Un grupo de entre 35 y 40 personas fueron cesadas de sus empleos en el canal Gentevé, de acuerdo a personas que trabajaron en esa empresa que es del FMLN y que está intervenida por el Estado porque el dueño de la señal, Jorge Hernández, está es procesado por actos de corrupción, entre ellos lavado de dinero.
Uno de los afectados, que pidió no mencionar su nombre, señaló que este fin de semana que el gerente del canal les explicó que no hay “suficiente liquidez” y que no pueden seguirles pagando el salario. Los clientes que pautaban publicidad en Gentevé dejaron de renovar contratos y con eso se vinieron abajo los ingresos que habían mantenido.
Canal Gentevé se caracterizó por emitir información y opinión del FMLN y del Gobierno mientras estuvo el partido al frente del Ejecutivo. Su publicidad provenía, en buena parte, de estas dos fuentes. No obstante, no era considerado un canal oficial.
El empleado que habló a condición de anonimato mencionó que “uno de esos clientes era ALBA Petróleos. Cuando tuvieron el problema con la Fiscalía fue como la estocada final”, señaló. Ya cuando se acercaba el cambio de Gobierno, se sospechaba que no los podrían mantener por mucho tiempo más: “ya desde hace como un mes, más o menos, esperábamos la reunión”, comentó el exempleado.
El gerente del canal los reunió esta tarde para comentarles la situación. Aclaró, además, que les pagarán las indemnizaciones y la quincena de junio que les deben. Aseguran que, este año, los patronos comenzaron a atrasarse con los salarios y los transferían hasta en tres partes.
Es probable que dos de los 10 empleados que tenían en Prensa puedan regresar al canal, pero eso se definirá la próxima semana. Mientras tanto, solo los empleados de transmisión se han quedado alimentando la programación de Gentevé.
El 6 de junio, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) publicó en su cuenta institucional de Twitter que el Canal Gentevé les debía pagos por US$272,712.18 por el uso del espectro radioeléctrico (ya que es un bien público que se puede aprovechar pagando la respectiva cuota al Estado).
ALBA Petróleos, uno de los clientes de ese medio de comunicación, cesó de pautar cuando la Fiscalía General de la República (FGR) avanzó en su investigación penal en contra de la empresa porque observaron indicios de lavado de dinero. Sus investigaciones también incluirán a personas relacionadas con la empresa.
Según una nota de La Prensa Gráfica, la Fiscalía tiene un informe en el que los investigadores no lograron identificar el origen de US$3,242 millones de las cuentas de ALBA Petróleos. El referido informe, firmado por un coordinador y un analista, consigna que se estudió el período de enero 2010 a marzo 2019, aunque la nota no especifica por qué ese período.
En dos movimientos diferentes, el gobierno de los Estados Unidos afectó a esta empresa, que fundó el FMLN. Primero, al sancionar a las empresas en las que Petróleos de Venezuela tuviera un 50 %, o más, de participación. En ALBA Petróleos de El Salvador, su participación es de 60 %. Meses después, el gobierno estadounidense incluyó a José Luis Merino, máximo dirigente de ALBA, en la Lista Negra de personajes vinculados con el narcotráfico, la corrupción o el financiamiento ilícito a campañas electorales. Merino, hasta el cambio de Gobierno, mantuvo su inmunidad de funcionario.
