La Corte Penal Internacional (CPI), a través de su fiscal Karim Khan, ha pedido la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y varios líderes de Hamás, incluyendo a Yahya Sinwar, jefe del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Gaza, Mohammed Diab Ibrahim al Masri, alias Deif, y Ismail Haniyeh, líder de la oficina política de Hamas.
Khan acusa a estos individuos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la guerra en Gaza. En particular, responsabiliza a Sinwar y otros líderes de Hamas por el asesinato de cientos de civiles israelíes y la toma de al menos 245 rehenes desde el 7 de octubre de 2023.
Del mismo modo, Netanyahu y Gallant son señalados por crímenes en Gaza, incluyendo el uso del hambre como método de guerra y el asesinato intencionado de civiles desde el 8 de octubre de 2023, un día después del ataque inicial de Hamas a Israel.
El fiscal ha declarado que las pruebas recogidas por su oficina, que incluyen testimonios de sobrevivientes, material audiovisual autentificado e imágenes satelitales, muestran que Israel ha privado deliberadamente a la población civil de Gaza de elementos esenciales para la supervivencia. Khan enfatiza que esta solicitud de órdenes de arresto es el resultado de una investigación independiente e imparcial llevada a cabo por su oficina.
La investigación de la CPI sobre crímenes de guerra en los territorios palestinos ocupados comenzó en 2021, abarcando incidentes desde 2014, incluyendo el ataque de Hamas del 7 de octubre y la subsecuente ofensiva israelí en Gaza. A pesar de que la CPI tiene 124 estados miembros, Israel no forma parte de ellos y rechaza la jurisdicción de la Corte sobre estos asuntos.
Reacciones internacionales han seguido a estas solicitudes. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., ha calificado las órdenes de arresto como “vergonzosas” e “ilegales”. Mientras Israel ha denunciado las acciones de la CPI como “un crimen de odio antisemita” y “un abuso”, mientras legisladores republicanos en EE.UU. buscan respuestas legislativas contra la CPI.
