El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Gobierno de El Salvador firmaron un préstamo por 100 millones de dólares para fortalecer el trabajo de seguridad pública en materia de infraestructura, equipo policial básico y especializado con el fin de mejorar su capacidad operativa y de respuesta.
El financiamiento permitirá aumentar la construcción, rehabilitación y mejora de delegaciones policiales, la dotación de flota vehicular, mejorar las capacidades de la investigación criminal, dotar de infraestructura y equipamiento que aumente la eficiencia y eficacia en la operatividad de la policía, y fortalecer las capacidades y conocimientos del personal policial.
“Es una inversión que busca potenciar capacidades y generación de oportunidades”, dijo Raúl Castaneda, gerente del BCIE por El Salvador.
El convenio destinado para fortalecer el “Programa Especial de Seguridad Ciudadana en El Salvador (PESCES)”, busca desarrollar las capacidades de la Policía Nacional Civil (PNC) en materia de combate y persecución del delito por medio de intervenciones que contribuyan a la investigación criminal, la operatividad y presencia policial en todo el territorio nacional.
“Es de importancia estratégica el que la PNC cuente con su propia infraestructura y que la misma sea diseñada y desarrollada con criterios de funcionalidad de una unidad policial”, expresó el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde.
De acuerdo con Castaneda, el BCIE ha financiado programas de seguridad en el país desde 2012 por un monto de 240.9 millones de dólares para apoyar la reducción de la delincuencia y la violencia.
“Dar seguridad ciudadana constituye una de las grandes prioridades y retos de nuestro gobierno quien ha implementado estrategias y líneas de acción definidas en el plan El Salvador Seguro”, afirmó el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres.
El préstamo del BCIE tiene un plazo de 20 años que incluye un período de gracia de cinco años, y tiene previsto generar 2,665 empleos temporales para las actividades de construcción, rehabilitación y mejora de infraestructura, y de 76 nuevos empleos fijos, principalmente personal para el manejo de equipo especializado, previendo que el 15 por ciento de estos sean mujeres.
Este préstamo se da en momentos en que el Órgano Legislativo discute la aprobación de un bono de 152 millones de dólares para el financiamiento de las medidas extraordinarias de seguridad que buscan combatir y prevenir la violencia en el país.
De acuerdo a un informe presentado el pasado mes de abril por la Red de Investigadores del Banco Central (REDIBACEN), el costo económico de la violencia para el Gobierno salvadoreño, empresas y hogares asciende a $4,026.3 millones, lo que equivale al 16% de Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
