Sin embargo, la brecha entre discursos y acciones concretas para la protección integral a víctimas de violencia en condición de desplazamiento forzado sigue siendo una brecha muy ancha. Las personas desplazadas siguen estando al margen de la concreción de programas específicos y mucho más marginados de fondos oficiales, incluyendo el presupuesto 2020 recientemente aprobado por la Asamblea Legislativa.
En el 2015, no más de cuatro organizaciones de derechos humanos (Cristosal, Iglesia Anglicana, FESPAD y CONAMUS) fueron las primeras en atreverse a hablar de la existencia de desplazamiento forzado e iniciar articulaciones con otras organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales para evidenciar esta problemática ante un gobierno que se negaba a reconocerla oficialmente. Fue claro que ante esa posición negacionista, era necesario registrar casos atendidos, informar, generar acciones de incidencia y dar acompañamiento directo a las víctimas, darles voz. Poco a poco, ante la evidencia, fue cada vez más difícil para funcionarios públicos sostener que el desplazamiento forzado por violencia no sucedía en El Salvador, o en todo caso, no era un problema relevante.
Entre el 2017 y 2018, seis grupos familiares que fueron víctimas de violencia ejercida tanto por actores estatales como no estatales tuvieron la valentía de presentar seis recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Están pendientes las resoluciones de cinco de estos amparos, aunque en tres de ellos la Sala dio medidas cautelares. De uno de estos amparos, la Corte emitió la conocida como Sentencia 411-17 que reconoció a las víctimas de este flagelo y marcó un hito en el país. Desde esta Sentencia representantes del estado pasaron del mutismo a hablar con fluidez sobre el tema. Ahora es difícil pensar que un funcionario de gobierno no incluya en su discurso la referencia a desplazamiento forzado.
Se hubiera esperado que con el reconocimiento en el discurso del desplazamiento por violencia el siguiente e inmediato paso hubiese sido la elaboración y aprobación de una legislación específica para la protección a las personas en esta condición, ello en cumplimiento de la Sentencia 411-17. Eso no pasó. Se encuentran estancadas cuatro propuestas presentadas ante la Asamblea Legislativa y la tendencia es excluir uno de los aspectos principales que dicta la normativa internacional, el de garantizar reubicación digna a los desplazados y la restitución de sus derechos bajo el enfoque conocido como soluciones duraderas.
El argumento actual para no contemplar en una legislación específica soluciones duraderas, como también era el argumento de la anterior gestión gubernamental, es que las acciones en materia de seguridad pública impactarán de tal manera que disminuirá el desplazamiento. Las cifras desmienten esta narrativa. Lejos de disminuir, las estadísticas de desplazados han aumentado en entre el 2018 en comparación al 2019. Omitir el componente de reubicación comunitaria de las personas desplazadas, implica también incumplimiento de la Sentencia 411-17, que mandata la recuperación de territorios controlados por estructuras de delincuencia y crimen organizado bajo la aplicación del enfoque de soluciones duraderas.
Se hubiese esperado también que se destinaran recursos para que instancias del Estado empezaran a ejecutar programas específicos para la atención directa a las víctimas. Eso tampoco ha pasado. Las instancias gubernamentales se limitan a referir a organizaciones sociales e iglesias los casos de personas que recurren a sus puertas, aunque en el discurso y a los nombres de las unidades y áreas se les ha agregado el título de “atención a desplazados y migrantes forzados”. Se sigue evadiendo la atención directa y protección a las víctimas, la obligación que corresponde al Estado de garantía y protección de los derechos de las personas desplazadas.
Sí. Después de la indiferencia de muchos, la negación con descaro y fallidas cruzadas para invisibilizar lo evidente, ahora hablar de desplazamiento y migración forzada está en el foco de atención en la agenda nacional. En una competencia de elocuentes discursos que riñen protagonismo, acceso a recursos internacionales y el control de la “experticia” del tema, no parece que lo verdaderamente importante sea el centro de la preocupación del ahora variopinto espectro de actores en el escenario. Los desplazados internos, la atención directa desde instancias del estado a las víctimas de violencia en dicha condición siguen estando, cuando están, al final de la agenda, al final de los presupuestos, al final de las acciones concretas. Solo discurso, solo palabras, solo planes que no conocemos en el propio país presentados ante organismos internacionales en el exterior… ¿hasta cuándo seguirá siendo así?
