El próximo sábado 16 de noviembre ‒es decir, dentro de cuatro meses‒ se cumplirán tres décadas de la masacre ocurrida en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA). No del “caso jesuitas”, porque Elba y Celina Ramos no lo eran; eran dos mujeres: una madre trabajadora y su hija estudiante, respectivamente. El resto de víctimas, seis en total, sí eran sacerdotes de dicha orden religiosa fundada en 1534: la Compañía de Jesús. En su momento, esta matanza impactó al mundo por la saña utilizada al momento de los hechos y, luego, por los cínicos intentos oficiales de favorecer a sus autores principales echándole la culpa a la entonces guerrilla.
Poco a poco, lo segundo fue desmontándose en la medida de lo posible; sin embargo, los responsables imprescindibles ‒los que dieron la orden, no quienes la ejecutaron‒ fueron cubiertos con el manto de la impunidad oficial que legal y simbólicamente los ha protegido hasta hoy día. ¡Sí! Porque al no haber funcionado el sistema de justicia interno para impartirla, se perdió una oportunidad de oro para el país: lanzar quizás uno de los mejores y más importantes mensajes en lo relativo al imperio de la ley dentro de este. Se pudo haberle dejado claro que, en adelante, ya nadie estaría por encima de la misma; pero no, se hizo lo contrario.
Y a estas alturas, la jerarquía militar renovó el compromiso con los perpetradores de dicha masacre: el actual ministro de la Defensa Nacional ‒capitán de navío, René Merino Monroy‒ hace pocos días le entregó un “pin de reconocimiento” al general Juan Orlando Zepeda, por su participación en la guerra contra Honduras hace 50 años. Zepeda es uno de los señalados desde siempre como parte de la autoría intelectual de la alevosa ejecución de las dos mujeres y los seis curas en la UCA; por ello, es parte del grupo de acusados por la justicia universal en España al que siempre ha respaldado el Estado salvadoreño.
En este escenario, pues, estamos ante las cuatro dimensiones de la impunidad señaladas y bien descritas por el chileno Roberto Garretón: la penal, la moral, la histórica y la política. La primera es aquella que favorece a quienes cometieron crímenes contra la humanidad “perfectamente definidos hoy en día”, los cuales “no pueden quedar impunes” Deben castigarse “luego de un juicio justo”.
La segunda, según este colega y amigo: “Cada criminal que ordenaba un crimen y cada criminal que ejecutaba un crimen, se creía un salvador de la patria”. “Nosotros estamos con la conciencia tranquila de que no hicimos nada malo”, decían y dicen. Pero eso no es cierto; debe establecerse la verdad, para que esta “vaya manchando sus conciencias”. Sobre la histórica, Roberto dice socarrón: “Todos estos tipos quieren estatuas y a caballo, si es posible. […] Pues, no. Que exista una memoria colectiva, que se escriba la historia, que haya museos. Que se denuncie la cultura de la impunidad y se rechace la violencia, con la condena histórica”.
Finalmente, se refiere a la política. “La dictadura fue una obra de mucha otra gente. De economistas, de abogados, de curas, de intelectuales, que la legitimaron y de empresarios que se enriquecieron con ella. Aunque no hayan ido a buscar a nadie, no hayan torturado, no hayan matado, ellos legitimaron la dictadura y deberían tener algún tipo de penalidad política; por ejemplo, deberían ser inhabilitados para ejercer cargos públicos por 30 años o por toda sus vidas”.
Pero no. Acá esos poderes fácticos, cada cual a su manera, amnistiaron y escudaron de variadas formas a los perpetradores de las atrocidades durante los gobiernos “areneros” y “efemelenistas”. El problema es que ahora, pasadas dichas administraciones presidenciales, aunque la forma parezca cambiar el fondo se advierte similar. La impunidad penal se mantiene por diversas razones y distintos procederes, pese a los esfuerzos que durante tanto tiempo hicimos dentro del país y que continuamos haciendo fuera de este. ¿Y las otras?
Pues el reciente reconocimiento a Zepeda debería asumirse como un llamado de atención. Primero, para la población en general: debe estar atenta, crítica y activa frente al desempeño del Gobierno encabezado por Nayib Bukele para interpelarlo cuando afecte sus intereses, sea por acción o por omisión. En segundo lugar, para este último: debe dejarnos claro si aprueba el homenaje para quien, hoy por hoy, es prófugo de la justicia universal por el caso de la masacre en la UCA. Si Bukele se opone, que le “ordene” al ministro Merino recupere el “pin” entregado. ¿O no?
