Por Fredis Pereira.
El funcionario siniestro es la negación de la razón de ser del servidor público. Su naturaleza perversa se muestra en la preferencia por las ilegalidades y el desprecio de la dignidad humana. Su accionar favorable, se limita a repartir beneficios sin mérito a familiares, partidarios y allegados, mientras violenta los derechos de las grandes mayorías.
El funcionario siniestro con gran ingenio aprovecha el secreto para aparentar ser un persona honesta y benevolente. Así que, no carece de habilidades para el servicio público, pero decididamente prefiere tomar la ruta torcida, aprovechando que nadie se entera de sus maniobras ilegales; por tal motivo, es acérrimo enemigo de la transparencia, la rendición de cuentas y del acceso a la información pública, y para librar esta batalla, destina importantes recursos a la propaganda, que le hace lucir como el paladín de la probidad, como se ha verificado en el caso del expresidente Tony Saca.
El funcionario siniestro es habilidoso para presentarse como víctima. Si no fuera que, gracias a las tecnologías de información y comunicación, los ciudadanos le descubren, sería capaz de convencer al público que ha sido víctima de una gran agresión, difamaciones, calumnias y de falsas noticias. Esto puede ser más fácil, cuando se trata de una funcionaria, que se aprovecha de su condición de mujer para perjudicar a los ciudadanos, así como vimos en el caso de la recién destituida directora médica del Sistema Nacional de Emergencia, Regina Hernández Soto, a quién una grabación publicada en las redes sociales, le mostró agrediendo y tramando denuncias falsas en contra de un ciudadano, y que, si no se le descubre, posiblemente el ciudadano ahora estaría preso por violencia de género.
El funcionario siniestro es procurador de la corrupción y la impunidad. Así es capaz de emitir leyes y reformas que favorezcan la corrupción y la impunidad, que impide descubrir a los actores materiales e intelectuales de los desfalcos, y negar el acceso a la pronta y cumplida justicia para las víctimas. Las garantías constitucionales del debido proceso se niegan bajo el control de los funcionarios siniestros, al grado de que los inocentes pueden acabar en la cárcel, mientras los criminales pueden ser liberados sin ningún registro y procedimiento legal.
El funcionario siniestro aprovecha la desgracia de otros para favorecerse. El enriquecimiento ilícito es una de sus prácticas más habituales, pero también se sirve de diversas alianzas hasta con los delincuentes más notorios, para conseguir objetivos electorales y políticos. En este accionar establece vínculos directos e indirectos y así amplía su influencia en zonas, donde de otro modo ni siquiera podría aparecer en figura. Así también fortalece el poder de los delincuentes que hacen daño hasta a sus votantes.
El funcionario siniestro es enemigo de la alternancia en el gobierno. Su afán por mantener el poder le mueve a realizar cualquier maniobra turbia, para limitar la participación ciudadana, debilitar las campañas electorales de sus oponentes y disuadir la organización opositora. Así aprovecha las instituciones del Estado para favorecer su permanencia en el gobierno, llegando al grado de realizar fraudes electorales en negociaciones ilícitas con organizaciones delincuenciales, y en componenda con notables enemigos del pueblo. Todo esto lo hace, porque el funcionario siniestro conoce toda corrupción que se guarda bajo secreto, y que, al ser descubierto, tendrá que huir dejando atrás todo lo que ha robado o acabar en la cárcel donde nada bueno le espera.
