miércoles, 11 de mayo del 2022
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Félix Ulloa anuncia regulaciones a la prensa y la libertad de expresión

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Transparencia, información pública y seguridad jurídica para el periodismo proponen el Proyecto de Reformas Constitucionales. Periodistas señalan limitaciones al ejercicio periodístico.

Por: Alessia Genoves


Garantizar la “transparencia y la información oportuna”; así como la seguridad jurídica para el ejercicio periodístico son promesas planteadas en el Proyecto de Reformas Constitucionales. Las tentativas fueron planteadas por organizaciones sociales y estatales que integraron su Comisión Ad Hoc, y fueron reiteradas ésta mañana por el vicepresidente, Félix Ulloa.

Fortalecer al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP); institucionalizar un mecanismo de Controlaría Pública y Social; y fortalecer los derechos laborales de la profesión periodística son algunas de las propuestas que integran el anteproyecto de la ley superior.

Sin embargo, organizaciones sociales definen como “primitiva” las propuesta de la vicepresidencia; y desconfían de su buena fe.“Criminalizar el ejercicio periodístico” es el temor manifiesto para el titular de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Fagoaga.

Información y Transparencia

Elevar a rango constitucional al IAIP” es fue propuesta anunciada por el vicepresidente, para garantizar la “libertad de información” pública, en respuesta a la demanda que exige el artículo 6 de la Constitución vigente.

La nueva propuesta constitucional reconoce, explícitamente, “el derecho al acceso a la información pública”, y la participación de las “instituciones del Estado” en garantizarla. Añade la facultad de la ciudadanía para exigirla “sin sustentar interés o motivación” (art. 6, inc. 2).

El IAIP hoy por hoy está en el rango de normas infra-constitucionales. Y puede ser sujeto a los arbitrios de correlaciones o vaivenes políticos. Subiéndolo a un rango constitucional, garantizando su autonomía, su presupuesto, consideramos que podría tener mucha más autonomía, y tendría mucha más independencia al momento de ejercer sus funciones”, detalló el vice-mandatario.

La institución de una entidad fiscalizadora de la Hacienda Pública se establece con una “Controlaría Pública y Social”. Éste mecanismo estará conformado por cinco diferentes instituciones, con atribuciones para la fiscalización financiera y administrativa del Estado.

  1. Controlaría General del Estado, integrada por diputados de la Asamblea Legislativa (art. 196, inc. 3)
  2. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)
  3. Tribunal de Ética Gubernamental
  4. Instituto de Acceso a la Información Pública
  5. Defensoría del Consumidor

Las instituciones contraloras estarán administradas por funcionarios públicos, incorporados bajo elección popular, por las personas competentes en el área profesional (art. 168).

No obstante, activistas disienten. “Nos están limitando al ejercicio de ese derecho (acceso a la información pública), señaló el director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana. Añade que las represalias al ejercicio de ese derecho son reiteradas con “ataques e insultos” de funcionarios de gobierno, respecto a la opinión disidente.

Intransparencia

Las propuestas ambicionan garantizar el derecho a la información pública, y su verificación a través de la participación ciudadana. Sin embargo, los primeros dos años de gobierno de la actual administración ha decretado la reserva a información, de datos que anteriormente era definida como pública. Esa tendencia, sin embargo, era recurrente durante la pandemia covid19, en muchos países del mundo.

Sólo en el ramo del Ministerio de Hacienda, el gobierno declaró reserva total a los Informes de Auditoría realzados a las Alcaldías. En concreto, se reservó para 7 años “la información contenida en los informes y expedientes de las auditorias a la ejecución de los recursos transferidos a los Gobiernos Municipales, durante la pandemia COVID-19”.

En el ámbito de la contención de la pandemia covid, el gobierno oficializó la reserva de memoramdums y correspondencias de los procedimientos sobre los “mecanismos de toma, procesamiento y divulgación de resultados de pruebas covid19” (11/06/2020); así como aquella relacionada con los “procesos de adquisición de vacunas contra SARS-COV-2”; el “registro de cabinas destinadas a la vacunación contra el SARS-COV-2” y el Plan Nacional de Despliegue de Vacunación contra el SARS-COV2 (11/03/2021).

En última instancia, el gobierno decretó la reserva del documento que detalla “El Plan Nacional de Salud”, del Despacho Ministerial, incluyendo sus anexos (13/09/2021), según se constata en el Índice de Información Reservada del MINSAL.

De hecho, procedieron apenas cinco días desde que la nueva administración legislativa tomó el poder, para la promoción de la “Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública Ocasionadas por la Pandemia COVID-19”, que fue aprobada en octubre de ese año, con 61 votos a favor, principalmente del partido Nuevas Ideas; y 3 en contra más 2 abstenciones.

Libertad de Prensa

La libertad de información, opinión, expresión y difusión de pensamiento” son garantías jurídicas establecidas por el artículo 6 de la Constitución vigente, y se reitera en la Propuesta de la Reforma Constitucional. Hace acepción al contenido difundido en medios de comunicación; pero limita a aquella que subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás”.

La libertad de expresión, como derecho fundamental, no solo se garantiza, sino que se está permitiendo mejorar, y darle seguridad, a través de las propuestas de reforma constitucionales”, opinó Ullóa. Añade que, junto a las propuestas para la protección a periodistas, es un tema que compete al Estado, a los dueños de los medios y a los propios periodistas”

El vicepresidente reiteró las excepciones sobre la tolerancia al derecho a la libertad de expresión, en el ámbito de la prensa. Por ello, propuso “la necesidad de crear un código de deontología del periodismo, porque necesitamos ya garantizarle a los periodistas ese ejercicio profesional, independiente, para que se sientan cómodos con su profesión”.

Sin embargo, Fagoaga disiente. “hay una mala intención de hacer ver a la prensa y al gremio periodístico como algo terrible”, comentó.

Fagoaga refiere sus opiniones a las más de 216 agresiones que la institución reportó al cierre del año 2021. La cifra supone un incremento de hasta el 37.5% respecto a los 125 reportes que la institución hizo el año 2020. En suma, la asociación ha capitalizado la representación de al menos 35 periodistas afectados por el virus Pegasus, que presume sea “un ataque financiado por el Estado”.

En el caso de los periodistas, no hay ninguna amenaza a su seguridad física, a su seguridad personal por parte de ningún medio. Y si lo hubiere, el Estado está en la obligación de garantizarlo”, dijo Ulloa.,

El vicepresidente reconoció la necesidad de “proteger y dignificar” la profesión periodística. Sin embargo, desestimó las afecciones a la “estigmatización” de periodistas, por obra de funcionarios públicos, justificando la demanda de “información de calidad”, según dijo.

Necesitamos garantizarle a las audiencias, a los lectores, a los televidentes, a los radio-escuchas, una información veraz. Porque, al final, el mensaje va dirigida a las audiencias, y las audiencias no han sido tomados en cuenta”, justificó Ullóa.

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Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto, especialista en temas sociales, culturales y de género
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