Por Gabriel Lerner.
Este lunes 6 de octubre, como cada primer lunes de octubre y como ha sido establecido desde 1802, comenzó el nuevo ciclo de deliberaciones de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
Tantos son los casos de importancia histórica que esperan a los nueve miembros del grupo más exclusivo del país, que es difícil seleccionar uno de ellos que sobresalga.
El voto de los jueces puede plasmar el rumbo del país por décadas. En los últimos meses, han estado adoptando una ideología maximalista del poder presidencial y desechado la importancia de antecedentes que contradigan sus posturas, a menudo sin dar explicaciones.
Estos casos han convertido al máximo exponente del Poder Judicial en una rueda de salvavidas para políticas del presidente Donald Trump rechazadas por todas las instancias de tribunales inferiores, al igual que la opinión pública. Repetidamente han optado por preferir beneficiar artificialmente al partido Republicano.
Este Tribunal bajo la presidencia de John Roberts ha reemplazado la lectura de una Constitución que como documento en evolución corresponde a las necesidades actuales, por su lectura original, refrendando los principios de las personas que la ratificaron en 1788. De esta manera ignora los cambios profundos que cada era ejercen en la sociedad.
Cada caso tiene hondas ramificaciones y consecuencias.
En Urias-Orellana v. Bondi los jueces podrían hacer que las solicitudes de asilo migratorio por persecución en el país de origen sean mucho más difíciles de demostrar.
En Learning Resources v. Trump, el tribunal decidirá si los aranceles impuestos por Trump contra las naciones del mundo son legales.
En Trump v. Slaughter, si se le permite al Presidente despedir a los comisionados de agencias regulatorias independientes, algo jamás hecho.
En Bost v. Junta Elecciones de Illinois, los jueces podrían determinar que los votos por correo aceptados deben llegar antes del fin del día de las elecciones en vez de haber sido enviados antes de este, perjudicando a votantes pobres, discapacitados, o ancianos.
En Comité Republicano Nacional v. FEC, los republicanos pretenden dar por tierra con las limitaciones al dinero que pueden gastar en coordinación con los candidatos durante las campañas electorales. Si la mayoría judicial les concede la razón, caerá otro impedimento a que el dinero compre elecciones.
En Louisiana v. Callais decidirán la legalidad de la distribución de distritos electorales con la que este estado debilitó el voto afroamericano. Si prevalece, se impondrá la práctica de amañar las elecciones por medio de prácticas espurias que nos retrocederá a la época de Jim Crow.
En Case v. Montana dirán si la policía puede – contrariamente al texto de la Cuarta Enmienda – entrar a una casa a voluntad, sin necesidad de una orden judicial.
En Chevron USA Inc. v. Plaquemines Parish, si la Agencia de Protección Ambiental (EPA) tiene derecho a regular la calidad del agua potable.
Y por supuesto, está la legalidad de la orden ejecutiva firmada por Trump que de un plumazo pondría fin a la ciudadanía de derecho de nacimiento (birthright citizenship), protegida por la Enmienda XIV de 1868 y que cada año, confiere ciudadanía a más de 250,000 niños hijos de inmigrantes indocumentados.
En estos y otros casos el tribunal podría limitar la libertad de expresión, de asamblea, de religión y especialmente la libertad para disentir y resistir.
La amplitud de los temas reflejan la medida en la que la administración Trump ha impuesto cambios drásticos en la naturaleza de nuestra democracia en menos de un año de ejercicio. Representan el enfrentamiento cultural y partidista en la política estadounidense.
Esta sería la oportunidad para sopesar los casos que esperan a los jueces con prudencia y cuidado, rechazar la tendencia partidista, sacudirse el frenesí de autorizar los excesos del Presidente y preservar nuestro carácter democrático. Lamentablemente, un breve vistazo a sus últimas decisiones y sus declaraciones a medios especializados o en eventos sociales no permiten abrigar esta esperanza.
