El exprocurador de los Derechos Humanos, David Morales, denunció que el proyecto de Registro de Víctimas del Conflicto Armado se encuentra varado desde hace cuatro meses, debido a la disolución de la Secretaría de Inclusión Social (SIS) realizada por el actual administración presidencial.
“Los decretos presidenciales que le dieron vida (al proyecto) han quedado sin efecto, por la disolución de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia y de Inclusión Social. Además, no se ha tenido capacidad de reorganizar a cuatro meses de haberse cambiado de gobierno”, expresó.
El también representante legal de Cristosal, dijo que era el único programa del Gobierno anterior que estaba intentando cumplir con los procesos de reparación a quienes sufrieron secuelas durante el conflicto armado, a pesar que los recursos eran “limitados e insuficientes”.
“Concretamente los registros son mecanismos o sistemas destinados básicamente a identificar victimas que pueden aplicar a beneficios de políticas públicas”, indicó.
Sostuvo que muestra de ello fue el censo de víctimas que se encontraban en cantón El Mozote, Arambala, Morazán, creado en la administración presidencial anterior y que permitió que el actual gobierno les diera acceso a vivienda digna.
Por lo tanto, aseguró que es necesario que el Gobierno le preste el interés adecuado a este proyecto, en función de las miles de personas que fueron afectadas.
Fondos para reparación integral en Ley de Reconciliación Nacional
Otro aspecto que le genera preocupación a Morales, es la reparación económica para las víctimas del conflicto armado que debería estar contenida en la Ley de Reconciliación Nacional, ya que a su juicio no se le ha dado la importancia y no se explica cómo se obtendrían los fondos para cumplir con esta obligación.
“Uno de los puntos clave es que se busque el financiamiento de las reparaciones y justamente no solo redactando que dice que de acuerdo a la disponibilidad del Estado verá cómo se pone en el presupuesto, así como sucede con el fondo humanitario para migrantes o como lo fue en un momento el fondo para veteranos, que se declara que va a existir en el presupuesto pero nunca hay disponibilidad y no se dan los beneficios”, detalló.
Ante esto, manifestó que exigen que se vincule le fondo de reparaciones a ciertos impuestos especiales, como se hizo recientemente en el caso de los veteranos.
“Se podría en el impuesto de la gasolina o de los fondos provenientes de la extinción del dominio, que son ganancias incautadas al crimen organizado, la telefonía es optación para poder garantizar porque de lo contrario lo que tendríamos es una letra muerta donde se dice que habrán reparaciones y van a pasar 10 años sin que las victimas vean una reparación”, apuntó.
Asimismo, indicó que es necesario que la Asamblea Legislativa apruebe la ley para este 16 de noviembre, que es el plazo límite que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le ha dado al parlamento salvadoreño para entregar el documento.
Para ello los diputados de la subcomisión de la Asamblea Legislativa que estudia la creación de la Ley de Reconciliación Nacional, desarrollaron una gira de entrevistas desde el pasado 24 de agosto.
Sin embargo, representantes de la Fundación Roque Dalton (FRD) y el Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad (LIASCI), del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES) han mostrado inconformidad con el proceso debido a que no se tiene una información veraz y pertinente de cómo va el avance de las consultas.
