La Fiscalía General de la República (FGR) investigará las razonas por las cuales el Ministerio de Defensa bloqueó la orden judicial de revisión de archivos militares, que iba realizar el lunes un equipo multidisciplinario por el caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, registrado en 1981.
La medida surge luego que el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, Jorge Guzmán, exigirá un informe para saber quién dio la orden y las razones que motivaron a impedir la diligencia.
En este sentido, el abogado querellante, David Morales, explicó que realizará el informe con los datos que le proporciones por lo sucedido el 21 de septiembre y esto lo enviará a la FGR, para que la institución haga su trabajo.
Morales explicó que Guzmán ha reprogramado para el próximo 5 de octubre la continuidad de las inspecciones de los archivos militares
«El juez retomará la diligencia obstaculizada el 21 de septiembre y requerirá de 5 días hábiles, un informe al señor presidente de la república y comandante general de las Fuerzas Armadas (FAES), Nayib Bukele y al ministro de la Defensa, para que aclaren quién dio las instrucciones de bloquear las inspecciones del 21 de septiembre», explicó el abogado.
Por su parte, el ministro de Defensa, René Merino Monroy, indicó han sido responsables con este proceso porque no han negado la información cada vez que se requiera.
“El presidente de la República, Nayib Bukele, está cumpliendo con lo que prometió porque nosotros no hemos negado la información cada vez que se nos requiere para ese caso, ordenamos a las instancias correspondientes que busquen toda la información que exista y se la entregamos con una certificación, si se da un documento falso está y es sujeto a ser procesado”, expresó.
Respecto al bloqueo a los archivos militares, el ministro puso de excusa a la Constitución y dijo que por eso no habían permitido el paso en marco de la ley, pero que no quiso ahondar porque hay aspectos legales de por medio y que puede entorpecer la investigación.
Este hecho se registró el pasado lunes, cuando un equipo de especialistas multidisciplinarios, entre ellos, el juez de Gotera, Jorge Guzmán, llegaron a tempranas horas al Estado Mayor de la Fuerza Armada para poder arranque a la jornada.
Sin embargo, fueron recibidos con una barricada y al acercase al lugar, el juez fue notificado por el coronel Carlos Varela que no lo podía dejar pasar y no le iba a firmar nada.
Ante esto, se confirmó lo publicado por la revista digital Factum, la cual publicó una nota en donde señala que el ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, habría enviado un escrito al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para solicitarle a los magistrados que frenen la inspección de archivos militares.
Según la publicación, el titular de Defensa alegó ante los 15 magistrados de la Corte que, como lo han sostenido los defensores de los acusados por la masacre y la Presidencia de la República, la apertura de los archivos militares de hace cuatro décadas podría poner en riesgo la seguridad nacional.
Ante esto, Wilfredo Medrano, representante de Tutela Legal, indicó que patrullas militares llegaron a las afueras del Estado Mayor, para hostigar al equipo de especialistas y quererlos amedrentar para evitar hacer vigente la orden de inspección.
“Nos acusaron de ser terengos, que, porque no investigamos a los guerrilleros, que queremos hacer daño a todos los oficiales que dieron su vida por la Patria y especialmente un ataque directo a David Morales, por su calidad de exprocurador de los Derechos Humanos y tomaron fotos a las placas de los carros… Era un grupo de choque, que llevaron”, se mostró indignado Medrano.
Por lo tanto, el representante dijo que es una grave irresponsabilidad de parte del presidente de la República, Nayib Bukele, debido a que él ha dado la autorización para bloquear la acción judicial.
En este sentido, dijo que el Gobierno estaría incurriendo en los delitos de incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y desobediencia.
“Esa actitud la consideramos un desprecio a las víctimas. Recordemos que recibió a las víctimas de El Mozote y acá están presentes, es algo contradictorio”, reprochó.
Agregó, que este bloqueo es incongruente con lo dicho por Bukele que prometió dar información desde la A a la Z sobre los casos de violaciones de los derechos humanos durante el periodo del conflicto armado.
“Manda a sus emisarios a dar el visto bueno en el juzgado de Gotera, que consta en acta, y ahora bloquean con barricadas y es más, convocaron a unos patrulleros que fuimos objeto de agresión… Las resoluciones se deben cumplir, no son negociables”, sostuvo.
Además, indicó que esta administración no se diferencia en nada a las anteriores, ya que no permiten esclarecer esta problemática.
“Esperamos que se flexibilicen y se continúe con las inspecciones y vamos a insistir que se inicie en el Estado Mayor… Queremos ver si no nos bloquean en las demás inspecciones que queremos hacer”, manifestó.
De igual forma, el querellante y exprocurador de los Derechos Humanos, David Morales, expresó su descontento ante el bloqueo judicial.
“Se trata de una desobediencia a una orden judicial, estando en el Estado Mayor de la Fuerza Armada esta es una decisión de obstaculizar del más alto nivel, es decir, del comandante general y presidente de la República, el señor Merino Monroy y el Alto Mando que decidieron a no dar acceso a los archivos”, expresó.
Destacó que esta acción es ilegal, para proteger a criminales de guerra y de profundo desprecio a las víctimas sobrevivientes.
“Es lamentable contradiciendo su mismo discurso, el presidente de la República sea un presidente más de la impunidad. Estamos a la espera para tener contacto con el tribunal para firmar el acta y certificar a la Fiscalía lo sucedido y se deduzca responsabilidades”, detalló.
Entre tanto, el Juez Guzmán se trasladó al Consejo Nacional de la Judicatura para notificar sobre este bloqueo y que sea visto por las entidades correspondientes.
El equipo de abogados afirmó tener un plan B de no encontrar pruebas en la revisión de archivos, tienen prueba abundante para llevar a juicio a los autores intelectuales y mediatos de la masacre al norte de Morazán.
La masacre de El Mozote al norte de Morazán encierra una serie de masacres en el departamento se dio en el marco de un operativo del Ejército de El Salvador, a quien se le atribuye la matanza de cerca de 1,000 personas, en su mayoría menores de edad, ocurrió en diciembre de 1981.
La operación que se investiga y que había sido cerrada por la vigencia de la Ley de Amnistía , la llevó a cabo el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl, con el apoyo de la fuerza aérea. Entre 1,000 y 2,000 militares se desplegaron en busca de un posible campo de entrenamiento de la exguerrilla, ahora Partido Frente Fabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
De acuerdo con los registros, esa operación se extendió a varias localidades del noreste de El Salvador, entre el 10 y el 13 de diciembre.
