sábado, 13 abril 2024

Fiscalí­a confirma suspensión de ESA de grupo internacional antilavado de dinero

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La suspensión afecta muchos casos que están en los juzgados y en investigación sobre delitos vinculados a corrupción y lavado de dinero

La Fiscalí­a General de la República (FGR) confirmó oficialmente este lunes que El Salvador ha sido suspendido del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, debido a que Asamblea Legislativa no superó un veto presidencial que impidió que se le otorgase autonomí­a técnica a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la FGR.

De acuerdo con la Fiscalí­a, la suspensión entró en vigencia el pasado 24 de septiembre en el marco de la decimoquinta plenaria de Grupo Egmont. Ahí­, se le comunicó verbalmente a una representación  de la Fiscalí­a salvadoreña, la cancelación de paí­s al acceso de la plataforma de intercambio de información mundial. Oficialmente el paí­s fue notificado hasta el pasado 12 de octubre.

“La resolución del Grupo Egmont establece que han dado seguimiento a todos los esfuerzos realizados por la FGR para evitar la suspensión, pero que la opinión de la Presidencia de la República fue determinante para suspender al paí­s, ya que deberí­a ser desde ese Órgano que deberí­a de liderarse la prevención del lavado de dinero y activos en el paí­s”, expresa la FGR.

La reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalí­a fue aprobada por la Asamblea Legislativa en julio de este año pero en agosto dicha reforma fue vetada por el presidente Salvador Sánchez Cerén, pese a que el fiscal general, Douglas Meléndez, subrayó la importancia ante la Asamblea Legislativa de superar el veto.

“De continuar como hasta este dí­a, donde no se le ha dotado de autonomí­a  técnica y operativa a la UIF, en julio de 2019 durante la reunión que grupo Egmont realizará en los Paí­ses Bajos, la UIF de la Fiscalí­a salvadoreña será expulsada de dicho grupo”, manifiesta la FGR.

Añade que con esta suspensión, varias solicitudes de información que se han hecho a diferentes paí­ses, quedarán sin ser respondidas, afectando directamente  muchos casos que están en los juzgados y en investigación sobre delitos vinculados a corrupción y lavado de dinero.

La FGR concluye que podrí­a haber repercusiones financieras y comerciales para el paí­s, y urge a la Asamblea Legislativa y a la Presidencia de la República a solventar este impase lo antes posible.

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