El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos continúa emitiendo sanciones contra altos funcionarios salvadoreños, ahora tal es el caso de la jefa de gabinete de la presidencia, Carolina Recinos, quien es acusada de haber dirigido “un esquema de corrupción multimillonario en múltiples ministerios”.
Esto surge luego que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, respondiera ayer a las sanciones interpuestas por la institución al director general de Centros Penales, Osiris Luna y al director de Reconstrucción de Tejido Social, Carlos Marroquín, al ser señalados de negociar con pandilleros y revender los alimentos entregados por el gobierno durante la pandemia.
En esa oportunidad, el mandatario salvadoreño apuntó sus cañones contra la exencargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Jean Manes,por supuestamente pedirle algunos favores que presuntamente rayaban en la ilegalidad.
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Luego Bukele intentó dejar entrever, que la relaciones se estaban normalizando, luego de publicar una serie de fotografías, donde se le mira reunido con el encargado de Negocios de Estados Unidos, Brendan O´brien.
Sin embargo, el panorama pinta de otro color ya que diplomacia norteamericana ha reafirmado la prohibición que desde meses atrás pesaba contra Recinos al no poder entrar a esa nación, por figurar en una lista de funcionarios corruptos publicada por el gobierno estadounidense.
La funcionaria fue incluida en la lista Engel publicada por el gobierno de Estados Unidos en julio por corrupción significativa al abusar de fondos públicos para beneficio personal y participar de un esquema de lavado de dinero.
Un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos revela que Martha Carolina Recinos De Bernal era la jefa de un esquema de corrupción multimillonario de múltiples ministerios que involucraba adquisiciones sospechosas en la construcción de un hospital, además de ordenar a varios ministros del gobierno que autorizaran varias compras sospechosas relacionadas con la pandemia, incluyendo millones de dólares en mascarillas quirúrgicas y millones más en batas de hospital de empresas sin vínculos aparentes con la industria de la salud o la fabricación.
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Recinos también dirigió un esquema de corrupción en el que las canastas de alimentos compradas por el gobierno destinadas al alivio de COVID-19 se desviaron para el uso de candidatos específicos de Nuevas Ideas para obtener apoyo en las elecciones municipales y legislativas de febrero de 2021.
En lugar de entregar los artículos como un servicio del gobierno, las canastas de alimentos se utilizaron para obtener votos y apoyo en el período previo a las elecciones, señala el informe.
Las sanciones invocan la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de los Derechos Humanos, aprobada en EEUU en 2012 y que persigue unilateralmente a ciudadanos extranjeros acusados de supuestos actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos y fue dirigida inicialmente contra el Gobierno de Rusia, después de la muerte del ciudadano Serguéi Magnitski, ocurrida en 2009.
Todo esto sucede en un momento en que el país, además de problemas de corrupción, atraviesa un crecimiento de la violencia.
La Fiscalía General de El Salvador reportó entre el 1 de enero y el 30 de noviembre 488 casos calificados como “desaparición de personas”, informó este lunes el fiscal general, Rodolfo Delgado.
Delgado señaló, sin brindar más detalles, que dicha cifra deja “un promedio de 1 persona desaparecida por día”. Además, indicó que en el mismo lapso se registraron 627 casos calificados como “privación de libertad”.
En las redes sociales se comparten diversas denuncias de personas desaparecidas, principalmente jóvenes, y diversos internautas han mostrado su preocupación por el fenómeno.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió recientemente a El Salvador a adoptar medidas “preventivas” ante las desapariciones forzadas, un delito que, según organizaciones de derechos humanos de ese país, ha sufrido un “considerable aumento”.
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El Salvador es asediado por la pandillas Mara Salvatrucha, Barrio 18 y otras minoritarias. Además, el país integra junto a Guatemala y Honduras el llamado Triángulo Norte centroamericano, considerada una de las zonas más violentas del mundo debido tanto al aumento del narcotráfico y la presencia de aliados de los carteles mexicanos, como a la debilidad de las instituciones estatales, según Naciones Unidas.
El Salvador se convirtió en 2015 en el país más violento del mundo con una tasa de homicidios de 103 por cada 100.000 habitantes y, tras esta escalada, las cifras comenzaron a bajar en 2016, pero las caídas más marcadas de estos delitos se dieron desde 2019, año en el que Nayib Bukele llegó al poder.
