Imperdonable. Este 12 de marzo no escribí sobre las cuatro décadas transcurridas desde la emboscada en la cual fallecieron Manuel Solórzano de 72 años y Nelson Rutilio Lemus de 16, ambos campesinos, y Rutilio Grande cercano a cumplir 50. Este sacerdote, junto al también jesuita José María Cabello, a mis escasos 15 “abriles” me marcaron.
Conocí en 1971 a Rutilio en el Externado de San José en 1971, el colegio de la Compañía de Jesús. Era prefecto de disciplina en secundaria. Ese cargo no era para él; por ello, en 1972 se fue de párroco a la iglesia Señor de las Misericordias en Aguilares, San Salvador.
Por él descubrí los textos finales de la segunda Conferencia general del episcopado latinoamericano realizada en 1968, conocidos como los Documentos de Medellín por ser esa ciudad la sede del evento.
Estos y las conversaciones con el padre Grande, lo llamábamos así respetuosamente, fueron claves para mi discurso pronunciado en la conmemoración de la “independencia” ante padres y madres de familia, curas y buena parte del profesorado que atónitamente me escuchaban ‒quizás con molestia‒ en el entonces más elitista colegio privado salvadoreño.
No supe de él, hasta que lo mataron. Pero sí sé que Rutilio llevó a monseñor Romero al Socorro Jurídico Cristiano (SJC), fundado en 1975 cuando el rector “externadista” era Segundo Montes ‒jesuita y mártir, también‒ quien abrió las puertas de la institución para ello. Fundador y primer director del SJC fue mi hermano Roberto, quien los conoció a ambos.
Las graves violaciones de derechos humanos, la amplia exclusión social ‒principalmente entre el campesinado‒ y la impunidad imperante, eran temas que a Rutilio y Romero, los relacionaron con “Beto”; los dos curas querían utilizar el “Derecho justo”, como instrumento útil para reivindicar la dignidad pisoteada del pueblo por un sistema del todo injusto.
¿Por qué Rutilio llevó a Romero al SJC? El 31 de marzo de 1978, el segundo inició su Diario personal y habló de la más importante reunión de esa fecha: se juntó con el personal del SJC y hablaron de las dificultades para auxiliar legalmente a tantas víctimas. Antes había buscado abogados experimentados, sin éxito. La razón: el caso de Rutilio Grande. Desconfiado al principio por la juventud de los “socorristas”, Romero se agarró de sus manos y no se soltó hasta el final.
Ejecutado su amigo y sus dos acompañantes, monseñor dijo que no asistiría a los actos gubernamentales mientras no se aclararan esos hechos. No concurrió entonces a la investidura presidencial del general Carlos Humberto Romero, ministro de Defensa y Seguridad Pública de la administración del coronel Arturo Armando Molina.
Considerando la cadena de mando castrense, el general Romero también era responsable las graves violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1972 y 1977. Iniciaron con la toma militar de la Universidad de El Salvador, el 16 de julio de 1972, seguida por la masacre estudiantil el 30 de julio del mismo mes.
Resulta paradójico que el actual Gobierno del FMLN apoyara decretar tres días de duelo nacional, por el fallecimiento del general Romero el pasado lunes 27 de febrero. Este fue el último presidente derrocado ‒entre otras razones‒ por dichas violaciones en perjuicio del pueblo organizado en las cinco organizaciones que integraron el frente guerrillero, ahora partido político peleando elecciones impúdicamente. Pero no hizo nada en homenaje a Rutilio el “grande”, cuatro décadas después de su martirio. Una pequeñez más de la antigua dirigencia “rebelde”.
