Ya son más de las diez de la noche del miércoles 13 de julio del 2016. Vengo de un conversatorio sobre grupos armados ilegales en El Salvador, el cual giró alrededor de un texto que escribí recientemente acerca de ese fenómeno criminal descalificador y deslegitimador de cualquier Estado que –como este de acá– pretende presumir ser de Derecho. Es, más bien, de “derecha”. El evento, con una nutrida y atenta asistencia, finalizó antes de las veinte horas. Comencé a redactar estas líneas tan tarde, después de atender múltiples llamadas de diferentes medios que querían conocer mis primeras reacciones sobre la noticia que acaparaba la atención casi general. Era de esperarse. La Sala de lo Constitucional acababa de anunciar su sentencia sobre dos demandas que presentamos el 20 de marzo del 2013, día exacto en que se cumplían veinte años de aprobada la infame amnistía.
Lo primero que le expresaba a todos, antes de comenzar a grabar, era en realidad una súplica: por favor no me pregunten sobre el fondo de lo resuelto, porque no lo conozco. Disculpen, les rogaba. Solamente podía hablarles, en ese instante, de mis sentimientos. Mi persona no daba para más. Esa era la única posibilidad que tenía, pues tenía el corazón en la mano y la mirada puesta en las víctimas que son –sin regateo alguno– las grandes e insustituibles protagonistas de la historia más dolorosa de El Salvador y de la lucha por transformarlo en un país presentable, amable y agradable.
Sus verdugos se perdonaron entre sí a conveniencia. Sabían que más tarde o más temprano se alternarían las riendas gubernamentales; mientras, tras bambalinas, eran manejados cual simples marionetas de los poderes ominosa y supuestamente ocultos. Eso comenzó a gestarse desde que se sentaron a negociar y pactar su paz. Como varias veces he dicho, escrito y discutido, no solo fueron seis los acuerdos entre los señores de la guerra para garantizarse su tranquilidad; esos fueron los escritos y firmados en Ginebra, Caracas, San José, México, Nueva York y Chapultepec.
Hubo uno más que no quedó escrito; mucho menos fue firmado. Se trata del arreglo que a la gente más sufrida le torció el rumbo hacia el ofrecido y anunciado, ansiando y hasta ahora nunca alcanzado “paraíso terrenal”. Más adelante, para asegurarse, redactaron lo que en un burdo y ofensivo eufemismo denominaron “Ley general de amnistía para la consolidación de la paz”. Pero ya la desmoronaron quienes debían hacerlo: las víctimas luchadoras, nunca derrotadas, y sus desbordantes ganas de lograr para esta sociedad y su historia la verdad, la justicia y la reparación integral. Lo hicieron y lo seguirán haciendo con toda su dignidad, la cual trasciende cualquier inmoralidad oficial o electorera.
Los ojos del país y el mundo están puestos únicamente en la declaración de inconstitucionalidad de ese adefesio normativo que mantuvieron en vigencia durante veintitrés años, sin importar las críticas y condenas de dentro y fuera del territorio nacional. Aún sin leer íntegramente el texto emitido por la Sala, se sabe que lo resuelto tiene efectos generales y es de aplicación inmediata; por ello, nadie podrá invocar la amnistía tumbada como lo hicieron hasta ahora: como el impedimento para juzgar casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales, ocurridos antes y durante el conflicto armado.
Pero la decisión comunicada ayer va más allá jurídicamente, para asegurar el cabal cumplimiento de lo anterior. Estipula que los crímenes contra la humanidad no prescriben con el transcurso del tiempo; así se abre la puerta para que efectivamente se imparta justicia y el país avance hasta llegar a ser normal y decente. Dicho con otras palabras: un país cuyas instituciones funcionan sin importar quién es la víctima y quién el victimario. Esto es lo único que no se ha intentado en El Salvador de la posguerra: combatir y derrotar la impunidad propiciadora de inseguridad y violencia, de corrupción y desigualdad. Ahora, pues, también se ha abierto la esclusa para comenzar a navegar a buen puerto: al de una paz cierta y sólida, por estar fundada en la verdad y la justicia.
Aquel 20 de marzo del 2013, con el calor de muchas víctimas, presentamos esas dos demandas de inconstitucionalidad: una contra la ignominiosa amnistía y otra contra la prescripción de los delitos de lesa humanidad. La inconstitucionalidad de la primera sin obtener la de la segunda, no hubiera pasado de ser algo simbólico pues se habría dejado viva la posibilidad de que los perpetradores –de uno u otro bando– alegaran que se había agotado el plazo para su persecución penal. Pero gracias a la asesoría de Paula Cuéllar, candidata al Doctorado en historia y derechos humanos, decidimos atacar dicha traba; el primer borrador de esta segunda demanda lo elaboró ella. Gracias, pues, querida Paula. Y gracias también al entrañable Pedro Martínez, quien con su conocimiento jurídico e indudable compromiso elaboró la primera: la que cercaba a la amnistía, cuya derrota es ahora un hecho.
Pero el sitial de honor, el agradecimiento más alto y el mayor reconocimiento es para las víctimas que desde su condición nunca flaquearon. Siempre estuvieron en pie de lucha, demandando lo que merecen: verdad real, justicia plena y reparación integral. Su linda y legítima terquedad, apartó ya del camino aquella piedra de tropiezo; esa que Francisco Flores, cuando era presidente, llamó la “piedra angular de los acuerdos de paz”. Ya no hay, pues, amnistía que valga. Pero siguen ahí los cobardes que se cubrieron con ese trapo sucio. Por ello, habrá que aspirar y esperar que esta “buena nueva” sirva para fortalecer la organización de sus víctimas y agigantar los esfuerzos de estas. Son mis mejores deseos.
