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sábado, 15 de mayo del 2021

Hablando de impunidades

El próximo sábado 16 de noviembre ‒es decir, dentro de cuatro meses‒ se cumplirán tres décadas de la masacre ocurrida en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA). No del “caso jesuitas”, porque Elba y Celina Ramos no lo eran; eran dos mujeres: una madre trabajadora y su hija estudiante, respectivamente. El resto de ví­ctimas, seis en total, sí­ eran sacerdotes de dicha orden religiosa fundada en 1534: la Compañí­a de Jesús. En su momento, esta matanza impactó al mundo por la saña utilizada al momento de los hechos y, luego, por los cí­nicos intentos oficiales de favorecer a sus autores principales echándole la culpa a la entonces guerrilla.

Poco a poco, lo segundo fue desmontándose en la medida de lo posible; sin embargo, los responsables imprescindibles ‒los que dieron la orden, no quienes la ejecutaron‒ fueron cubiertos con el manto de la impunidad oficial que legal y simbólicamente los ha protegido hasta hoy dí­a. ¡Sí­! Porque al no haber funcionado el sistema de justicia interno para impartirla, se perdió una oportunidad de oro para el paí­s: lanzar quizás uno de los mejores y más importantes mensajes en lo relativo al imperio de la ley dentro de este. Se pudo haberle dejado claro que, en adelante, ya nadie estarí­a por encima de la misma; pero no, se hizo lo contrario.

Y a estas alturas, la jerarquí­a militar renovó el compromiso con los perpetradores de dicha masacre: el actual ministro de la Defensa Nacional ‒capitán de naví­o, René Merino Monroy‒ hace pocos dí­as le entregó un “pin de reconocimiento” al general Juan Orlando Zepeda, por su participación en la guerra contra Honduras hace 50 años. Zepeda es uno de los señalados desde siempre como parte de la autorí­a intelectual de la alevosa ejecución de las dos mujeres y los seis curas en la UCA; por ello, es parte del grupo de acusados por la justicia universal en España al que siempre ha respaldado el Estado salvadoreño.

En este escenario, pues, estamos ante las cuatro dimensiones de la impunidad señaladas y bien descritas por el chileno Roberto Garretón: la penal, la moral, la histórica y la polí­tica. La primera es aquella que favorece a quienes cometieron crí­menes contra la humanidad “perfectamente definidos hoy en dí­a”, los cuales “no pueden quedar impunes” Deben castigarse “luego de un juicio justo”.

La segunda, según este colega y amigo: “Cada criminal que ordenaba un crimen y cada criminal que ejecutaba un crimen, se creí­a un salvador de la patria”. “Nosotros estamos con la conciencia tranquila de que no hicimos nada malo”,  decí­an y dicen. Pero eso no es cierto; debe establecerse la verdad, para que esta “vaya manchando sus conciencias”. Sobre la histórica, Roberto dice socarrón: “Todos estos tipos quieren estatuas y a caballo, si es posible. […] Pues, no. Que exista una memoria colectiva, que se escriba la historia, que haya museos. Que se denuncie la cultura de la impunidad y se rechace la violencia, con la condena histórica”.

Finalmente, se refiere a la polí­tica. “La dictadura fue una obra de mucha otra gente. De economistas, de abogados, de curas, de intelectuales, que la legitimaron y de empresarios que se enriquecieron con ella. Aunque no hayan ido a buscar a nadie, no hayan torturado, no hayan matado, ellos legitimaron la dictadura y deberí­an tener algún tipo de penalidad polí­tica; por ejemplo, deberí­an ser inhabilitados para ejercer cargos públicos por 30 años o por toda sus vidas”.

Pero no. Acá esos poderes fácticos, cada cual a su manera, amnistiaron y escudaron de variadas formas a los perpetradores de las atrocidades durante los gobiernos “areneros” y “efemelenistas”. El problema es que ahora, pasadas dichas administraciones presidenciales, aunque la forma parezca cambiar el fondo se advierte similar. La impunidad penal se mantiene por diversas razones y distintos procederes, pese a los esfuerzos que durante tanto tiempo hicimos dentro del paí­s y que continuamos haciendo fuera de este. ¿Y las otras?

Pues el reciente reconocimiento a Zepeda deberí­a asumirse como un llamado de atención. Primero, para la población en general: debe estar atenta, crí­tica y activa frente al desempeño del Gobierno encabezado por Nayib Bukele para interpelarlo cuando afecte sus intereses, sea por acción o por omisión. En segundo lugar, para este último: debe dejarnos claro si aprueba el homenaje para quien, hoy por hoy, es prófugo de la justicia universal por el caso de la masacre en la UCA. Si Bukele se opone, que le “ordene” al ministro Merino recupere el “pin” entregado. ¿O no?

Benjamín Cuéllar
Benjamín Cuéllar
Salvadoreño, Fundador del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad, así como de Víctimas Demandantes (VIDAS). Columnista de ContraPunto

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