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martes, 19 de octubre del 2021

El largo camino de El Mozote a la justicia

Han pasado 36 años desde la peor ejecución en masa en la historia moderna de Latinoamérica. La justicia salvadoreña todaví­a no ha determinado quiénes fueron los responsables

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El general Juan Rafael Bustillo fue acusado este jueves de ser el autor intelectual de la masacre de El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981.

Según la parte acusadora, Bustillo habrí­a sido el responsable de ordenar hace más de tres décadas la muerte de mil personas en un operativo denominado “Tierra Arrasada”, misma que Estados Unidos aplicó durante la guerra de Vietnam, que tení­a por objetivo eliminar a toda la comunidad por supuestamente colaborar con la guerrilla durante el conflicto armado.

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La aprobación de la Ley de Amnistí­a en 1993 cerró la posibilidad de que dicho crimen fuera esclarecido. Sin embargo, en julio de 2016 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró que su implementación contradecí­a lo establecido por la Constitución salvadoreña y derogó su implementación.

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Esto abrió la puerta para que los procesos judiciales de casos como el de dicha masacre y otros, como el magnicidio del mártir y beato Oscar Arnulfo Romero, fueran reabiertos.

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La masacre de El Mozote es un caso ilustrativo contemplado en el informe de la Comisión de la Verdad, que auspició la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1993. De acuerdo a expertos internacionales, es una de las mayores matanzas en masa ejecutada hasta el momento en Latinoamérica.

Las organizaciones que respaldan a las ví­ctimas sostienen que una masacre de tal envergadura en la que murieron cerca de mil personas, en su mayorí­a niños, no pudo ser ejecutada sin el conocimiento de altos mandos militares de la época. Además lamentan que personas vinculadas a sectores polí­ticos y militares, aún niegan los hechos a pesar de las innumerables pruebas recopiladas a lo largo de 36 años.

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Son 20 militares los acusados de haber cometido los delitos de: asesinato, robo agravado, violación agravada, actos terroristas, privación de libertad y actos preparatorios de terroristas, todos, ejecutados presuntamente por miembros del batallón Atlacatl entre el 10 y 14 de diciembre de 1981.

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