Por Alonso Rosales
La Fiscalía de Florida acusa al expresidente cubano de conspiración para cometer asesinato en primer grado por la muerte de cuatro ciudadanos estadounidenses. La medida se suma a los cargos presentados por la Justicia federal y reabre un caso que ha marcado las relaciones entre Washington y La Habana durante casi tres décadas.
— La Fiscalía de Florida anunció la emisión de una orden de arresto estatal contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años, por su presunta participación en el derribo de dos avionetas civiles de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996 y que dejó cuatro personas fallecidas.
La medida fue anunciada este lunes por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien informó que la orden fue firmada por un juez después de que las autoridades estatales reabrieran la investigación sobre el incidente, ocurrido cuando Castro ocupaba altos cargos dentro de la estructura política y militar de Cuba.
De acuerdo con la Fiscalía, el exmandatario enfrenta una acusación por conspiración para cometer asesinato en primer grado. Las autoridades estadounidenses sostienen que habría desempeñado un papel determinante en la cadena de mando que autorizó el ataque contra las aeronaves.
«Raúl Castro ordenó el asesinato a sangre fría de cuatro residentes de Florida», afirmó Uthmeier, según las declaraciones recogidas en el reporte sobre el caso.
Las acusaciones, sin embargo, deberán ser examinadas dentro del proceso judicial y no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad.
El ataque que provocó una crisis internacional
El derribo ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando dos avionetas Cessna pertenecientes a Hermanos al Rescate fueron interceptadas y destruidas por cazas MiG de las Fuerzas Armadas cubanas.
Las cuatro víctimas fueron identificadas como Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr., integrantes de la organización, con sede en Miami, que realizaba vuelos de búsqueda y asistencia para localizar a cubanos que intentaban abandonar la isla por mar.
Según la investigación citada por la Fiscalía de Florida, las aeronaves habían despegado del aeropuerto de Opa-Locka, en el condado de Miami-Dade, y se encontraban fuera de las aguas territoriales cubanas cuando fueron derribadas con misiles aire-aire.
La organización sostenía que sus vuelos tenían fines humanitarios y de asistencia. Las avionetas no estaban armadas.
El incidente provocó una fuerte condena internacional y profundizó las tensiones entre Estados Unidos y Cuba, cuyas relaciones ya estaban marcadas por décadas de enfrentamiento político, sanciones económicas y disputas diplomáticas.
La Fiscalía señala una posible cadena de mando
La investigación estatal sostiene que integrantes del Gobierno cubano recopilaban información de inteligencia en comunidades de Florida y la transmitían a La Habana. Según la acusación, esos datos podrían haber contribuido a localizar las aeronaves antes del ataque.
Los fiscales consideran que Raúl Castro, quien entonces dirigía el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y ocupaba también la vicepresidencia del Consejo de Estado, habría participado en la cadena de decisiones que condujo al derribo.
La Fiscalía sostiene que el entonces alto mando militar habría transmitido instrucciones a oficiales cubanos para atacar las avionetas si aparecían en la zona señalada.
Estas afirmaciones forman parte de la versión de los fiscales estadounidenses. Su alcance y las pruebas que las respaldan deberán determinarse en los procedimientos judiciales correspondientes.
Se suma a los cargos federales presentados en mayo
La orden de arresto estatal representa un nuevo frente judicial para el exmandatario cubano y se suma a la acusación formal presentada en mayo por la Justicia federal estadounidense por los mismos hechos.
La investigación federal contempla cargos relacionados con el asesinato y la conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con la información difundida sobre el expediente.
La decisión de Florida de reactivar el caso en marzo y avanzar ahora con una orden de arresto demuestra que las autoridades estadounidenses buscan establecer responsabilidades penales por un episodio que permanece abierto en la memoria de las comunidades cubanas del exilio.
El tribunal dispuso que Castro no tenga derecho a salir en libertad bajo fianza, según el reporte. No obstante, la ejecución de la orden enfrenta un obstáculo importante: el expresidente reside en Cuba, fuera de la jurisdicción territorial directa de las autoridades de Florida.
Castro se retiró de sus principales cargos políticos en 2021, aunque continúa siendo una figura histórica de influencia dentro del sistema político cubano.
Un caso judicial en medio de las tensiones entre Washington y La Habana
La decisión se produce en un contexto de creciente presión de la Administración del presidente Donald Trump sobre el Gobierno cubano, en medio de nuevas medidas contra La Habana y de la grave crisis económica que atraviesa la isla.
La orden de arresto podría añadir un nuevo elemento de tensión a las relaciones bilaterales, especialmente por las dificultades que supondría llevar al exmandatario ante un tribunal estadounidense mientras permanezca en territorio cubano.
Por ahora, la medida representa un avance dentro de la estrategia judicial de las autoridades de Florida, pero no significa que Raúl Castro haya sido detenido ni que exista una condena en su contra.
El desarrollo del caso dependerá de los siguientes pasos procesales, de la disponibilidad de pruebas y de las posibilidades legales y diplomáticas para ejecutar la orden.
Casi treinta años después del derribo de las avionetas, la investigación vuelve a colocar en el centro del debate la responsabilidad de los mandos militares y políticos en uno de los episodios más graves del enfrentamiento entre Estados Unidos y Cuba.
