Con mayoría calificada, más de setenta legisladores de la Nueva Asamblea Legislativa aprobaron un total de 23 reforma de leyes orgánicas que establecen los roles de participación para las instituciones autónomas en las Juntas Directivas ministeriales; y, entre otras cosas, determinaron en vedar la participación de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). En las próximas horas al cierre de la sesión plenaria número 6, la asociación de gremiales desconoció la decisión, advirtiendo posibles daños a la “transparencia” y a la institucionalidad.
“Se está concretando el interés de evadir todo tipo de contraloría ciudadana y la rendición de cuentas que otros gobiernos intentaron en el pasado; como en el 2012, cuando por iniciativa del entonces presidente y ahora prófugo de la justicia, Mauricio Funes, se separó temporalmente de sus cargos a representantes del sector privado honestos e independientes, para permitir que el Organo Ejecutivo, desviara 350 millones de dólares del Banco Hipotecario y despilfarraran otros millones de dólares”, sostuvo la ANEP.
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Sin embargo, la respuesta de los parlamentarios, establecida desde el ejecutivo, fue consensuada para oponerse a las gremiales que consolidan a la asociación de gremiales.
Para el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, la decisión favorecería a la micro y pequeñas empresas (mypimes), formales e informales, ya que “ya no va a tener el mando que ha tenido como siempre, como queriendo manipular todo y queriendo imponer sus reglas en un lugar donde no se tienen que imponer(…). Ellos ya no van a poder seguir bloqueando lo que han estado bloqueando durante años. Eso se les va a acabar”.
La ANEP es una asociación constituida por 55 gremiales representantes de empresas privadas. La institución data sus operaciones desde el año 1966 en el país, a la cabeza de la familia Simán, misma que desconoció ayer a su actual representante, Javier Simán.
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Las reformas
Las propuestas de ley fueron emitidas desde la presidencia, fueron presentadas desde sus respectivas comisiones legislativas, principalmente desde la comisión de Economía, Hacienda y Especial del Presupuesto, Justicia y Derechos Humanos; Legislación y Puntos Constitucionales y Obras Públicas Transporte y Vivienda.
Según lo definió el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, desde sus redes oficiales, el objetivo de las iniciativas buscaba el propósito de “remover a la ANEP de las directivas de las autónomas y así poder ponerlas a trabajar verdaderamente al servicio de la gente”.
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Las veintitrés reformas pactadas responden a cambios en la composición de juntas directivas de, justamente, veintitrés instituciones autónomas; entre ellas, la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL); así como el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) y el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL).
“Les abrimos los brazos a todos los empresarios salvadoreños. Estamos dando el quinto paso”,expresó el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Ánliker.
Según lo detallan las reformas planteadas, las instancias ministeriales del ejecutivo tendrán la facultad de elegir a las instituciones sociales que se postulen para representar al sector privado, sin la necesidad de que estas formen parte de alguna gremial.
“Ahora, ese será solo 1 de 23 cambios, todos el mismo día, incluyendo otras autónomas de similar importancia como ANDA o la SIGET”, indicó el presidente, al referirse a la expulsión de la ANEP.
La ANEP y los Legisladores
Las decisiones consensuadas por un promedio mayor a los setenta legisladores también fue disputada por los parlamentarios de los partidos políticos de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y por el partido Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional (FMLN).
“Aquí lo que hay es un retroceso, lo que se está liquidando es la contraloría ciudadana. Hoy el Gobierno quiere el control total, eso vino a decir aquí el Presidente, esa es la línea que se quiere seguir”, expresó el diputado por el partido ARENA, Rodrígo Ávila.
La oposición a las nuevas reformas también fueron compartidas por la asociación de gremiales, ANEP. Según lo dedicó en su última misiva, las reformas vulneran la “transparencia”; y podrían generar “conflictos de intereses”, propiciando el “nepotísmo”
“Reformando las leyes han sustituido, burdamente, la voz y representación del sector privado independiente, crítico y vigilante, por voces complacientes, sumisas y clientelares”, criticó la ANEP.
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Según lo detalló el presidente, las reformas también responden al denominado “quinto paso” para el combate de los“poderes tácticos”, organizaciones de incidencia política, que, según él, controlan el “aparato ideológico de los mimos de siempre”, es decir, de la oposición.
“Ahora, los VERDADEROS EMPRESARIOS estarán representados en las autónomas y velarán por los verdaderos intereses de la EMPRESA PRIVADA en su conjunto”, dijo el presidente, negando la participación de ANEP en la creación de políticas públicas. A continuación, anunció que las reformas serían consecuentes en la eliminación de las prácticas de “corporativismo”, en la influencia de “grupos de poder” y en el “tráfico de influencias legalizado”.
Sin embargo, para la asociación de gremiales, las acciones manifiestas y llevadas a cabo “no son más que el último paso de la búsqueda de concentración de poder y el cierre de los espacios de participación ciudadana auténtico”. Además anunció estar dispuesta a “salvaguardar lo conquistado por la sociedad civil”, así como “proteger los empleos” y “generar más oportunidades para el país”.
Al cierre de esta nota, la asociación de gremiales, sin embargo, se limitó a defender el honor y los logros de la institución, sin manifestar intenciones de denuncia contra las acciones parlamentarias. Asimismo, los representantes del gobierno tampoco han sancionado a la ANEP por las presuntas acusaciones que se disputaron en la sesión plenaria número 6.
