Un informe presentado este miércoles por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), y que contó con el apoyo técnico y la Unidad Regional del Desplazamiento Forzado de la fundación Cristosal, revela que durante el período de abril de 2016 a mayo de 2017 se registraron 138 denuncias por amenazas o acoso de familias expuestas al desplazamiento forzado.
La mayor parte de las víctimas culpó a las pandillas de tal hostigamiento (83% de los casos), pero también existen denuncias en contra de la Policía Nacional Civil (PNC) (4% de las denuncias).
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Unas 458 personas entre menores y mayores de edad estarían en peligro, de las cuales 175 habrían abandonado sus hogares por sus propios medios.
A pesar del alto número de casos, la Fiscalía General de la República (FGR) únicamente reportó 37 denuncias.
Los datos de la PDDH señalan que el motivo por el que las personas prefieren no denunciar es por el temor a represalias y por desconfianza en las instituciones de seguridad.
En reiteradas ocasiones, autoridades de Cristosal han denunciado el poco interés gubernamental en el reconocimiento y apoyo a las familias víctimas de desplazamiento forzado.
De acuerdo con Celia Medrano, parte de dicha organización, se requiere una legislación que reconozca el fenómeno, y trabajar bajo la responsabilidad del Estado salvadoreño de asumir la asistencia y protección a las víctimas, además de la generación de condiciones para que estas puedan estar permanentemente en una situación de seguridad que les permita rehacer sus vidas.
“Porque la magnitud de este fenómeno puede ser muy grande, sabemos que no hay capacidad de responder a este fenómeno si no se actúa de manera integral, conjunta y con enfoque basado en derechos; es decir que Estado asuma la responsabilidad de atender y proteger a las víctimas de violencia en condición de desplazamiento interno”, expresó.
