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lunes, 02 de agosto del 2021

Farsa… ¿y burla?

Entre las acepciones de la primera, está la referida a una “acción realizada para fingir o aparentar”; de la segunda debe considerarse que entre sus sinónimos encontramos el verbo embaucar cuyo significado es “engañar a alguien, aprovechándose de su inexperiencia o ingenuidad. Ubicados en la hora actual de la guanacada, ya dijimos lo que teníamos que decir después de que Nayib Bukele afirmara lo que afirmó en El Mozote el jueves 17 de diciembre recién pasado. Por eso y por muchos desatinos más que pululan en su cabeza y salen por su boca, le ha llovido de a montón dentro y fuera del territorio nacional.

Pero la cosa no termina ahí. En medio de la polémica desatada tras la muy particular e interesada versión presidencial tildando de farsas la guerra y los acuerdos que le pusieron fin, no hemos abordado algo incuestionable: la burla superlativa de las partes firmantes de los mismos en perjuicio de la sociedad salvadoreña, a la hora de cumplir algo crucial para dignificar a las víctimas y lograr la pacificación nacional: superar la impunidad.

Ambas partes faltaron a su palabra en muchos de los compromisos que asumieron. Por citar algunos: las trampas hechas durante el proceso relacionado con la integración de la Policía Nacional Civil, el nombramiento del primer director del Organismo de Inteligencia del Estado y la desnaturalización de su funcionamiento, las armas no entregadas por la guerrilla que le explotaron en un depósito clandestino ubicado en Managua, la participación militar excesiva y creciente ‒hasta volverse permanente‒ en tareas de seguridad pública así como el rápido desmontaje del Foro de Concertación Económica y  Social. Todo eso pasó.

En ese marco marrullero, merece especial mención lo ocurrido con la Comisión de la Verdad. El 27 de abril de 1991, se acordó en México que ambas partes le brindarían toda la información que les solicitara. ¿Qué dijo dicha entidad al respecto en su informe que debió terminar de redactar en Nueva York, debido a la gravedad de las amenazas incrementadas a esas alturas de su labor? Que el Comité de Prensa de la Fuerza Armada alegó que no mantenían “información desde enero de 1980” y que solo contaban “con archivo de boletines” desde enero de 1988.

Debe asumirse que eran los que difundían cacareando las bajas de la guerrilla ‒entre las que incluían muertes de población civil no combatiente‒ y minimizando las propias; la gente ridiculizaba esa propaganda tendiente a levantar la moral de la tropa gubernamental diciendo, por ejemplo, que informaban sobre emboscadas insurgentes con un reducido número de soldados “levemente muertos”. Una contestación nada seria, pues, a la Comisión de la Verdad.

En cuanto a la entonces excomandancia general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, se tuvo que las reacciones a las solicitudes que le formularon no respondieron ‒de igual manera‒ a las expectativas generadas; por “el carácter irregular de la guerra” y “la consecuente ausencia de archivos”, se aseguró, resultaba imposible “brindar información precisa”.

Pero lo más grave de todo fue la inmediata aprobación de la amnistía tras la presentación pública del informe de la Comisión de la Verdad, cuyas recomendaciones en mucho no fueron cumplidas a cabalidad, fueron mal cumplidas o fueron del todo despreciadas pese a que en México se comprometieron a acatarlas. Argumentaron que si no se perdonaban entre sí, no  terminaba la guerra. Totalmente falso. La prueba está en Colombia, cuyo acuerdo de paz de noviembre del 2016 contempla el juzgamiento de violadores de derechos humanos de los dos bandos.

Acá en El Salvador, digan lo que digan para justificar sus cobardías, eso también quedó establecido en el documento rubricado en Chapultepec el 16 de enero de 1992. Independientemente de la fuerza beligerante responsable, los autores de esos actos condenables debían ser sometidos “a la actuación ejemplarizante de la justicia” para aplicarles ‒a quienes resultasen culpables‒ “las sanciones contempladas por la ley”. Eso acordaron, de eso se burlaron y por eso nos orillaron a buscar allende las fronteras patrias todas las formas posibles para lograr que los que ordenaron la barbarie fuesen castigados. Con lo “de la A a la Z” de Bukele sobre los archivos militares, la historia de los incumplimientos continúa.

Así, tras casi diecisiete años de haber comenzado a rumiar la idea, logramos que este 27 de enero recién pasado se declarara firme la sentencia pronunciada en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España condenando ‒el 11 de septiembre del 2020‒ al exviceministro de Seguridad Pública, coronel Inocente Orlando Montano, por su participación en la autoría intelectual de la masacre perpetrada dentro de la universidad jesuita en San Salvador el 16 de noviembre de 1989. 

¿Por qué allá y no acá? Porque acá le cerraron las puertas de la justicia a quienes la demandaban. Había, entonces, que tocar otras en el exterior y luego ‒con esa victoria‒ continuar tratando de darle al país una nueva oportunidad para volverse, por fin,  “normal”; un país adonde, en palabras de Lanssiers, “el policía y el juez comprendan que su honradez y su conciencia profesional son la garantía de una sociedad civilizada”.

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