El secretario técnico y de planificación de la Presidencia, Roberto Lorenzana, aseguró que el gobierno, a través del Ministerio de Economía y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), trabaja en una revisión exhaustiva de la base de datos de beneficiarios del subsidio a la energía eléctrica para depurar y que sean beneficiadas únicamente “las personas de más bajos ingresos”.
El funcionario agregó que se trabaja en las reformas reglamentarias correspondientes, que es una facultad que le corresponde al FINET (Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía), y la organización y la focalización de las personas en esta base datos es una atribución que se le ha transferido al Ministerio de Economía (MINEC).
Sobre la cantidad de beneficiarios con este subsidio, el secretario técnico dijo este lunes que podría andar por el orden de un 10 a 15% de todos los consumidores. El funcionario aclaró que siempre estará abierta la posibilidad para que una familia que se considere afectada, porque realmente necesita el beneficio que otorga el gobierno, acuda a las instancias del MINEC para solicitar la revisión de su caso.
Lorenzana indicó que se está resolviendo la problemática del retraso del pago a los proveedores de gas licuado subsidiado y aclaró que el fenómeno no es nuevo, sino histórico. “Antes se les debía a las empresas millones de dólares, (“¦). Ahora en estos últimos años ha sido bastante normal, son retrasos menores de $500 mil, $200 mil; pero son retrasos que se van respondiendo oportunamente”, explicó.
Se prevé que cerca de 198 mil personas se quedarán sin subsidios con la focalización que el MINEC y aplicará a partir de septiembre en las transferencias para electricidad, agua y gas. Autoridades han reiterado que la medida no pretende afectar a personas de clase media, ni a negocios de sobrevivencia, defendió el funcionario.
Por ello se contará con datos de consumo e ingresos que ya se usan en el subsidio al gas. Recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI), centros de investigación y los analistas denuncian que este gasto sigue desordenado y que requiere de la mayor eficiencia posible, por la importancia que tiene en superar condiciones de pobreza.
