El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador concluyó este martes la audiencia preliminar contra los exdirectores de la Dirección General de Centros Penales, Rodil Fernando Hernández Somoza y Nelson Rauda Portillo, acusado de actos arbitrarios y administración fraudulenta.
La resolución será emitida por la instancia judicial hasta el 18 de enero de 2019. Los exdirectores son procesados por acciones arbitrarias y fraudulentas en contra de la administración pública y de dos víctimas bajo el régimen de proyección clave “Kiler” y “Ruso”. Además de infringir con los reclusos de los diversos centros penitenciarios.
Rauda fungió como director durante 2012 y 2013, mientras que Hernández de 2013 a 2017.
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La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a ambos imputados de valerse de sus cargos para dar órdenes a la tienda institucional de distribuir fondos provenientes de las tiendas penitenciarias. Hechos que van en contra de la ley según el artículo 152 del Reglamento General de la Ley Penitenciaria, que busca mejorar el sistema penitenciario del país.
La institución supuestamente les atribuye que utilizaron la cantidad de $ 200,193.19 en concepto del rubro de inteligencia. Dicho monto fue solicitado entre 2012 y 2014 para pagos que no estaba contemplados en la ley penitencia, la cual establece que los fondos de las 21 institucionales están destinados al beneficio de la población reclusa y no a particulares.
Las autoridades señalan que hubo un mal manejo del dinero proveniente de las tiendas, el cual presumen fue utilizado para pagar salarios, bonificaciones, viáticos y demás, a personas que habrían colaborado en la tregua con las pandillas.
La defensa de Rauda indicó que la acusación puesta por la FGR “es deficiente y no reúnen los requisitos para configurar los hechos”. Agregó que contra su cliente existe una doble persecución por los delitos de actos arbitrarios (por el caso de la tregua) y por la actual acusación que vendría siendo el mismo hecho.
Por su parte, la abogada de Hernández, Berta Deleón manifestó que la acusación por administración fraudulenta no reúne los requisitos y en la denuncia de los dos internos “no se establecen montos ni periodo de tiempo”, considero que era un caso “precario y pobre”.
