Parodiando palabras atribuidas a Fidel Castro en el alegato de autodefensa ante el juicio en su contra iniciado por el asalto al cuartel Moncada, podemos decir que la ciudadanía salvadoreña, a través del voto como instrumento de la democracia, se negó a absolver de responsabilidad a los tradicionales partidos, tanto de derecha como de izquierda, que administraron por casi treinta años mediante el ejercicio en la Presidencia de la República y otros órganos del Estado, la conducción del interés nacional durante el período de la posguerra.
Los acuerdos que se firmaron en 1992 fueron con el propósito de terminar el conflicto armado en El Salvador por la vía política al más corto plazo, impulsando la democratización del país, garantizando el respeto a los derechos humanos y la reunificación a la sociedad salvadoreña. En ese orden, se logró exitosamente el cese de la confrontación armada, avances importantes en la democratización del país, logros muy relativos en el respeto a los derechos humanos y a estas alturas, la reunificación de la sociedad sigue siendo solo un propósito.
Las elecciones presidenciales de 2019 marcaron un punto de inflexión en la vida política de El Salvador al emerger con un fuerte liderazgo, juventud y popularidad la candidatura de Nayib Bukele, quien se postula luego de su expulsión del FMLN siendo alcalde de San Salvador propuesto por ese partido. Desde su ascenso al gobierno de la ciudad capital en 2015, Nayib se enfrenta a una fuerte campaña en su contra por parte de la mayoría de sectores políticos partidarios.
Inmediatamente después de ser excluido, Nayib inicia la constitución de un nuevo partido político que se denominó Nuevas Ideas. El proceso de inscripción del partido se inicia tardíamente y el registro definitivo ocurriría luego del plazo para la inscripción de candidaturas a la Presidencia, por lo que el señor Bukele hace un acuerdo con el minoritario partido de derecha Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) para correr como candidato presidencial de ese partido. Mientras tanto arrecia la campaña de ataques y descalificaciones contra Nayib y este, como el excelente comunicador que es, lanza una intensa y efectiva campaña de desprestigio contra los partidos tradicionales reforzando su papel de víctima ante los denominados “los mismos de siempre” y eslóganes como “Devuelvan lo robado” y “El dinero alcanza cuando no se roba”, en general, proyectando una campaña antisistema y descalificando los avances democráticos de la posguerra.
Al ser electo presidente y tomar posesión de la Presidencia de la República se intensifican las campañas en ambos sentidos o bloques, llegando a polarizar extremadamente la política nacional, se genera una fuerte confrontación entre los órganos legislativo y ejecutivo, Bukele va proyectando cada vez más el autoritarismo en el ejercicio del poder, impulsa acciones de descalificación a la prensa independiente, bloqueando además al acceso a la información pública. Mientras tanto en las diversas encuestas de opinión la imagen del presidente crece en popularidad e igual ocurre con su partido Nuevas Ideas. El manejo de la pandemia por el coronavirus genera una elevada confrontación entre los órganos de gobierno, incluyendo el judicial a través de la Sala de lo Constitucional. Sin duda cada sector o bloque político buscando ganar créditos a su favor y desacreditar a los contrarios, todo en detrimento de un manejo más eficiente de la crisis sanitaria en beneficio de la población.
En un clima de profunda polarización que se amplía a sectores académicos, periodísticos, económicos y los llamados “tanques de pensamiento”, se llega al 28 de febrero de este año en que a través del sufragio los y las salvadoreñas debían expresar su veredicto ante tanta controversia. El momento cuando toda la responsabilidad para resolver corresponde al soberano.
Transcurridos casi treinta años de respeto a la alternancia democrática a través de elecciones presidenciales que mostraron importantes avances en la modernización del sistema electoral, dejando atrás una historia de fraude, imposición y exclusión, fue hasta las elecciones presidenciales de 2019 donde se da un histórico cambio en las preferencias del electorado y los dos protagonistas principales tanto de la confrontación militar como de la política de la posguerra, son excluidos de las preferencias electorales.
Luego de los resultados de 2019, las elecciones legislativas y municipales de este año reforzaban las expectativas de que el cambio de preferencias se expresara aún más en una nueva correlación legislativa, que posibilitaría una mayoritaria representación del partido de gobierno y sus aliados, como en efecto ha ocurrido, según lo muestran claramente los resultados preliminares comunicados por la autoridad electoral.
El hecho a destacar es que El Salvador, como resultado de estas elecciones, está reconfigurando su sistema de partidos con nuevos actores emergentes y el desplazamiento de los partidos tradicionales ARENA y FMLN a un rol bastante secundario, especialmente del partido de izquierda. Una dura lección para quienes habiendo asumido la responsabilidad de gobernar luego de haber sido pactada la paz y trazada la ruta a seguir por los Acuerdos de Paz de Chapultepec de 1992, fallaron rotundamente en enfrentar los graves retos del país en materias como seguridad pública, crimen organizado, corrupción, crisis fiscal y deficiente crecimiento económico. Sí ciertamente los temas socio económicos no fueron incluidos en los acuerdos negociados para el cese del conflicto armado, debieron ser indudablemente temas prioritarios en la agenda de los gobiernos de la posguerra.
Los nuevos actores políticos emergentes, además de Nuevas Ideas como partido de gobierno, pueden ser nuevos partidos como Nuestro Tiempo y Vamos, pero además, todo indica que una vigorosa sociedad civil deberá ser un interlocutor legítimo y una fuerza eficaz, dialogante, propositiva y militante ante la alta concentración del poder público en el nuevo mapa político que estará vigente a partir del próximo primero de mayo.
Se abre un nuevo período histórico, la población decidió legítimamente permitir una concentración del poder concediéndole el poder absoluto al Presidente de la República; sin embargo, es inevitable, legítimo y necesario para toda la sociedad salvadoreña, plantearse serios interrogantes sobre los alcances y riesgos del poder absoluto. Prohibido olvidar lo tantas veces expresado que “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente” Luego de tan clara manifestación de la soberanía popular, corresponde a todos los salvadoreños y salvadoreñas la ponderación y análisis objetivo de los resultados, teniendo siempre presente el principio según el cual todo efecto tiene sus causas y toda acción provoca una reacción.
(*) El autor es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador. Ex magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (1992-1999).
