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miércoles, 05 de mayo del 2021

ENSAYO: Derecho a la verdad ante crímenes atroces cometidos por funcionarios del Estado Salvadoreño


En mi país, que tristeza, la pobreza y el rencor.

Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo

y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar […] Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé.

Dice mi padre de un solo traidor puede con mil valientes;

él siente que el pueblo en su inmenso dolor

hoy se niega a beber en la fuente clara del honor”.

(“Adagio en mi país”, Alfredo Zitarrosa)

Introducción

Incluso ahora, a más de 25 años del fin de la guerra que del 10 de enero de 1980 al 16 de enero de 1992 se libró en El Salvador, no faltará quien siga creyendo que el proceso de pacificación que arrancó con el Acuerdo de Ginebra es el ejemplo para el mundo de cómo lograr ‒además del “silencio de los fusiles”‒ la democratización de un país, el respeto irrestricto de los derechos humanos y la “reunificación” de su sociedad. Estos eran los cuatro componentes de dicho proceso consignados en el mencionado Acuerdo el cual fue firmado el 4 de abril de 1990 por las partes enfrentadas con las armas: el entonces Gobierno y la entonces insurgencia. Sin embargo, en mi país ‒¡qué tristeza!‒ hasta la fecha la paz nunca se logró alcanzar.

Tras el Acuerdo de Ginebra, se suscribieron cinco más abarcando entre otros, el Derecho a la Verdad y el Derecho a la Justicia en la Ciudad de México, dos: el del 27 de junio de 1991 y el último, para formalizar el fin de las hostilidades, ese mencionado 16 de enero de 1992. Estos dos acuerdos dieron su mandato a la Comisión de la Verdad.

En conjunto, los seis acuerdos fueron rubricados “encima de la mesa” de negociaciones y con la participación mediadora de las Naciones Unidas.  Pero hubo otro, sin la presencia de esta última y debajo de dicho mueble. Un acuerdo de impunidad. Las partes citadas que iniciaban otra “guerra”, no en las trincheras sino en las urnas, convinieron protegerse para participar en elecciones garantizando su impunidad. Ese es el pacto que mejor cumplieron los dos partidos políticos, verdaderas maquinarias electoreras en la posguerra, que durante más de dos décadas se han turnado triunfos en los comicios para beneficio de sus poderes visibles y ocultos; pero, eso sí, en detrimento de las mayorías populares. Se trata de Alianza Republicana Nacionalista (en adelante, ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (en adelante, el FMLN). Por lo tanto, se podría decir, que de democrático, los partidos políticos no tienen mucho, por no decir nada.

Considerando lo anterior, debo ofrecerles disculpas por no ceñirme exclusivamente a la experiencia particular sobre el derecho a la verdad frente a las atrocidades atribuibles a funcionarios del Estado salvadoreño, cometidas tanto durante la preguerra como en la guerra. Ello, por las razones que a continuación se consignan.

  • ¿Los “dos demonios” salvadoreños?

“Las distorsiones del ánimo producidas por el conflicto llevaban al paroxismo”. Eso dijo en su informe público la Comisión de la Verdad (en adelante la Comisión) y tuvo razón (Naciones Unidas, 1993ª: 3). “Así, a priori ‒continuaba el reporte‒ se identificaba como enemiga a la población civil que vivía en las zonas disputadas o controladas por la guerrilla […] También se presentaban actitudes similares en el campo contrario […]” (Naciones Unidas, 1993ª: 3)

La pactada creación de la Comisión comenzó y terminó acá; quedó plasmada en el par de acuerdos signados en esta urbe, determinando su mandato: investigar graves hechos de violencia ocurridos entre 1980 y 1991, ambos años incluidos, “cuyo impacto sobre la sociedad” reclamaba “con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad” (Naciones Unidas, 1993b:17). Además, tenía que esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada”, especialmente cuando estuviere “comprometido el respeto a los derechos humanos”.

Asimismo, ambas partes ‒Gobierno y guerrilla‒ reconocieron “que hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieren sus autores”, serían “objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia”, para aplicar a sus “responsables las sanciones contempladas por la ley” (Naciones Unidas, 1993b: 55)).

A diferencia de la Argentina de Sábato, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y del prólogo de su informe “Nunca más” publicado en 1984, en El Salvador de las décadas de 1970 y 1980 sí existieron “dos demonios” que enarbolando cada cual su bandera ‒“salvarlo del comunismo internacional” y “lograr el triunfo de la revolución socialista” respectivamente‒ convirtieron al país en un verdadero infierno.

La violencia ‒cito de nuevo a la Comisión para describir ese averno‒ “fue una llamarada que avanzó por los campos […]; invadió las aldeas; copó los caminos; destruyó carreteras y puentes; arrasó las fuentes de energía y las redes transmisoras; llegó a las ciudades; penetró en las familias, en los recintos sagrados y en los centros educativos; golpeó a la justicia y a la administración pública la llenó de víctimas; señaló como enemigo a quienquiera que no aparecía en la lista de amigos. La violencia todo lo convertía en destrucción y muerte […]. Las víctimas eran salvadoreños y extranjeros de todas las procedencias y de todas las condiciones sociales y económicas, ya que la violencia iguala en el desamparo ciego de su crueldad” (Naciones Unidas, 1993a:1).

Para delinear más esa infernal situación se tiene que en un territorio de poco más de 21,000 km², habitado entonces por poco más de cuatro millones y medio de personas, en 1980 fueron ejecutadas de forma arbitraria 11,903 entre su población civil no combatiente según el Socorro Jurídico Cristiano (SJC) (1); en 1981, la terrible cifra se elevó a 16,266 (Naciones Unidas, 1993a:18). En total 28,169 víctimas. Comparar con otros países lo ocurrido en El Salvador, de ese tamaño y con esa cantidad de gente, resulta muy ilustrativo. Solo en el México de esos años, (2) proporcionalmente se estaría hablando de más de casi 415,000 víctimas mortales durante el bienio.

Ciertamente, hubo de todo; pero la inmensa mayoría de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos se contabilizó entre los sectores más empobrecidos y vulnerables, atribuible su responsabilidad a las fuerzas gubernamentales. Los insurgentes ejercieron violencia igualmente cruel contra integrantes de los poderes político, económico y social; pero cierto es también que asesinaron, desaparecieron, torturaron y masacraron a gente del pueblo ‒campesina, obrera y demás‒ considerada “enemiga”.

Estas últimas víctimas fueron bastante menos que las imputadas al Estado; sin embargo, no me entra en la cabeza que una madre que busca información sobre el paradero de su hija o hijo que le arrebató la guerrilla de manera forzada, sea reconfortada escuchando tal argumento. No, por favor.

El quid del asunto no es la cantidad sino la calidad de los hechos. Un bando se había alzado en armas y actuaba al margen de la ley vigente, independientemente de la legitimidad de esta en todo o en parte; el otro bando era el de la institucionalidad estatal encargada constitucionalmente de garantizar el respeto de los derechos humanos, no dedicada a su violación. Pero, más allá de cuánto y cómo haya ocurrido, ambos se enseñaron con la dignidad de la población.

Como ya se apuntó, en el Acuerdo de Chapultepec ‒el último de los seis, firmado el 16 de enero de 1992 en el monumental castillo allí ubicado‒ tanto el Gobierno de la época como la aún guerrilla admitieron implícitamente las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad que cometieron; también la impunidad que cobijó a sus autores y que debía superarse.

Se pidió a la Comisión que, además de investigar lo anterior, recomendara qué hacer para evitar su repetición. Esta lo hizo sabiendo que ambas partes se obligaron ‒en el papel‒ a hacer cumplir sus recomendaciones que serían de orden legal, político y administrativo (Naciones Unidas, 1993b: 32). Así lo reconocieron y se comprometieron a hacerlo, pero no lo hicieron.

Por todo lo anterior, no puedo referirme solo al derecho a la verdad frente a las atrocidades estatales; también debo hacerlo de cara a las cometidas por las fuerzas insurrectas. Esa es la perspectiva que debe plantearse desde el enfoque de la Comisión de la Verdad para El Salvador.

  • ¿Qué se hizo desde el lado de la derecha?

Previo a la publicación del informe de la Comisión (en adelante, el informe), intentó el más alto nivel evitar el señalamiento de instituciones y luego ‒al no conseguir lo anterior‒ la publicación de nombres (Naciones Unidas, 1993b: 32) (3).   Después, pero aún antes de que aprobaran en la Asamblea Legislativa la Ley de amnistía general para la consolidación de la paz (en adelante, la amnistía) ‒tremendo eufemismo para nombrar el premio a los victimarios y el castigo para sus víctimas‒ hubo reacciones contra el informe citado por parte de voceros de ARENA y funcionarios del Gobierno que administraba entonces dicho partido político.

El presidente de la República, Alfredo Crisitiani, sentó postura oficial el 18 de marzo de 1993 al señalar que el informe en cuestión no respondía “al anhelo de la mayoría de los salvadoreños, que es el perdón y el olvido de todo lo que fue ese pasado tan doloroso, que tanto sufrimiento trajo a la familia salvadoreña”; no consideró “justo aplicar ciertas medidas” a algunos, “cuando otros, por el simple hecho de no haber formado parte de la muestra que fue analizada, tengan que ser olvidados”. Se refería a hechos achacables al FMLN. Finalmente, insistió en lo que dijo cuatro días antes en la víspera de la presentación del documento: que apoyaba “una amnistía general y absoluta” (Comas, 1993).

Al de Cristiani se sumaron, más viscerales, los ataques de toda la oficialidad militar que consideró el informe injusto, incompleto, ilegal, antiético, parcial y atrevido”; su “tratamiento parcializado” denotaba una “clara intención de destruir la institucionalidad, la paz social y la Fuerza Armada”. Se tergiversó ‒desde su particular óptica‒ “la realidad histórica” presentando “inaceptables imputaciones carentes de fundamento y objetividad, contra la institución” (Fuerza Armada de El Salvador, 1993: 485-86). Se podría decir que robaron la ley de amnistía bajo el nombre de una consolidación de la paz.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia hizo lo mismo. Rechazó “enérgicamente las conclusiones y recomendaciones contra la administración de justicia de El Salvador en general y contra la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la misma”, que según la entidad contenía el informe (Fuerza Armada de El Salvador, 1993: 490.), el cual señalaba al órgano judicial salvadoreño como cómplice de las atrocidades cometidas, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia como obstructor de la justicia en el caso de la masacre más terrible que se ha llevado a cabo en América Latina en la segunda mitad del siglo XX – la masacre de el Mozote.

Pero eso no fue suficiente. Había que amarrar bien el paquete de la impunidad. Para ello, ARENA se  alió con los otros grupos parlamentarios de la derecha a fin de darle vida a una amnistía amplia, absoluta, incondicional y violatoria de todos los estándares internacionales de derechos humanos, aprobándola por ley el sábado 20 de marzo de 1993. ¡En día sábado!, que normalmente no es día hábil. El informe había sido presentado en Nueva York, tan solo cinco días antes. Así, la verdad sobre lo ocurrido ‒garantía de no repetición‒ fue sepultada de tan infame manera y se dio lo contrario a lo que debió darse; así, la mentira quedó establecida como garantía de repetición de las atrocidades.

  • ¿Qué se hizo desde el lado de la “izquierda”?

Fueron varias demandas cuestionando la constitucionalidad de la amnistía que se presentaron ante la instancia correspondiente, dentro de la Corte Suprema de Justicia. La primera de estas, en mayo de 1993; pocas semanas después de su aprobación. El FMLN, en cambio, no reaccionó tan prontamente. El 15 de abril del 2005, en el recinto legislativo se escucharon las siguientes palabras: “Les pedimos a los otros protagonistas del conflicto que tengan la valentía, para que se sepa la verdad”. Las pronunció Hugo Martínez, entonces diputado del partido de la ex guerrilla, pidiendo la derogatoria de aquella. Su máximo dirigente, Schafik Handal, en esa misma sesión acusó a uno de los partidos de derecha de oponerse a eso para proteger a algunos militares que eran parlamentarios (Rivera, 2016).

Para Salvador Sánchez Cerén, la amnistía violaba “el derecho de acceso a la justicia de ciertos casos que no se ha[bía]n querido ventilar […] en el país”. “Mientras no se haga justicia ‒continuó‒ las estructuras que cometen graves violaciones a la sociedad, van a seguir siendo impunes”. Y, en concreto, pidió estudiar la derogatoria de la amnistía (Zometa y Marroquín, 2016). Eso lo afirmó en el 2007, siendo jefe de la bancada legislativa de dicho partido que entonces era oposición. El 2009 acompañó a Mauricio Funes en la fórmula que triunfó en las elecciones presidenciales realizadas ese año.

Desde su campaña proselitista, Funes prometió no tocar la amnistía de ganar en las urnas; promesa, esta, cumplida a cabalidad. Sánchez Cerén, ocupando entonces la vicepresidencia de la república, calló. Y el que calla, otorga. Luego, en el 2014, saltó a la presidencia desde donde ‒el 14 de julio de 2016‒ sostuvo lo siguiente: “Como hemos señalado de manera reiterada ante otras resoluciones de la Sala, estas no se ubican ante los verdaderos y actuales problemas del país, y lejos de ayudar a resolver la problemática diaria de los salvadoreños la agudizan”.  Las decisiones de la Sala ‒continuó su perorata en cadena nacional de radio y televisión‒ “ignoran o no miden los efectos que pueden tener no sólo en la frágil convivencia que existe en el interior de nuestra sociedad, sino que además no contribuyen a fortalecer la institucionalidad existente” (Cáceres, 2016).

Preciso de qué hablaba. Al mencionar “la Sala” se refería a la de lo Constitucional, dentro de la Corte Suprema de Justicia; la mención a “las resoluciones y “las decisiones” de esta, tiene que ver con tres sentencias publicadas el 13 de julio del 2016. De estas, la que interesa para los fines del presente intercambio de experiencias es la que declara inconstitucional la amnistía. Así se ilustra la posición del segundo presidente de “izquierda”. La misma habla por sí sola. Por ello, mejor paso a contarles la parte reconfortante y generadora de optimismo dentro de esta historia.

  • ¿Qué se hizo y qué se debe seguir haciendo desde el lado de las víctimas?

Derrotar la amnistía, ¡claro! En la posguerra ‒contrario a las posiciones de ARENA y el FMLN‒ es quizás el mayor triunfo en el combate a la impunidad, un buen paso para avanzar en el respeto de los derechos de las víctimas, la oportunidad preciada para comenzar a lograr el buen funcionamiento de las instituciones y una esperanza en el camino hacia la paz buscada pero ‒hasta ahora‒ no conquistada.

Porque las atrocidades han continuado desde que paró la guerra aquella, al punto de ser considerado El Salvador como el país más violento, o uno de los más violentos en el mundo sin guerra durante más de 25 años. Ahora son tres guerras: entre maras, contra las maras, y de las maras y agentes estatales contra las mayorías populares que sobreviven en los “campos de batalla” anteriores. Es un contexto violento, especialmente tomando en cuenta el hecho de que un 75% del ejército salvadoreño se encuentra en foro civil, llevando a cabo prácticas de seguridad pública. Esta ha sido la situación desde julio de 1993, cuando, a modo de una excepción constitucional, el ejército se incorporó al ámbito civil. Una excepción, que hasta la fecha, sigue vigente.

¿Cómo se logró dejar atrás la amnistía? El 11 de mayo de 1993, recién aprobada esta, con el Socorro Jurídico Cristiano presentamos la primera demanda de inconstitucionalidad. El 20 del mismo mes, nos la declararon “improcedente”. Eran ‒sentenció la Sala de entonces‒ “cuestiones puramente políticas […] ajenas al conocimiento de los tribunales de justicia”; admitirla afectaría “el equilibrio e independencia de poderes sabiamente establecido por la Constitución” y perturbaría “la paz social” (Sala de lo Constitucional, 1993). El 27 de mayo de ese mismo año, la misma Sala “notificó” a Segundo Montes ‒jesuita masacrado más de tres años antes, en noviembre de 1989‒ que también era “improcedente” su demanda de noviembre de 1987 contra otra amnistía aprobada el mes anterior. Tardaron más de cinco años en resolver la de Montes; la nuestra de mayo de 1993, solo… nueve días.

La última demanda contra esa normativa perniciosa la presentamos ocho personas ejerciendo ciudadanía, el 20 de marzo del 2013; dos décadas exactas después de su  aprobación. Con esta se consiguió su inconstitucionalidad, tras 23 años de erigirse como obstáculo en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral. Ahora, mi país puede aspirar a ser normal y decente, con instituciones impartiendo justicia sin importar quién es la víctima y quién el victimario; con una sociedad demandante, que vuelva al Estado garante real del respeto de los derechos humanos; sin una inútil y obscena “polarización” partidista formal porque ‒en el “fondo”‒ solo se diferencian en nombres, banderas y retórica. Eso lo prueban las posiciones de los “dos demonios” antes descritas.

¿Cómo se puede lograr normalizar y adecentar a El Salvador? Cumpliendo dicha sentencia, aplaudida hasta afuera de su territorio y cuestionada minoritariamente solo adentro de ese; forzando la realización de lo que estos eternos “rivales” pactaron en Chapultepec: juzgar y sancionar a los responsables de las atrocidades, sin importar el bando al que pertenecieron. En los casos publicados por la Comisión de la Verdad, hay investigaciones adelantadas y vastas a utilizar para facilitar su presentación ante los tribunales de justicia que ‒a estas alturas‒ deberían actuar de forma ejemplarizante.

Por su parte, inteligentes y creativos, los tres Órganos de Gobierno deberían impulsar en el territorio ‒lo más ampliamente posible‒ una estrategia humana y elemental: espacios para sanar ciertamente las heridas de las víctimas individuales y colectivas; también para la expiación de culpas de sus victimarios. Que las víctimas puedan hablar en estos sin temor, con libertad; que los victimarios digan allí la verdad y pidan perdón brindando información para que, al menos, las personas desaparecidas forzadamente sean localizadas y sus familias  puedan honrarlas por siempre. Perdón a quien pida perdón y contribuya a la satisfacción de las demandas de verdad, así como a la pacificación del país; sanción a quien merezca sanción con, por ejemplo, trabajos comunitarios en favor de la población.

El perdón no se impone por decreto ni se pide a conveniencia politiquera. Así ‒con toda la legitimidad e integridad debida‒ habrá quienes querrán que se investigue, procese y castigue. Es su derecho único e irrenunciable. Para hacerlo valer, el Ministerio Público debería buscar práctica jurídica universitaria que realice la “carpintería” necesaria para investigar; además, debería buscar apoyo psicosocial también universitario para las víctimas que ‒tras haber sufrido un prolongado desprecio estatal‒ se decidan a transitar por esta nueva e inédita etapa sanadora. En todo lo anterior trabajamos necia e incansablemente, acompañando ese esfuerzo con diversas iniciativas como ‒entre otras‒ el Festival “Verdad” (Agencia AFP, 2007) iniciado en 1998 y el Tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador que arrancó en el 2009 (Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas, 2009).

Conclusión

Viendo al país en perspectiva, no vale la pena perder el tiempo en rebatir “palabreros” de la impunidad; que sigan “cantinfleando”, porque es mentira absoluta que los acuerdos entre los guerreros ‒ahora disfrutando su casi exclusiva paz, aunque ya con temor al esfuerzo justiciero de las víctimas‒ contemplaban en alguna de sus partes la amnistía aprobada el 20 de marzo de 1993. Tampoco es cierto y no merece discusión ‒no aguanta un debate serio‒ decir que se “abrirían heridas” si las que están en el alma doliente de las víctimas nunca se han cerrado; ni que habría “cacería de brujas”, pues lo que hicieron quienes deben encarar la justicia no fueron maleficios sino males, ofensas, infamias que merecen castigo. Todo eso y más dijeron los victimarios de uno y otro bando junto a sus defensores en la víspera de la entrega del informe, tras su presentación pública, previo a la sentencia antes referida y después de su difusión. No tiene sentido, entonces, continuar discutiendo eso; hoy estamos a otro nivel.

Es estratégicamente preferible apostarle a superar la inestabilidad actual generada por el hambre y la sangre que afectan dolorosamente a las mayorías populares; que se mantienen históricamente vigentes por la también históricamente vigente impunidad. Esos son “los verdaderos y actuales problemas del país” que debería señalar el presidente Sánchez Cerén; además, agradecido debería estar este con la Sala que al declarar la inconstitucionalidad de la amnistía le ha dado herramientas a la sociedad para superar su basamento ‒la impunidad‒ y la “frágil convivencia que existe en el interior” de la misma, además de contribuir “a fortalecer la institucionalidad existente”. Todo lo contrario a lo afirmado por el mandatario en su tóxico mensaje a la nación antes citado.

Con la derrota de la amnistía no llegamos a la meta, pues como dice el querido Andrés Domínguez: “Esto no es una carrera de 100 metros, sino una maratón”; yo le pedí su autorización hace años para modificar esa atinada frase y lo hice así: “No es una maratón sino una prueba de decatlón, con grandes obstáculos y necesarios relevos”. En realidad, en el país ya comenzamos otra etapa de esta lucha legítima, necesaria y justa; etapa igualmente compleja y larga como la anterior. Por ello, no queda más que recordar el final del “Mensaje a los cristianos” de Camilo Torres publicado en el periódico “Frente Unido” allá en Bogotá el 26 de agosto de 1965: “La lucha es larga, comencemos ya…”  

Notas al pié de página

(1) Organismo de derechos humanos fundado en 1975, dentro del colegio de los jesuitas en El Salvador. Años después, se convirtió en el equipo que sustentó la denuncia valiente y fundamentada del ahora beato Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.

(2) El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) reportó un total de 66,847,000 habitantes en la República mexicana en 1980.

(3)  El presidente de la república, Alfredo Cristiani, declaró a un periódico mexicano “Excélsior” que habían sugerido "por razones de reconciliación interna, tratar de evitar enfrentamientos y publicarse más adelante cuando se considere más oportuno nombres propios, si hay comprometidos en algún caso […]”.

Referencias

Agencia AFP. (27 de marzo, 2007). El Salvador acoge el Festival Verdad para

denunciar la impunidad. La Gente. Radio La Primerísima. Disponible en

http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/11653/el-salvador-acoge-el-festival-verdad

-para-denunciar-la-impunidad/    (Consultado el 19/03/2018)

Cáceres, Mireya. (15 de julio, 2016). Sánchez Cerén: fallos afectan la

Institucionalidad.

Disponible en  http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/195134/sanchez-ceren-

fallos-afectan-institucionalidad/ (Consultado el 19/03/2018)

Comas, José. (20 de marzo, 1993). El presidente salvadoreño critica el informe de

la Comisión de la Verdad de la ONU. El País Internacional. Disponible en

https://elpais.com/diario/1993/03/20/internacional/732582012_850215.html

(Consultado el 18/03/2018).

Fuerza Armada de El Salvador. (Abril/Mayo, 1993). La Fuerza Armada de El

Salvador, posición ante el Informe de la Comisión de la Verdad. Revista ECA.

534- 535. Año XLVIII. Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”.

San Salvador, El Salvador.

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón

Cañas”. (2009). El Salvador: Verdad, Justicia y Reparación. Deudas históricas con

las víctimas y la sociedad. Disponible en

http://www.uca.edu.sv/festivalverdad2014/pdf/proyecto_del_tribunal.pdf

(Consultado el 19/03/2018)

Naciones Unidas. (1993a). De la locura a la esperanza. La guerra de 12 años en

El Salvador. Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador. San Salvador

– Nueva York. Disponible en

http://www.dhnet.org.br/verdade/mundo/elsalvador/nunca_mas_el_salvador_cv_3.pdf (Consultado el 18/03/2018)

Naciones Unidas. (1993b). Acuerdos de El Salvador: En el camino de la paz.

Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL).

Oficina de Información Pública. Imprenta El Estudiante, reimpresión.

San Salvador.

Rivera Edgardo. (18 de julio, 2016). FMLN pidió varias veces la derogación de la

ley de amnistía. El Mundo. Disponible en

http://elmundo.sv/fmln-pidio-varias-veces-la-derogacion-de-la-ley-de-amnistia/

(Consultado el 19/03/2018)

Sala de lo Constitucional. (20 de mayo, 1993). Sentencia de inconstitucionalidad

11-93. Corte Suprema de Justicia. San Salvador. Disponible en

 http://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/1/1990-

1999/1993/05/241E.PDF  (Consultado el 19/03/2018)

Zometa, José y Marroquín, Luis Andrés. (16 de julio, 2016). Sánchez Cerén pidió

derogar ley de amnistía cuando fue diputado [Video]. Disponible en

http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/195149/video-sanchez-ceren-pidio-

derogar-ley-de-amnistia-cuando-fue-diputado/  (Consultado el 19/03/2018)

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EXPERIENCIAS SOBRE JUSTICIA, VERDAD Y MEMORIA FRENTE A CRÍMENES DE ESTADO

Benjamín Cuéllar
Benjamín Cuéllar
Columnista Contrapunto

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