Por: Benjamín Cuéllar Martínez.
El 24 de enero del 2022 nos reunimos con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa; léase, del Órgano gubernamental que desde el 1 de junio del 2021 desterró de su seno la posibilidad del debate y el mínimo asomo de independencia que pudiese haber tenido hasta entonces, para plegarse a los dictados del titular de Casa Presidencial. Representábamos a Víctimas Demandantes (VIDAS) y a la Asociación de Excombatientes por la Democracia (AED). Aceptamos acudir para dejar sentada nuestra posición y con la esperanza de conocer el plan que pensábamos tendrían para cumplir debidamente lo ordenado por la Sala de lo Constitucional el 13 de julio del 2016, cuando expulsó del marco normativo nacional la mal llamada “Ley de amnistía general para la consolidación de la paz”.
De este grupo de legisladores y legisladoras podíamos asegurar entonces dos cosas: que lo integraban ocho “adoratrices” de Nayib Bukele –siete de Nuevas Ideas y uno de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA)‒ y que durante casi ocho meses de estar calentando sus curules no habían hecho nada en favor de las víctimas de la barbarie ocurrida en nuestro país antes de la guerra y durante la misma. Pero asistimos, pese a tan desfavorable escenario para nuestros intereses y los de todas las personas perjudicadas directamente, para las familias de quienes no sobrevivieron o nunca aparecieron y –en definitiva– para la sociedad entera malograda, durante esos años y hasta hoy, por la impunidad histórica en favor de contados y selectos grupos de poder.
En lo esencial de nuestro planteamiento, exigimos que no se sacaran de la manga normativa alguna desconociendo los parámetros establecidos por la Sala de lo Constitucional en su sentencia emitida seis años y medio atrás. De igual forma, demandamos crear un grupo de trabajo funcional y eficaz que organizara y echara a andar una consulta transparente y amplia a víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas, sin importar el bando responsable de su sufrimiento; este, además, debía garantizar que en la misma no participaran victimarios imprescindibles, cómplices necesarios y encubridores. Dicho grupo también debía elaborar y proponer la que denominamos “Ley para la dignificación de todas las víctimas de antes y durante el conflicto armado interno en El Salvador”, así como las políticas públicas pertinentes para su correcta aplicación. Sin embargo, transcurridos ya más de doce meses, nada de eso ha ocurrido teniendo todo para hacerlo.
En febrero del 2020, ante la inminente aprobación de una regulación que favorecía a los perpetradores ‒vetada luego por Bukele‒ reivindicamos la creación de espacios comunitarios para sanar heridas, en el marco de la llamada justicia restaurativa. A partir de procesos de atención psicosocial previa y posterior para víctimas y victimarios, planteamos que debían establecerse por ser esenciales y necesarios para estructurar un tejido social sólido y duradero en la base de nuestra sociedad, que es donde se rompió con los terribles acontecimientos anteriores al estallido bélico y los sucedidos durante su desarrollo, sin que fuera restituido en la posguerra.
Se trataría entonces de conocer la verdad en casos concretos ocurridos dentro dichos entornos, sin considerar el bando al que pertenecieron sus responsables; así quedaría registrada la misma en una memoria colectiva surgida desde abajo, reforzada con acervos documentales y audiovisuales accesibles. También quedaría abierta la posibilidad de perdonar ‒sin imposición alguna‒ a quien pidiera perdón después de su confesión y tras brindar información útil para sus víctimas; por ejemplo, señalando la ubicación de restos humanos de personas desaparecidas forzadamente. Además, se podría ejecutar la sanción debida ‒propuesta y dictada por la comunidad‒ para quien la mereciera y en beneficio de la población vulnerada en su dignidad.
Este mecanismo descrito va más allá de lo establecido en la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía aprobada en marzo de 1993 y superada en julio del 2016, pero –de haberse emitido la aún pendiente legislación ordenada por la Sala de lo Constitucional e incluido dentro de esta– hubiera podido servir para superar casos como el de Santa Marta, Cabañas, por el cual están procesando a ocho excombatientes insurgentes.
Pero no. A pesar del mencionado veto de Bukele en febrero del 2020, tal parece que no le interesa que sus diputados y diputadas aprueben algo coherente, pertinente y urgente en beneficio de las víctimas. No lo ha hecho, existiendo todas las condiciones para hacerlo. No lo hace, no solo para no chocar con los militares sino también para golpear la organización popular con una “institucionalidad” que mantiene secuestrada. Bukele sabe quién es su potencial enemigo interno y tiene las herramientas para inmovilizarlo desde ya. Lo está haciendo. Por eso, nosotras y nosotros también sabemos qué debemos hacer.
