Por Ian Buruma
NUEVA YORK – En los últimos años, la Vrije Universiteit de Ámsterdam ha llevado a cabo una investigación sobre los derechos humanos en China. Como parte de este trabajo, realizado por el Centro Intercultural de Derechos Humanos de la universidad, investigadores viajaron a la provincia de Xinjiang, conocida por el encarcelamiento masivo por parte de las autoridades chinas de más de un millón de uigures y miembros de otras minorías esencialmente musulmanas. El Centro publicó los resultados de sus investigaciones en un documento, con financiamiento de la Universidad del Suroeste de Ciencias Políticas y Derecho en Chongqing.
Fue un poco curioso, pero en absoluto sorprendente, enterarse de boca de uno de los investigadores holandeses, Peter Peverelli, de que no percibió nada inapropiado en Xinjiang. La región era “adorable”, dijo, “con gente encantadora, una naturaleza impresionante y una comida excelente. Y no hay trabajo forzoso, ni genocidio ni cualquier otra mentira que inventan los medios occidentales”.
La Vrije Universiteit tuvo que admitir que algo no estaba bien. Ahora dice que no aceptará ningún financiamiento chino para el centro y que devolverá el dinero que recibió el año pasado. El sitio web del Centro fue desactivado y lo único que quedó fue una declaración lacónica: “Los derechos humanos son preeminentemente el área donde la inclusión y la diversidad son importantes”.
Es una manera de decirlo. Los nazis tampoco eran muy proclives a la inclusión o la diversidad. Pero es una manera inusual de describir la persecución sistemática por parte del gobierno chino de una minoría étnica o religiosa.
Esto no quiere decir que personas como Peverelli, que niegan que estén ocurriendo estos abusos, sean necesariamente corruptas. Bien pueden pensar que cualquier cosa que diga el gobierno chino es verdad. ¿Por qué, entonces, deberían negarse a aceptar dinero chino para confirmar lo que ya creen sobre los derechos humanos en Xinjiang? Lo mismo podría aplicarse a algunos partidarios occidentales del presidente ruso, Vladimir Putin, que reciben dinero ruso y posteriormente expresan su disgusto con la OTAN.
La investigación puede ser costosa. Las universidades muchas veces están faltas de efectivo. Y muchos países, entre ellos China, están más que felices de ayudar a los investigadores a retratarlos con una buena imagen. La pregunta es si las universidades, o los medios de noticias, deberían aceptar o no dinero de gobiernos u otras instituciones que tienen un interés político en los retornos de su generosidad.
Por ejemplo, la revista literaria británica Encounter tuvo problemas en 1967 cuando revelaciones del patrocinio indirecto de la publicación por parte de la CIA derivaron en la renuncia de su editor, Stephen Spender. En los años 1980, cuando el creciente poder económico de Japón espantaba a muchos en Occidente, las universidades norteamericanas que aceptaban dinero corporativo japonés eran muy criticadas, inclusive cuando decían que no había ningún compromiso. Al mismo tiempo, algunos críticos del poder corporativo japonés eran patrocinados por instituciones europeas o norteamericanas.
Los subsidios oficiales o extraoficiales no necesariamente están mal. Pero cuando existe un problema, por lo general es por una de dos razones: embellecimiento de la reputación o tráfico de influencias político.
A mediados de los años 1990, la Universidad de Oxford se vio afectada por el “caso Flick”. Gert-Rudolf Flick, el nieto sumamente respetable de un prominente industrial alemán, ofreció patrocinar una Cátedra Flick en Pensamiento Europeo. Después de muchas vueltas, la universidad rechazó el dinero, porque la compañía Flick había lucrado con el trabajo esclavo en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, y el abuelo de Flick, Friedrich, había sido condenado por crímenes de guerra.
Uno bien puede preguntarse si instituir una Cátedra Rupert Murdoch de Lengua y Comunicación en Oxford fue una mejor idea. Murdoch no es un criminal de guerra, pero sí es una figura política y del mundo de los medios sumamente polémica. Luego está el caso de Ryoichi Sasakawa de Japón, cuya Fundación Sasakawa para la Paz otorga grandes sumas de dinero a muchas instituciones, entre ellas la Universidad de Yale. Sasakawa era un gángster y un fascista (y un sospechado criminal de guerra), pero ya no es un actor político porque murió en 1995.
Aun así, aceptar dinero de alguien que busca pulir su reputación dañada, aunque no esté bien, es menos peligroso para la integridad intelectual de las universidades o los medios que la propaganda política. Y allí es donde las cosas se complican.
Estados Unidos también utiliza su “poder blando” para defender sus propios intereses
Algunos gobiernos son más respetables que otros. La democracia francesa, alemana o inclusive norteamericana es preferible al autoritarismo de Putin o del presidente chino, Xi Jinping. Claramente, Estados Unidos también utiliza su “poder blando” para defender sus propios intereses. Pero una diferencia es que, al contrario de una dictadura, propaganda sigue siendo una mala palabra en una democracia liberal. Es un poco más fácil preservar un grado de independencia en el contexto del poder blando norteamericano (como sucedió con Encounter, que era una revista excelente).
Pero mantener, aunque más no sea algo de independencia, no siempre es fácil. Las universidades norteamericanas han recibido financiamiento no sólo de empresas japonesas, sino también del gobierno japonés, especialmente para estudios sobre Japón. Richard J. Samuels, un distinguido politólogo del MIT, dijo al respecto: “Una vez que uno tiene una donación, es un acuerdo y el papel del donante cesa con la entrega del regalo”.
No hay motivo para dudar de la palabra de Samuels. El gobierno japonés probablemente sea demasiado sofisticado como para ejercer una presión directa sobre el contenido de las becas y de los programas que auspicia, aunque algunos profesores me han dicho en privado que podría existir el temor de molestar innecesariamente a los donantes al respaldar una investigación doctoral sobre temas que podrían parecer provocadores.
China, en cambio, aborda las cosas de una manera muy diferente. Las críticas de Xi, especialmente pero no exclusivamente con respecto a los derechos humanos en Xinjiang o Tíbet, se castigan rápidamente. China aplicó sanciones económicas a Australia después de que el gobierno australiano reclamara una investigación independiente de los orígenes del COVID-19. De la misma manera, a Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, se le prohibió ingresar a Hong Kong porque su organización había criticado el historial de derechos humanos de China. En resumen, lo que realmente piense Peverelli, o cualquier otro, es irrelevante. Los subsidios de China no vienen sin un quid pro quo.
Esto puede ser válido para muchos tipos de apoyo financiero. Lo que importa es si existe algún compromiso o no. Las universidades necesitan efectivo. Las organizaciones de medios tienen exigencias comerciales. Los gobiernos tienen prioridades políticas. Los donantes privados, sean ex criminales o no, tienen intereses personales.
Pero la independencia académica no se puede garantizar si las donaciones financieras vienen de la mano de expectativas de acuerdo intelectual y conformidad política. La Vrije Universiteit de Ámsterdam se ha dado cuenta de esto ahora. Más vale tarde que nunca.
Ian Buruma es el autor, más recientemente, de The Churchill Complex: The Curse of Being Special, From Winston and FDR to Trump and Brexit (Penguin, 2020).
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