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domingo, 17 de octubre del 2021

Exdirectores de Centros Penales son acusados de administración fraudulenta

El juzgado llevo a cabo este martes la última audiencia contra los imputados y la resolución de su inocencia y culpabilidad será emitida hasta el 18 de enero de 2019

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El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador concluyó este martes la audiencia preliminar contra los exdirectores de la  Dirección General de Centros Penales,  Rodil Fernando Hernández Somoza y Nelson Rauda Portillo, acusado de actos arbitrarios y administración fraudulenta.

La resolución será emitida por la instancia judicial hasta el 18 de enero de 2019. Los exdirectores son procesados por acciones arbitrarias y fraudulentas en contra de la administración pública y de dos ví­ctimas bajo el régimen de proyección clave “Kiler” y “Ruso”. Además de infringir con los reclusos de los diversos centros penitenciarios.

Rauda fungió como director durante 2012 y 2013, mientras que Hernández de 2013 a 2017.

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La Fiscalí­a General de la República (FGR) acusa a ambos imputados de valerse de sus cargos para dar órdenes a la tienda institucional de distribuir fondos provenientes de las tiendas penitenciarias. Hechos que van en contra de la ley según el artí­culo 152 del Reglamento General de la Ley Penitenciaria, que busca mejorar el sistema penitenciario del paí­s.

La institución supuestamente les atribuye que utilizaron la cantidad de $ 200,193.19 en concepto del rubro de inteligencia. Dicho monto fue solicitado entre 2012 y 2014 para pagos que no estaba contemplados en la ley penitencia, la cual establece que los fondos de las 21 institucionales están destinados al beneficio de la población reclusa y no a particulares.

Las autoridades señalan que hubo un mal manejo del dinero proveniente de las tiendas, el cual presumen fue utilizado para pagar salarios, bonificaciones, viáticos y demás, a personas que habrí­an colaborado en la tregua con las pandillas.

La defensa de Rauda indicó que la acusación puesta por la FGR “es  deficiente  y  no reúnen los requisitos para configurar los hechos”. Agregó que contra su cliente existe una doble persecución por los delitos de actos arbitrarios (por el caso de la tregua) y por la actual acusación que vendrí­a siendo el mismo hecho.

Por su parte, la abogada de Hernández, Berta Deleón manifestó que la acusación por administración fraudulenta no reúne los requisitos y en la denuncia de los dos internos “no se establecen montos ni periodo de tiempo”, considero que era un caso “precario y pobre”.

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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