yusshi René Mendoza en septiembre de 1991, pero los dos fueron liberados cuando en marzo de 1993 fue aprobada una Ley de Amnistía. Previamente los jesuitas y la UCA habían perdonado a los dos inculpados.
Pero la lucha por saber quiénes fueron los responsables de ordenar la masacre no ha cesado y la exigencia de saber la verdad ha continuado, pero tres décadas después la impunidad sigue vigente.
La Audiencia Nacional de España abrió el caso en 2011 en contra de los responsables del alto mando militar y en 2017 –luego de ser extraditado de Estados Unidos- mandó a prisión al coronel Inocente Orlando Montano, quien en 1989 era viceministro de Seguridad y miembro de “la Tandona”, oficiales del ejército que comandaron la lucha en contra de rebeldes izquierdistas desde 1980 hasta 1992, cuando se pactó el fin al sangriento conflicto, una de las últimas luchas libradas en la Guerra Fría.
