La efervescencia de nuestro país no solo es política, es también sísmica, no en balde los conquistadores denominaron a esta región -hoy metropolitana como “El valle de las hamacas”. Con múltiples terremotos pasados y los enjambres de movimientos telúricos recurrentes, el fenómeno se convierte en parte de nuestra cultura, siempre habrá una anécdota propia que contar durante semejantes eventos.
En otras latitudes, de acuerdo a su ubicación geográfica, serán huracanes, ciclones o tornados los fenómenos naturales que más les afecten, a nosotros nos tocó lo nuestro y debemos enfrentarlo elevando los niveles de organización y orientación para la prevención de desastres, así como la capacidad de cooperación interinstitucional en función de la protección civil.
De acuerdo a las autoridades expertas se considera un “enjambre sísmico” cuando existe una ocurrencia de movimientos telúricos de magnitudes similares que generalmente supera los veinticinco en un tiempo corto y en una región específica. Los recientes enjambres ocurridos en el municipio de Antiguo Cuscatlán que han abarcado un territorio estimado de 16 kilómetros cuadrados con una profundidad de alrededor de cuatro kilómetros, no son nuevos. Similar situación vivieron los pobladores de dicho municipio en el 2004 y los geólogos consideran importante diferenciarlo de los fenómenos asociados a nuestro vigía, el volcán de San Salvador, y de la falla de San Jacinto que generó el terremoto de 1986.
En todo caso es necesaria calma, debemos estar atentos y cumplir las recomendaciones de los organismos especializados en la materia.
Simultáneamente a los acontecimientos naturales, el país experimenta una crisis por falta de acuerdos políticos debido a la oposición exageradamente polarizada del partido Arena que obstaculiza y sabotea toda iniciativa gubernamental que busque resolver la urgente reforma del sistema de pensiones. Arena se opone a proporcionar liquidez de caja al gobierno para enfrentar el cumplimiento de obligaciones inmediatas de Estado; y también impide una salida a la aprobación de una necesaria reforma fiscal progresiva que asegure los recursos suficientes para apuntalar el desarrollo del país.
El bloqueo irracional de Arena ya ha tenido graves consecuencias que dañan a nuestra nación; el ejemplo más reciente ocurrió el 7 de abril, antes de este último periodo vacacional, cuando Arena nuevamente se opuso a un acuerdo que pretendía el pago en tiempo de los respectivos intereses a las AFP, con el nocivo efecto de la descalificación del país por las agencias calificadoras de riesgo, lo que puede repercutir en el alza de las tasas de interés para los créditos públicos y privados.
Los equipos de gobierno han trabajado activamente en procurar soluciones que eviten la condición de impago, desde el acuerdo suscrito el 10 de noviembre pasado ““incumplido por Arena”“ cuando se estableció el compromiso de integrar una mesa fiscal para solventar la crisis de liquidez de las finanzas públicas. El pretendido compromiso implicaba la aprobación de un segundo desembolso de créditos que aseguraran al Estado 650 millones de dólares para saldar obligaciones. Igualmente Arena incumplió el acuerdo de integrarse a una mesa para la reforma del sistema de pensiones, que debía resolver, además de una reforma integral, la búsqueda de las fuentes de financiamiento para fondear los recursos de al menos un año de intereses para cubrir los compromisos con las AFP y los necesarios para cubrir en el mismo periodo las pensiones del IPSFA.
Llegado el viernes 7 de abril se propusieron distintas alternativas, incluso la de una reforma para facultar al Consejo de Administración del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales para tomar la decisión de prorrogar hasta por 60 días hábiles el pago de los intereses y amortización de capital de los Certificados de Inversión Previsional (CIP).
Como ha sido señalado incluso por los mismos organismos financieros internacionales, el Gobierno, por medio del Ministerio de Hacienda, dispone de los mecanismos financieros necesarios para afrontar el pago de las obligaciones, pero esto necesita la aprobación legislativa de las asignaciones presupuestarias respectivas, y en este paso es donde nuevamente Arena se opone y bloquea las posibilidades de acuerdo y solución.
Es necesario recordar además, que ha sido responsabilidad de una medida cautelar impuesta por la Sala de lo Constitucional del 4 de noviembre pasado, la que deja desprovisto al Estado del mecanismo de pago que en debido tiempo se había asegurado con la reforma al Fondo de Obligaciones Previsionales.
A estas alturas tengo razonables dudas para cuestionar que sea correcto el camino del diálogo de nobles y buenas intenciones que con perseverancia ha impulsado y promovido el gobierno, dudo que sea la ruta correcta para enfrentar y solventar esta crisis; sobre todo ante una oposición que muestra tales niveles de irracionalidad. Me parece que la correlación que empuje una solución sustentable solo será posible de cara y con suficiente conocimiento de la población y de sectores progresistas real y genuinamente comprometidos con los intereses del país, movilizándonos con fuerza suficiente desde todos los rincones del país.
