viernes, 13 de mayo del 2022
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Por Benjamín Cuéllar

Resulta evidente la campaña oficialista destinada a bombardear el inconsciente colectivo nacional, penetrarlo e instalar en el mismo la idea y el sentir de que previo al arribo de Nayib Bukele a Casa Presidencial nadie –jamás de los jamases– había trabajado por alcanzar verdad, justicia y reparación integral en para las víctimas de las salvajadas cometidas desde antes de la guerra que finalizó el 16 de enero de 1992 y durante esta. Por eso, hoy que todo está bajo control con un mando único centralizado al mejor estilo de alguna desaparecida organización guerrillera salvadoreña y de “mi general” Hernández Martínez, es cuando menos posibilidades deberían existir de desentonar entre tanta onerosa cantaleta publicitaria del régimen. Pero no falta quien se salga del libreto improvisando para “quedar bien”, aunque desconozca esa terrible etapa de nuestra historia. Entonces, sin recato hunden las extremidades inferiores hasta el fondo exhibiendo su crasa y patética estulticia al opinar sobre estos asuntos. 

Así, han querido aprovechar para “lucirse” el hecho de que el Vaticano dio un paso más en la causa de Rutilio Grande y en las de Manuel Solorzano, Nelson Rutilio Lemus y Cosme Spessoto, todos mártires de la Iglesia católica. Buen ejemplo de lo anterior es el caso de la diputada Alexia Rivas, según la cual el primero de ellos ya es beato. ¿Desde cuándo? Quién sabe, pero aseguró que el próximo sábado 22 de enero se va a “conmemorar” su beatificación; en realidad, hasta ese día tendrá lugar dicho evento luego de que el papa Francisco dispusiera el 21 de febrero del 2021 que este jesuita gozaba de la eterna bienaventuranza y merecía se le rindiera culto. “No quiero dejar de reconocer –afirmó esta parlamentaria– a todos esos hombres y mujeres valientes que ahora podemos conocer mediante la memoria histórica”. La suya se me antoja, más bien, histriónica.

A ella le hace competencia, quizás hasta desleal por abusivo, su colega Edgardo Mulato al afirmar que –“[e]n el marco de la beatificación, debemos reconocer el trabajo del padre Rutilio Grande y su deseo de apoyar a nuestra sociedad, que pasaba por momentos difíciles debido a la guerra”. A él lo masacraron con Solorzano y Lemus, de 71 y 16 años respectivamente, el 12 de marzo de 1977. La guerra entre el bien equipado ejército gubernamental y el muy incipiente de la insurgencia inició el 10 de enero de 1981, cuando esta emprendió su primera “ofensiva final”. Distinto habría sido que Mulato se hubiese referido a la “guerra sucia” del régimen al reprimir, abierta y clandestinamente, a sus opositores ciertos o figurados; entre estos, al sacerdote jesuita y sus acompañantes.

Ejerciendo como vidente la diputada Marcela Rivera –otra más– aseguró que Grande, monseñor Romero e Ignacio Ellacuría “sabían que el centro de los Acuerdos de Paz [sic] era el pueblo y todas las víctimas del conflicto”. Del primero, ya lo ubicamos en el tiempo; el segundo hizo todo lo posible por evitar el estallido, pero lo asesinaron cuando los tambores de guerra retumbaban previo a su inicio; el tercero se desvivió y fue ejecutado por los militares por haber entregado su sapiencia y su energía para promover el diálogo entre las partes beligerantes, pero sus asesinos impidieron que las aportara también para pensar y redactar dichos acuerdos.

¿Por qué hacer referencia a esos desatinos? Pues porque, si van a impulsar en serio una política pública para dignificar a las víctimas y a nuestra sociedad mancillada por la barbarie ocurrida, primero deberán escuchar y tratar con respeto a quienes sufrieron y sufren hasta ahora por todo eso. Estas personas, familias y comunidades no deben ser, además, instrumentalizadas ni sus luchas deben ser usadas para fines partidistas.

Habrá que esperar cómo avanza la “consulta” legislativa para establecer un proceso que desemboque en la elaboración y ejecución de la mencionada política pública que va más allá de la aprobación de una normativa ajustada a los parámetros determinados en la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía. Esa deuda pendiente exige seriedad y esta no ha sido la mejor característica de lo hecho hasta ahora en la Asamblea Legislativa.

Este lunes 24, como Víctimas Demandantes (VIDAS), nos reuniremos con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para dejar sentada nuestra posición y conocer cuál es su plan para cumplir a cabalidad lo ordenado por la Sala de lo Constitucional el 13 de julio del 2016. De entonces en adelante, estaremos pendientes del desarrollo del mismo, corrigiéndoles la “plana” cuando sea necesario. Para evitar esto último, un consejo: diputadas y diputados oficialistas, estudien nuestra historia y asesórense mejor. Se trata de un asunto sumamente complejo y trascendental, no de banalidades electoreras. Ya se dijo: la dignificación de las víctimas y de la sociedad salvadoreña.

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Benjamín Cuéllar
Salvadoreño. Fundador del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad, así como de Víctimas Demandantes (VIDAS). Columnista de ContraPunto.

El contenido de este artículo no refleja necesariamente la postura de ContraPunto. Es la opinión exclusiva de su autor.

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