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martes, 11 de mayo del 2021

Guatemala calla ante una rebelión y la injusticia

Entidades internacionales y locales han señalado que el caso "las niñas de Guatemala" es responsabilidad del Estado porque no pudo resguardar sus vidas

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Guatemala figura desde hace unos dí­as en la boca de todos. El caso de “las niñas de Guatemala” que murieron calcinadas en el Hogar Seguro “Virgen de la Asunción” ha puesto en evidencia -según entidades defensoras de los derechos humanos- la “negligencia” de las instancias estatales responsables de la protección de la niñez en ese paí­s.

“Esta fue una rebelión de niñas. Cualquiera que viva aquí­ cerca sabe que esto es un infierno”, afirmó una vecina del albergue a los medios guatemaltecos.

El pasado siete de marzo un grupo de adolescentes lograron escapar del Hogar y denunciaron múltiples violaciones a sus derechos. La intervención de la policí­a permitió localizar a un número indeterminado de adolescentes, quienes fueron tratadas como delincuentes y expuestas a los medios de comunicación sin respetar su calidad de ví­ctimas menores de edad.

Tras estas acciones, la madrugada del 8 de marzo, marcó un nuevo giro. Un incendio, cuyas causas se desconocen, cobró la vida de 40 niñas de entre 14 a 17 años y otras luchan por sus vidas con graves quemaduras. La defensora de la Niñez de Guatemala, Gloria Castro, ha afirmado que las niñas y adolescentes fallecidas estaban encerradas "bajo llave" cuando se inició el fuego.

El Estado de Guatemala ya tení­a diversos señalamientos de las graves condiciones y violaciones a los derechos humanos en las que viví­an más de 500 niños, niñas y adolescentes encerrados en el hogar mencionado.

La versión oficial, sin embargo, ignora por completo las historias de abuso y violencia. Trata de menores, violaciones, golpizas y hasta un asesinato habí­an sido denunciados por varios años. Residentes del albergue habí­an afirmado que durante su estancia en Hogar Seguro fueron ví­ctimas de maltrato fí­sico, psicológico y sexual.

El Presidente Jimmy Morales, ha sido duramente criticado por la falta de acción de su gobierno ante la tragedia, no obstante, segura que solicitó apoyo al gobierno estadounidense para que el Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) apoye las investigaciones.

La Red Latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (REDLAMYC) demandó una “acción urgente” al Comité de los Derechos del Niño, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a otras instancias para exigir al Estado de Guatemala a resguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes ví­ctimas de los acontecimientos acaecidos en el mencionado hogar.

Según la Red, “se evidencia la negligencia de las instancias estatales responsables de la protección de la niñez guatemalteca” y la preocupación se agudiza al tratarse de niñas menores de edad, debido a que la violencia sexual contra ellas acarrea mayores riesgos médicos y psicosociales.

El Hogar Seguro es un espacio administrado por el Estado y financiado con fondos públicos sociales y donde, pese a contar con capacidad solo para 400 personas, viví­an casi 800. Existen más de 16 denuncias ante la Procuradurí­a de los Derechos Humanos (PDH) guatemalteca desde 2015 ante lo cual, iniciaron las investigaciones por desaparición y trata de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual y reclutamiento forzoso.

En noviembre pasado el Procurador solicitó medidas cautelares a la CIDH para buscar la protección de niñas y niños albergados en este lugar.

 El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) también reaccionó ante el hecho y recordó que Guatemala, dentro de su marco normativo, cuenta con protocolos de atención y actuación los cuales en este caso no se estarí­an implementando. En este escenario, recuerda la obligación del Estado de implementar debidamente la Convención de Belém do Pará, instrumento internacional.

El gobierno guatemalteco destituyó el pasado lunes a los tres funcionarios, la acción se da cinco dí­as después del incidente. Jorge de León, procurador de Derechos Humanos, dijo que la decisión del presidente es tardí­a, pues debió ocurrir el mismo dí­a del incendio. "Aquí­ el Estado es responsable de las muertes de las niñas, porque no pudo resguardar sus vidas", dijo de León a la prensa local.

*Las imágenes que ilustran esta nota han sido retomadas del periódico guatemalteco Nómada

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