Estados Unidos anunció la prohibición de ingreso al país de 13 exmilitares salvadoreños, quienes están señalados participar en la ejecución extrajudicial de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) el 16 de noviembre de 1989.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dispuso que, por “violaciones graves de los derechos humanos”, se denegará la visa a estos exmilitares, cuyos rangos van de general a soldado, así como a sus familiares directos.
La medida alcanza a Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano Morales, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Yusshy René Mendoza Vallecillos, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Camilo Hernández Barahona, Oscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Avalos Vargas, Angel Pérez Vásquez, y José Alberto Sierra Ascencio.
La mayoría de estos exmilitares están siendo procesados en ausencia por la Audiencia Nacional de España (ANE) por la llamada “Masacre de la UCA”, el 16 de noviembre de 1989, cuando fueron asesinados seis sacerdotes jesuitas, entre ellos el rector de la UCA, el filósofo Ignacio Ellacuría. También fueron asesinadas una empleada de los sacerdotes, así como la hija de ella, menor de edad.
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El excoronel Orlando Montano es el único que está preso en Madrid esperando sentencia después que fue extraditado de EE.UU. La Fiscalía pide que se le imponga una pena de 150 años de cárcel y se le prive, además, de todos los honores militares.
Aquel día de noviembre de 1989, en el marco de una ofensiva de la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), efectivos del ahora proscrito Batallón Atlacatl atacaron a los seis sacerdotes y a dos asistentes que se encontraban en un centro pastoral en las instalaciones de la UCA.
Las víctimas fueron el hispanosalvadoreño Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el cura salvadoreño Joaquín López, y sus colaboradoras Elba Ramos y su hija Celina, menor de edad.
“Estados Unidos condena todos los abusos contra los derechos humanos que tuvieron lugar en ambos lados de la brutal guerra civil en El Salvador, incluidos los cometidos por partidos gubernamentales y no gubernamentales”, dijo Pompeo en un comunicado.
El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que aunque el gobierno de Donald Trump valora la relación actual con las Fuerzas Armadas salvadoreñas, seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para abordar los abusos de los derechos humanos y alentar la rendición de cuentas, “sin importar cuándo ocurrieron o quién los perpetró”.
Al cumplirse 30 años de la masacre, centenares de salvadoreños denunciaron la impunidad que persiste sobre el caso, en el marco de conmemoraciones en la UCA.
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Video en homenaje a los masacrados el 16 de noviembre de 1989
En El Salvador solo fueron juzgados los militares acusados de ser los autores materiales del crimen. En enero de 2016, un tribunal español pidió a Interpol detener a otros 17 oficiales retirados, pero en agosto de 2017 la Corte Suprema salvadoreña dejó sin efecto la demanda.
En abril de 2018 un juzgado de San Salvador ordenó la reapertura de un proceso penal para investigar a los autores intelectuales de la masacre. Los jesuitas acusan de ordenar la matanza a los generales en retiro Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Orlando Zepeda, al difunto René Emilio Ponce y al coronel Inocente Orlando Montano.
Este último fue extraditado por Estados Unidos a España, donde permanece encarcelado por esta causa. La guerra civil en El Salvador concluyó con un acuerdo de paz mediado por la ONU entre el gobierno y el FMLN, tras 12 años de un conflicto que dejó más de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos y un millón de refugiados.
Reacciones de la sociedad civil
Benjamín Cuellar, defensor de los DDHH, y actualmente integrante de la agrupación Víctimas Demandantes (VIDAS), manifestó por medio de un whatsapp que: “Más claro ni el agua -pero no la de ANDA-; es una oportuna advertencia para quienes quieren mantener la impunidad, defecando otra amnistía que -aunque le echen perfume del más caro- seguirá siendo inmunda”.
Cuellar se refiere el proceso que se gesta en el órgano legislativo para aprobar una Ley de Reconciliación Nacional, que sustituya a la derogada ley de amnistía de 1993, pero que intenta ser otra ley que otorgue impunidad a los criminales de guerra y de lesa humanidad del pasado conflicto armado.
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Entrevista a Benjamín Cuellar, de VIDAS
Por su parte, el abogado Alfredo Bonilla, experto en derechos humanos opinó a ContraPunto que "es un claro mensaje por parte del gobierno estadounidense respecto de la justicia de graves crímenes cometidos durante el conflicto armado en El Salvador”.
“Y la postura es: no vamos a tolerar la impunidad. En un contexto de discusión de una Ley de Reconciliación, el mensaje de esta decisión administrativa estadounidense frente a estos militares, es que se debe hacer justicia respecto de los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos y que quién ha sido responsable debe tener un castigo que coadyuve a la reconciliación verdadera”, apuntó Bonilla, quien ha trabajado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En tanto, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), afirmó a través de su presidente, “que Estados Unidos designe a líderes militares como responsables directos de la masacre es un hecho histórico para la justicia en El Salvador”, dijo Geoff Thale, quien añadió que “esta designación puede fortalecer esfuerzos para promover la verdad y reconciliación en un país que aún sufre las repercusiones del pasado”.
“La totalidad de la participación del liderazgo militar salvadoreño en graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra, incluyendo su participación en la masacre de los jesuitas, tiene que ser investigado a fondo”, concluyó Thale. “La capacidad del sistema judicial salvadoreño para investigar estos casos es un reto verdadero que mostrará lo tanto que se ha avanzado en temas de estado de derecho en el país”.
